Megajuicio: funcionaria del Tribunal de Cuentas ratificó la legalidad de la contratación de los spots de la Cumbre del Mercosur
Nancy Vinagre, ex asesora legal y hoy fiscal del Tribunal de Cuentas, declaró ante el Tribunal en una nueva audiencia del juicio que se lleva adelante contra el ex gobernador Sergio Urribarri por cinco legajos en los que se lo acusa a él y a otros ex funcionarios de primera y segunda línea y a particulares de peculado y negociaciones incompatibles · La testigo ratificó que la contratación de spots para la Cumbre del Mercosur, uno de los ejes de la acusación, se hizo dentro de los parámetros legales · También declaró Raúl Galarza, a quien se interrogó por la causa de las imprentas
Vinagre fue la segunda testigo de la jornada. Su aporte era
vital para entender el proceso administrativo ya que la hipótesis acusatoria de
la Fiscalía gira en torno a que en la contratación de los spots y su difusión
hubo discrecionalidad, direccionalidad y sobreprecio y que, por otro lado,
tenían como fin no mostrar políticas públicas del gobierno si no promocionar la
figura de Urribarri en momentos en que el ex mandatario no escondía sus
intenciones de ser presidente.
Vinagre, actual fiscal de cuentas N° 1, actuó en 2014 a
instancias del entonces coordinador de la Cumbre, Hugo Céspedes, un ex
funcionario provincial que falleció a poco de que comenzaran las audiencias.
Céspedes le consultó al Tribunal de Cuentas (TdeC) si la
contratación de los spots era o no encuadrable dentro de los gastos de la
Cumbre, aprobados por ley 10.327. Fue antes de responder al pedido por nota del
entonces ministro de Comunicación, Pedro Báez, quien elevó la recomendación a
fin de aprovechar el evento para darle difusión a la provincia y a las
políticas públicas desarrolladas.
El organismo de contralor le pidió un dictamen a Vinagre,
por entonces asesora legal, y esta dio luz verde. Pese a esto, aclaró que ese
gesto afirmativo no implicaba dejar de lado los controles que con posterioridad
el Tribunal de Cuentas efectúa. En el esquema de control provincial TdeC
interviene luego del gasto, mientras que Contaduría lo hace antes y durante y
Fiscalía de Estado se expide sobre su legalidad. Estos últimos dos organismos
también dieron curso positivo a la consulta de Céspedes.
· En detalle
Ante distintas consultas de Fiscalía y las defensas, Vinagre
fue dejando algunas precisiones. En primer lugar, especificó que su
intervención inicial fue previa, antes de la contratación, previsto en la
normativa algo que es práctica usual en la administración pública.
La consulta puntual del Ministerio Público fue si la ley
10.327, que autorizó procedimientos especiales para atender la realización de
la Cumbre, era aplicable o no. “Sí, porque alcanza a su ámbito de aplicación”,
dijo Vinagre en el dictamen y lo reiteró ante el Tribunal esta mañana.
Luego destacó que la solicitud para difundir los spots fue
de quien tenía a cargo las políticas públicas de comunicación (Báez) y que la
publicidad se haría durante la Cumbre por lo que entendió “que entra dentro del
ámbito de aplicación de la ley”, dijo.
“¿En qué se basó al momento de definir la inherencia?” de la
contratación, preguntó Fiscalía. “En lo que informa el Ministro de
Comunicaciones que según la ley es competente para fijar las políticas
públicas”, respondió. “¿Es decir que el Ministro fue quien definió la
inherencia?”, insistió la acusación. “El Ministro dice que es necesario e
inherente a la Cumbre del Mercosur la difusión de esos cuatro spots. Soy
abogada, no soy licenciada en marketing ni publicista como para mirar los spots
y decir, en definitiva, qué es lo que se publicitará”, contestó Vinagre.
Durante varios tramos del interrogatorio, Fiscalía volvió
sobre este punto, a pesar de las reiteradas y precisas explicaciones del
procedimiento legal y administrativo que hizo la funcionaria.
“Tampoco el hecho de que fuera aplicable (o no) la ley de la
Cumbre a este tipo de contratación tenía consecuencias fácticas que impidieran
algún tipo de control. Al contrario. Todas las contrataciones de publicidad
según lo dispuesto por la ley se hacen de manera directa. No se necesita una
ley especial. Y (la 10.327) sumaba un control al que no estaba sujeta la
publicidad que era la comunicación (de las contrataciones) a la Legislatura”,
abundó.
Fiscalía, otra vez, volvió a poner en tela de juicio el
procedimiento de contratación directa de publicidad requiriendo a la testigo
que detalle cuáles eran las condiciones para ir por esta vía.
