“De precios cuidados a precios sinceros”, por Luis Edgardo Jakimchuk

Cuando pagamos por un artículo cualquiera, el precio oculta un entramado no fácil de desentrañar. Detrás de esos precios existen conflictos de intereses y relaciones desiguales de poder que no alcanzamos a entender, pero determinan no solo el comportamiento de la economía, sino también en los ingresos de los ciudadanos. 

Lamentablemente vivimos tiempos donde los precios forman parte de nuestras vidas y lo vamos incorporando naturalmente a nuestra vida cotidiana, pero no nos preguntamos porque sube a cada rato los precios de los alimentos y de artículos esenciales.

Cuando el Secretario de Comercio Interior, Feletti dice “los empresarios tienen que ganar, pero por cantidad o por volumen y no por aumentos constantes de los precios de las unidades”, refleja claramente el secreto de los precios. Los precios son políticos porque responde a las premisas del pensamiento económico que nos domina. 

No hay duda que este problema radica en el nivel de concentración de las empresas que producen alimentos, bebidas y artículos de necesidades básicas en posiciones dominantes. En los principales rubros alimenticios existe un máximo de hasta tres oferentes por cada rubro y, en la mayoría de los casos, las empresas se repiten. A modo de ejemplo, Aceitera General Deheza, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata, PepsiCo y Coca Cola. Ingenio El Tabacal, Ledesma y Valpafe; Unilever, Arcor, Mastellone, Swift, entre otras.

Es algo propio del funcionamiento de la economía de mercado neoliberal que defiende a los que la juntan en pala, amenazando con desabastecimiento, como lo hizo el concordiense Mario Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. 

La Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (FAECyS) sostuvo que 10 cadenas de supermercados que incluye a Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Nexus Partners y Casino, representan el 85 por ciento de canal supermercados; y el canal supermercados representa un 37 por ciento del total mercado, del total aprovisionamiento de los hogares", señaló a El Destape, Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercadistas Unidos.

Hay dos cuestiones que tiene este fenómeno, una es lo que el Estado permite estas acciones anticompetitivas intencionales de las empresas con posición dominante otra es, las consecuencias que ocasiona al cobrar precios que no están acordes respecto a los COSTOS de producción, que es lo que se desprende lo que el gobierno les dice a estos empresarios, tengan márgenes de ganancias vendiendo más unidades que vendiendo menos subiendo los precios. 

Estas empresas no solo se aprovechan de su posicionamiento en el mercado para cobrar más caro, también invaden con productos con segundas y terceras marcas para restringir a productos de otras empresas con menos marketing. Es la lógica empresarial que muestra como único fin restringir la competencia, contando con el acompañamiento de sectores de la oposición política y mediática. 

La defensa del consumidor es una cuestión de Estado. El consumidor promedio termina pagando de su bolsillo las consecuencias de la ausencia de los controles del Estado a los formadores de los precios. Es clave a la hora de asegurar no solo la rentabilidad empresarial también el bolsillo de los ciudadanos, controlando la formación de los costos de estos oligopolios.

La oposición, que cuando fueron gobierno decían que venían a traer orden y normalidad, pero “pasaron cosas”, critican la iniciativa del secretario de Comercio. La política aplicada por el macrismo tiene como sustento conceptual a la teoría económica ortodoxa. Quieren que la economía funcione con “la mano invisible” libremente. Esto es lo mismo, que decir, que el Estado no tiene que interferir en la formación de precios. 

El desafío del gobierno en este momento es devolverle al Estado la capacidad de defender efectivamente a los consumidores y promover la competencia en el marco de un modelo de política económica que priorice el crecimiento y la comida en la mesa de los argentinos. 

“Los precios indefectiblemente llevan a la política adentro. Por definición, son portadores de la desigualdad que reina en la sociedad. Si el Estado no interviene en el proceso de formación de precios, podemos estar seguro de que los precios de mercado no se van a determinar en función de los intereses de la mayoría de la sociedad. Y eso en sí mismo es una decisión política”, lo sostiene Augusto Costa, en su libro “todo precio es político”.