La Justicia absolvió a los empresarios juzgados por Trata laboral en Chajarí
Una década después de los allanamientos a establecimientos rurales del sur de la provincia de Corrientes, se llevó adelante el juicio a los empresarios acusados de trabajo esclavo en Paso de los libres, entre ellos varios entrerrianos dueños de una conocida forestal con sede en Chajarí. La Fiscalía los acusó del delito de Trata de personas con fines de explotación laboral, pero el Tribunal Oral Federal de Corrientes consideró que no había pruebas suficientes y los absolvió a todos. No obstante, los jueces instaron a investigar otros posibles delitos.
En total fueron ocho personas acusadas de trata de personas
con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos
dedicados al cultivo de eucaliptos pertenecientes a la empresa denominada “El
Batelito S.A.”, donde 40 trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían
sido sometidos a vivir en condiciones infrahumanas.
Según el dictamen del fiscal Aníbal Fabián Martínez, cuando
pidió la remisión de la causa a juicio, los cuatro principales imputados fueron
Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José
Percara, y están acusados de ser coautores de los mencionados delitos por ser
los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa
Tierra Colorada Ltda. y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El
Batelito S.A.”
Las otras cuatro personas fueron imputadas como partícipes
necesarias del delito: Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del
Luján Nabone, personal administrativo de la mencionada cooperativa, y de José
Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador
registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(RENATRE) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.
Los Percara son oriundos de Chajarí y allegados al
exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel
Etchevehere. Uno de ellos, Gustavo, estuvo en la primera línea del grupo de
productores que defendió los intereses de la familia aristocrática entrerriana
en la disputa por la Estancia Casa Grande, en Santa Elena, cuando estuvo
ocupada por Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas.
La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la
Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional
Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores
no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso
de los Libres. Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos. Como
resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando
sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en
similares condiciones.
En la investigación se había determinado que gran parte de
las víctimas eran captadas en el norte de la provincia de Misiones para luego
trasladarlas hasta los campos en remis o en taxi. Una vez allí, los
trabajadores esclavos habrían sido alojados en un colectivo viejo y un trailer
adaptado con camas cuchetas para dormir.
Durante el día, las víctimas debían realizar tareas
vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptus en jornadas de hasta 10 horas y en
condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni
elementos para poder conservar los alimentos. Tampoco tenían baños, no contaban
con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos.
Tampoco poseían sillas ni mesas al momento de realizar su descanso; lo hacían
apostados en la tierra, donde hacían un fogón para cocinar. Y no se encontraban
registradas.
Uno de los agentes que participó en el allanamiento a los
establecimientos sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie
llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas
a la intemperie. Los trabajadores detallaron además que no contaban con un
botiquín de primeros auxilios ni con la ropa adecuada para el tipo de tareas
que realizaban.
Aseguraron asimismo que no firmaron un contrato con la
empresa “El Batelito S.A.” para la que prestaban sus servicios, sino que
algunos de ellos firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa
llamada “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada”. También indicaron que los
imputados tenían un almacén a través del cual los trabajadores se proveían los
alimentos. Sin embargo, luego eran descontados del dinero que percibían.
Según informó el sitio Prensa Online, al finalizar el debate, los jueces Victor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni resolvieron absolver de culpa y cargo a Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara y Fabián Eduardo Knebel, Mónica del Luján Nabone y Nilda Laura Maack. Pese a las absoluciones, se indicó, los magistrados solicitaron al Ministerio Público Fiscal que investiguen otros posibles delitos.
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