Reforma feminista: “Parir una nueva justicia”, por María Eugenia Sarli


El pasado año, con la sanción de la ley  27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), concluyó una etapa en la lucha del movimiento feminista argentino. La marea verde sabe que la lucha no concluye allí, pero que ahora sí cuenta con una importante herramienta para continuar batallando la tarea diaria de un mundo más igualitario, donde las personas con capacidad de gestar puedan decidir sobre sus cuerpos.

 

En nuestra provincia, se suma a esto la sanción de la ley 10.844, de Paridad Integral, que le da cuerpo al artículo 17 de la constitución entrerriana y salda una deuda histórica con las mujeres de este pago. La incorporación de Vanesa Castillo como diputada provincial, ocupando el lugar que dejó vacante Diego Lara al ser designado presidente del Tribunal de Cuentas, fue uno de los primeros impactos directos de la aplicación de esta norma. Sin ella, hubiese asumido quien seguía en la lista, Rubén Boxler.

 

Además del cúmulo político de las marchas que mujeres y diversidades fueron haciendo crecer año a año en Argentina, a lo cual Entre Ríos no es ajena, mucho tuvo que ver la llegada de militantes feministas a las bancas de las legislaturas para alcanzar estos objetivos. Tampoco es un tema menor, que el movimiento feminista contó con el apoyo del presidente Alberto Fernández para impulsar el proyecto de la IVE, así como de la vicepresidenta Cristina Fernández. Es igualmente justo decir que, en nuestra provincia, la ley de Paridad contó con la voluntad política del gobernador Gustavo Bordet y, fundamentalmente, de la vicegobernadora Laura Stratta.

 

Dicho esto, era casi lógico pensar que la marcha del feminismo no se detendría, sino que iría por la conquista de más derechos y la generación de otras transformaciones en nuestra sociedad. El 8M fue así el momento donde esos nuevos objetivos se hicieron más visibles, siendo una de las principales demandas la llamada “reforma judicial feminista”. En Paraná, la cabecera de la marcha no fue ajena a este reclamo, incorporando la consigna "Justicia es que no vuelva a pasar, la deuda es con nosotras". Abonaba esta misma idea un gran cartel que decía claramente “hartas”.

 

Ese hartazgo ya se había expresado el 8 de marzo de 2020, cuando el palacio de justicia en Paraná se vio rodeado, literalmente, por organizaciones de mujeres y diversidades que reclamábamos explicaciones frente al femicidio de Fátima Acevedo. La vigilia en las puertas de tribunales comenzó al conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, y duró toda la noche, hasta el 9 de marzo por la mañana. Las militantes se retiraron para volver por la tarde, a encauzar la multitudinaria marcha que sumó en esa oportunidad a miles de personas que tal vez nunca habían participado de esas movilizaciones, principalmente madres con sus hijes adolescentes y grupos de jóvenes.

 

A pesar de ese hecho histórico, nadie en la justicia dio explicaciones. A casi un año de esos eventos, se juzgó al femicida mediante la modalidad de juicio por jurados. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre las inacciones o las acciones equívocas que condujeron al fatal desenlace. Muy pocos años separan este hecho del intento de enjuiciar al juez Carlos Rossi por haber liberado al femicida de Micaela García que, como bien señala Agustina Diaz, contó con “cierta protección corporativa” para ser absuelto.

 

Nadie renunció ni fue removido de sus funciones, no se modificaron prácticas o protocolos y, recién al inicio de este año se comenzó un debate para repensar normativas que faciliten la protección de mujeres, travestis y transexuales en situación de violencia en nuestra provincia. Según datos del Observatorio Lucía Pérez, Viviana Barreto en Villaguay, Romina Roda en La Paz, Julieta Riera en Paraná, Gisela Grispi en Colón, y Juana Lescano en Mojones Norte (Villaguay) engrosan el anuario 2020 de femicidios. Se suma a ello el travesticidio de Gaby Cuello en Paraná y, ya en 2021, los femicidios de Noelia Almada en Victoria y Miriam Sombo en Gualeguay. Esta es la realidad.

 

Las aristas

Ahora bien, ¿Qué significa una reforma judicial feminista? Muchos otros interrogantes y temas surgen de esta pregunta pero, centralmente, desembocan en una certeza: la justicia no funciona adecuadamente y, en el caso de mujeres, lesbianas, travestis, trans, queers, no binaries; muchas veces no llega o ni siquiera nos tiene en cuenta como sujetes de derecho. Otra de las certezas es que el momento es ahora. El movimiento feminista sabe muy bien que no hay momentos inapropiados cuanto nos están matando, cuando lo que se desangra son nuestras vidas. Y vivas y libres nos queremos.