“La contratación de publicidad normativamente ya es
excepcional. El solo hecho de que sea una publicidad ya encuadra dentro de las
contrataciones por excepción que la ley prevé. No es como en otros casos, donde
se podrían hacer por otra vía y es necesario acreditar elementos externos al
objeto que demuestren la urgencia o la imposibilidad de hacerlo por otros
procedimientos”, remarcó la testigo.
“Si está claro que la contratación es por publicidad de
actos de Gobierno, ingresa directamente (a la previsión legal) y no es necesaria
mayor argumentación”, acotó.
· Tiempo después
Vinagre mencionó que la contratación de publicidad para la
Cumbre aún está siendo objeto de estudio por parte del Tribunal de Cuentas, que
aún no aprobó el proceso final.
La funcionaria remarcó que, hasta ahora, el control legal
del organismo no encontró objeciones. Y que no hubo indicios de favoritismo
hacia un publicista en particular. “Tampoco está dentro de nuestro ámbito de
competencia el establecer. Hubo tres invitaciones (a cotizar) a distintos
proveedores del Estado y se terminó seleccionando a uno de ellos”.
Este elemento es fundamental, porque la teoría del caso de
la Fiscalía es que la contratación de Nelly Entertaiment, empresa de Jorge
“Corcho” Rodríguez, fue digitada. “Nunca advertimos que haya existido
arbitrariedad en la selección del contratista”, remarcó Vinagre.
En la evaluación final del Tribunal de Cuentas solo resta
conocer información vinculada con los valores de compra de espacios en los
medios que difundieron los spots.
El abogado Miguel Cullen le consultó si se ha determinado en
el avance de las controles la existencia de sobreprecios. Vinagre comentó que
hicieron consultas a los medios donde se irradiaron los avisos sobre el valor
de los de segundos la banda horaria correspondiente (prime time / horario
central, el más oneroso). Hubo una respuesta casi total.
“Lo que hizo el Tribunal de Cuentas, a través del cuerpo de
auditores, fue sumar todos los costos. Se llegó a un valor levemente inferior
al abonado por el Estado provincial”, comentó. La diferencia entre un monto y
otro es del 5% “pero nos faltó establecer el valor que se paga por
intermediacion” de las agencias de publicidad, en el caso particular Nelly
Entertaiment y Punto Art, la subcontratista.
· A primera hora
Raúl Galarza fue el primer testigo de la jornada. El empleado
de las empresas TEP y Next, las dos firmas que la Fiscalía sostiene que son
propiedad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera y no de quienes aparecen
en los papeles (Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena; Alejandro y Luciana
Almada) habló de las actividades que cumplía en la sede de calle Racedo donde
funcionaban las firmas.
Galarza es amigo de la infancia en General Campos de
Giacopuzzi y Sena, quien lo acompañaba en la venta de diarios de niño cuando
era canillita.
Su llegada a la empresa se dio en 2011, luego de haber
participado en la campaña electoral de ese año, oportunidad en la que estuvo en
la sede de las firmas en gran cantidad de oportunidades acompañando a Aguilera,
responsable de la contratación de merchandising del PJ.
Fiscalía le preguntó si sabía quién era dueña de la empresa.
Mencionó a Luciana Almada, a quien conocía por ser la pareja de Aguilera.
Además, dijo que cuando Almada no podía concurrir a reuniones de trabajo, su
pareja la reemplazaba. Pero no aportaba nada ni tomaba decisiones, consignó.
La acusación le mostró gran cantidad de documentos donde
figuraba su nombre o un sobrenombre con
el que se lo conoce también (“Tati”). Uno de ellos era una planilla excel con
detalle sobre la implementación en las empresas del sistema de comunicación
interno Stark. Galarza dijo no conocer el texto, estar viéndolo por primera
vez. Ni siquiera sabía qué era Stark, abundó.
El testigo también contempló varios mails que partieron de
las empresas hacia su casilla de correo donde también figuraba el nombre o la
casilla de correo de Aguilera y que mencionaba distintas actividades. Pero
también dijo no haberlos visto nunca. En la prueba mostrada por los fiscales
tampoco constaban constancias de recibido ni respuestas por parte de Galarza,
como señaló la defensa.
Al igual que con otros testigos, Fiscalía hizo foco en un
talonario de facturas encontrado en casa de Aguilera, en este caso a nombre de
Galarza. El testigo reconoció que trabajó en la Cámara de Diputados bajo la
órbita del diputado Hugo Berthet (quien ya testimonió y confirmó sus dichos)
hasta el 2012. El talonario apareció en la residencia de Aguilera en 2016. Se
le exhibió al declarante una factura sin firma, pero no reconoció como propia
la letra con la que estaba confeccionada.
Cabe acotar que en ninguno de los cinco expedientes llevados
a juicio se investiga la contratación de personal en la Legislatura ni
irregularidades conexas.
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