Lacoste propone crear un Fondo vial especial para zonas rurales

El diputado nacional, Jorge Lacoste (UCR), presentó un proyecto de ley por el que promueve crear un Fondo vial especial para zonas rurales, que se financie con parte de los mayores ingresos por los derechos de exportación (retenciones) que tendrá el Tesoro nacional por el incremento del valor de los cereales en el mercado internacional.

Según el legislador radical hoy el valor de la soja esta alrededor de un 80% por encima de lo que estaba al momento de presentar el proyecto de presupuesto 2021, por lo que las estimaciones de ingresos que hizo el Ministerio de Economía de la Nación quedaron muy por debajo de lo previsto.

El proyecto, según lo expuesto a 7Paginas, propone la afectación parcial de los recursos extraordinarios, no previstos, obtenidos por derechos de exportación de materias primas y productos elaborados de origen agropecuario en circunstancias especiales, creando un fondo específico por 10 años, para mejorar la transitabilidad de los caminos en zonas rurales.

Lacoste sostiene que para evitar que estos ingresos extraordinarios, de carácter variable, se constituyan en el origen de futuros déficit, no se podrán utilizar para cubrir gastos corrientes y solo se lo podrá hacer para la compra de materiales o la contratación de obras para la reconstrucción o el mantenimiento de caminos rurales a través de las provincias, de acuerdo al nivel de producción que éstas registren.

El legislador entiende que un racional aprovechamiento del fondo, por parte de las provincias, aplicado al afirmado de caminos; a la realización de obras de alcantarillado y puentes; y otras obras menores van a favorecer a toda la comunidad que habita en zonas rurales, generará un círculo virtuoso que permitirá no solo desarrollar y ampliar las actividades productivas, sino también facilitar el acceso a la salud y la educación.

Con espíritu participativo y para optimizar los beneficios del fondo, Lacoste propone que las provincias que adhieran, por ley, constituyan una “unidad de ejecución” donde se integre a las instituciones que representan a los productores agropecuarios y una comisión de seguimiento, en el ámbito legislativo, que comprenda la participación de representantes de las minorías políticas.