 

Los debates sobre si es necesaria una reforma o la creación de un nuevo sistema para administrar justicia es una de las puntas, ya que algunos argumentos manifiestan que poco se puede hacer con un sistema creado por y para los varones. Abona esta idea el hecho de que existen innumerables herramientas para generar un cambio al interior de la justicia, como la Ley 27.499 que lleva el nombre de una entrerriana, Micaela (García). Aún así, parece no existir voluntad política del poder judicial para llevarla adelante, con lo cual, un recambio generacional podría abrir otra posibilidad.

 

Otro aspecto es la tan mentada “democratización”, que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de elegir jueces y juezas mediante el voto, sin la mediación de ese órgano corporativo que hoy es el Consejo de la Magistratura. En la justicia actual, solo les abogades pueden impartir justicia, solo elles pueden elegirse y solo elles pueden enjuiciarse; y bien sabemos, como dice el dicho popular, que “entre bomberos no se pisan la manguera”. Vale decir por caso, que aún no se ha realizado una autocrítica de este poder del Estado sobre su accionar durante la última dictadura cívico-militar, por ejemplo.

 

El acceso es otra de las aristas planteadas. En principio por los lugares físicos donde se encuentran los lugares de atención, que mayormente están en la parte céntrica de las ciudades, y los horarios acotados. También es importante señalar aquí la falta de políticas que permitan a la ciudadanía tener al alcance de la mano los mecanismos para hacer valer sus derechos. Pero uno de los mayores reclamos es la necesidad de que cada ciudadane pueda comprender lo que se le dice en el proceso judicial, sin lenguajes tecnicistas y muchas veces, despojados de humanidad. El proyecto “sentencias claras” de la diputada Paola Rubattino aborda parte de esta problemática.

 

Un debate necesario

Podría seguir enumerando otros elementos para el debate en este tema que es tan complejo y diverso como lo es el movimiento feminista. Lo que queda claro es la necesidad de poner este debate en la agenda pública y llegar a acuerdos construyendo colectivamente, ya sea para una justicia feminista, una reforma del poder judicial feminista o los derechos humanos de las mujeres. Es necesario saber también que esto no se resuelve con más penas, que una mejor justicia debería ser una que escuche y resuelva teniendo en cuenta las diversidades y particularidades de cada caso. No se puede por ejemplo, poner una perimetral a un violento que vive frente a la casa de la víctima que denuncia la violencia.

 

Ya está demostrado que el punitivismo no repara, y sin reparación no hay verdadera justicia, solo hay más violencia. Es el aprendizaje que no dejaron las organizaciones de derechos humanos en nuestro país. Es necesario que cada mujer que sobreviva luego de ser maltratada pueda recuperar su amor propio y su independencia, que cada violento que reciba una pena cuente con herramientas que le lleven a modificar su conducta en los casos que sea posible. Y, sobre todo, es necesario acompañar a estas personas en esos procesos, no dejarlos librados a su buena voluntad o la buena voluntad de quienes les rodean.

 

Para poner en contexto, es necesario traer a la memoria la reforma judicial que intentó, por la vía democrática, Cristina Fernández en 2013 y que fue declarada inconstitucional por la misma Corte Suprema. A posterior existió una reforma sin debate ni leyes, por parte del presidente Mauricio Macri, que le brindó a Comodoro Py las herramientas para iniciar una persecución política sobre sus adversarios. Esto en un contexto de guerra jurídica o “lawfare” que vienen sufriendo las y los líderes políticos del campo nacional y popular en América Latina y que, en nuestro país, tiene a la ex presidenta como principal protagonista. Algunos capítulos de esa mecánica ya se trasladaron a nuestra provincia para ser puestos en práctica con ex intendentes y funcionaries.

 

Por otra parte, a los hechos arriba mencionados, como el intento de juicio a Carlos Rossi o el cerco a tribunales por parte del colectivo feminista, hay que sumar la luz verde dada esta semana por la legislatura entrerriana para llevar al banquillo al vocal del superior tribunal de justicia, Emilio Castrillón. Sin poner el énfasis en la validez de la denuncia o la forma en que fue gestada, lo cierto es que ha puesto sobre el tapete la falta de perspectiva de género que existe al interior de la justicia entrerriana, ya que uno de los puntos que se le atribuye es haber ejercido violencia de género.

 

Las feministas, que somos hijas y nietas de las mujeres del pañuelo blanco que decidieron maternar colectivamente, sabemos que los procesos son largos, que no hay un camino lineal para alcanzar los objetivos, y que si hay una sola forma de transformar la realidad: la política. También es dable decir que se nos exige a las feministas las transformaciones que no se le solicitaron a muchas personas de mirada patriarcal por años. Eso quiere decir que tendremos que ser diferentes para estar a la altura y que, si acuden al feminismo, es porque intuyen que tiene capacidad de realizar esas transformaciones.

 

Así lo intuyeron miles de personas aquel 8 de marzo de 2020, sabían que las únicas que levantaríamos la voz por Fátima seríamos nosotras. Al decir de Cristina Montserrat Hendrickse “al Poder judicial le falta pueblo”. Una nueva forma de administrar justicia es necesaria, la estamos pariendo. 

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