Las penas que aplicarían y el juicio en campaña: la preocupación de Urribarri y compañía
La principal preocupación de los abogados urribarristas, que venían pidiendo en reiteradas ocasiones las postergaciones de las primeras causas por delitos de corrupción y que finalmente no lo consiguieron, pasaron por algunos aspectos concretos, que nunca lo dijeron con tanto énfasis en las audiencias.
Por un lado, que haya un debate en torno a la corrupción
urribarrista en plena campaña política por la renovación de las bancas en la
Cámara de Diputados de la Nación, por lo cual se agudizaría el rechazo al
oficialismo. Y, fundamentalmente, las penas previstas para los imputados, como
Sergio Urribarri y el exministro y exdiputado provincial Pedro Báez, como así
también el cuñado del actual embajador argentino en Israel, Juan Pablo
Aguilera, según de indicó anoche en el programa Cuestión de fondo (Canal 9
Litoral). Dicen que las condenas no se suman, pero la realidad indica que en
estos juicios que se inician pedirán 17 años de prisión para Urribarri; entre
18 y 20 años para Báez y 16 años para Juan Pablo Aguilera, entre otros. Y los
tres tienen causas posteriores por corrupción, donde seguramente ampliarán
tales sentencias. La mayor preocupación gira en torno a la compleja situación
de Aguilera y la reacción que puede haber en la propia familia y en especial en
la hermana del actual secretario del bloque de senadores del PJ. Nadie olvida
cuando Juampi Aguilera cayó preso por la causa Contratos truchos legislativos y
su hermana, la esposa del actual embajador argentino en Israel fue concreta con
los abogados defensores: "si no me solucionan la pronta libertad de mi
hermano, yo hablo y cuento todo", les dijo.
---Causas acumuladas denominada “Sueño entrerriano” (gastos
para el Parador de Mar del Plata en plena campaña proselitista de Urribarri;
publicidades pautadas con el Jorge Rodríguez sobre el exmandatario, para la
Cumbre del Mercosur y solicitada en diarios nacionales a favor de Urribarri,
cuando se lanzó como precandidato presidencial).
El hecho descripto e imputado en el Legajo de Fiscalía
acumulado N° 61.211 fue calificado por los acusadores públicos como Peculado,
atribuibles a Sergio Urribarri y a Pedro Báez, en calidad de autores.
En el Legajo de Fiscalía acumulado N° 29885 el hecho fue
calificado por los fiscales como "Negociaciones incompatibles con el
ejercicio de la función pública y Peculado", que les imputan a Urribarri y
a Báez en carácter de autores, y a Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes
en calidad de partícipes primarios.
En tanto, en el legajo N° 58383 la Fiscalía imputa los
delitos de "Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función
pública y Peculado" a Urribarri y a Hugo José María Marso, como autores, y
a Juan Pablo Aguilera, Corina Cargnel y Gerardo Daniel Caruso como partícipes
primarios.
En cuanto a la pena, los representantes del Ministerio
Público Fiscal, a los efectos de cumplir con los requisitos legales, de manera
meramente estimativa, indicaron que
habrán de solicitar en la etapa de debate las siguientes condenas: a Urribarri,
9 de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Báez, 8 años de prisión e
inhabilitación absoluta perpetua; a Tórtul, 4 años de prisión e inhabilitación
absoluta perpetua, igual que a Céspedes; a Aguilera, 8 años de cárcel; 6 a la
contadora Cargnel, y cuatro para Marsó, y Caruso.
Asimismo, para cada uno de los imputados solicitarán la pena
de multa de 90.000 pesos, atento a que el hecho fue cometido con ánimo de
lucro.
---Causa Imprenta. La vaca, cartelería vía pública.
Es por la investigación que logró determinar que la
justificación de las publicidades oficiales en cartelería de vía pública para
autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto, de parte de los
funcionarios del desaparecido Ministerio de Cultura y Comunicación, que
conducía Pedro Baez, en el segundo gobierno de Urribarri. El modo de comprobar
si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo
contratado– fue mediante pericias. El hecho atribuido a los enjuiciados aplica
para los delitos de "Peculado, Negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones públicas y Fraude
en perjuicio de la administración pública", que les imputan a
Urribarri y Báez como autores, a Aguilera, Cargnel, Hugo Montañana y Gustavo Tamay, como partícipes primarios y a
Luciana Almada, Emilino Giacopuzzi, Alejandro Luis Jose Almada y a Maximiliano
Sena como partícipes secundarios. Por esto, pedirán a Urribarri la pena de ocho
años de prisión efectiva, al igual que a Báez y Juan Pablo Aguilera; seis años
para Cargnel y Montañana y Tamay, y cuatro años para Luciana Almada,
Giacopuzzi, Alejandro Almada y Sena. La mencionada Luciana Almada es la esposa
de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada es su cuñado.
Además, solicitarán que les impongan la multa de 90.000
pesos, como también el decomiso de los bienes de titularidad de la empresa TEP
S.R.L.
Esto sería parte de las remisiones a juicio de cuatro de las
cinco causas que van a juicio. Hay una quinta causa: es en la que Urribarri y
Báez están procesados por negociaciones incompatibles con la función pública,
por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del
empresario Germán Buffa, en tiempos en que el dólar estaba en 20,42 pesos. El
empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en
grado de partícipe necesario. En la causa se investigaron hechos sucedidos en
2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez Director de Información Pública.
En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (MC) denunció la
situación. La causa la instruyó el juez Gustavo Maldonado, por el viejo sistema
procesal. Hay una pena máxima de 10 años y un mínimo de 2 años.
Entonces las penas totales, de acuerdo a los que
solicitarían los fiscales, serían:
---17 años la acumulación de penas que se solicitará para
Urribarri, aunque en realidad no se suma en forma aritmética. Por estas causas
podría quedar en 10 o 12 años de condena, de acuerdo a lo que puedan consensuar
en la justicia. De igual manera, pasaría a ser la pena más alta por un delito
de corrupción, en la historia de Entre Ríos.
---Entre 18 y 20 años para Pedro Báez, aproximadamente, en
la sumatoria de sentencias y habrá que ver a cuánto la descienden.
---16 años totalizarían para Juan Pablo Aguilera y aplicaría
también el esquema anterior.
---12 años para Corina Cargnel, contadora de Aguilera.
Hay que agregarles
las causas por enriquecimiento ilícito de Urribarri, que comprende además como
partícipes a Juan Pablo Aguilera; al hijo Mauro Urribarri (actual funcionario
del gobierno de Alberto Fernández); a la esposa de Urribarri, Analía Aguilera,
donde el máximo de pena por enriquecimiento es seis años. Estos últimos van
como colaboradores de enriquecimiento ilícito, donde tienen la misma pena que
el autor. Es de uno a seis años. Y para Pedro Báez sería la misma condena, por
enriquecimiento ilícito, en otra causa que está en trámite y que ha tenido
importantes avances.
A ello habrá que sumarle la causa por peculados y
negociaciones incompatibles con la función pública, alrededor del empresario
paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, donde el máximo es 10 años de
prisión.
En la investigación penal que llevaron adelante los fiscales
Patricia Yedro y Gonzalo Badano también están implicados, además de Urribarri y
el dueño de Relevamientos Catastrales, el empresario paraguayo Cardona
Herreros, el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el
director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de
Hacienda, José Humberto Flores; el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone;
el exdirector General de Informática, Carlos Haidar; Jorge Zanabone y Alfonso
Campitelli, directivos de Relevamientos Catastrales. Todos ellos estarán
comprendidos entre las penas que podrían llegar a los 10 años de cárcel.
Análisis
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