Reclamo de Colegios de abogados de Entre Ríos frente al paro de judiciales
Las Comisiones Directivas del Colegio de la Abogacía sección Paraná, Gualeguaychú y Concordia, elevaron una carta al Colegio central para manifestar su postura en relación a las medidas de fuerza decretada por AJER, que consisten en el paro total de actividades de los trabajadores judiciales durante 7 días del mes de junio, con quite de colaboración y desconexión digital, y la amenaza de incrementarlas por tiempo indefinido.
La nota, según se informó a 7Paginas, señala que debido a
las circunstancias gravísimas producto de la pandemia con consecuencias en la
economía y la sociedad, las medidas adoptadas por la AJER, “demuestran una
falta de solidaridad y oportunidad, circunstancia que irrita a una sociedad que
ha padecido y padece los efectos de esta pandemia y de la cual, los empleados
judiciales parecen no pertenecer”.
En la carta las comisiones directivas ponen en relieve los
siguientes puntos:
Servicio de Justicia:
debe brindarse de manera esencial en beneficio de los justiciables, y
con respeto al trabajo y esfuerzo de abogadas y abogados que hemos adaptado toda nuestra actividad y
nuestros estudios para brindar el mejor
servicio posible en estas circunstancias.
Costos mayores de nuestra actividad: recategorizaciones
impositivas, efectuadas de manera retroactiva, incrementos exponenciales en los
intereses de nuestras cuotas de matrícula, cuyo costo que de por sí se
incrementa con el precio del jus, entre otros. Sumado a que los honorarios son
estimados en desbalance con nuestras responsabilidades y en desconocimiento de
la realidad económica en la que todos vivimos.
El sector más afectado en esta pandemia ha sido el
independiente: tanto el comercial, como el profesional, y a quienes el gobierno
decidió no incluir en la lista de “vulnerables” sin recibir ningún tipo de
ayuda, colaboración ni apoyo. Por el contrario, somos víctimas constantes de
los embates del fisco nacional y provincial y cuya voracidad impositiva parece
no tener límite alguno.
Exigir con posiciones muy claras y contundentes la restitución del servicio de justicia en forma
inmediata y plena. Entendemos que debe reconocerse como única limitación la que
surge de los correspondientes protocolos sanitarios, y ninguna otra.
Adoptar una medida que imponga “el quite de colaboración
absoluta” evidencia una desmesura y total falta de racionalidad frente a la
situación que toda la sociedad enfrenta, en donde justamente deben asumirse
conductas de cierta comprensión y paciencia por el problema ajeno.
Reclamamos la firme e impostergable exigencia de la conciliación obligatoria, medida que entendemos resulta oportuna,
legítima y necesaria, ya que evidentemente los esfuerzos de carácter
conciliatorio hasta el momento no han tenido respuesta alguna.
Finalmente, la carta enviada cierra con contundencia
pidiendo la actuación del Colegio Central:
“Entendemos, postulamos y asumimos con la absoluta
responsabilidad institucional que a los suscriptos nos toca desempeñar,
que las instancias de diálogo se
encuentran agotadas y es momento
que este Colegio, actúe como un
verdadero gremio de los profesionales a quienes representa, asumiendo un rol
activo, crítico, y suficientemente contestatario, ante la indiferencia de los
demás actores de una crisis, que nos es ajena pero de la cual resultamos
afectados nosotros y nuestros clientes en deterioro de un eficiente servicio de
justicia”.
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