Megajuicio: testigo dijo que la familia Urribarri adeuda estadía de lujo en Mar del Plata


El empresario Jorge Nigro declaró mediante videoconferencia.

Jorge Nigro fue indagado por el fiscal Gonzalo Badano, en el marco de la causa por los cuatro spots publicitarios contratados de forma directa por el Gobierno de Entre Ríos, para difundir a nivel nacional en el marco de la realización de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en diciembre de 2014. La acusación pública sostiene que esas piezas por las que la provincia pagó dinero, no tuvieron como objetivo promocionar Entre Ríos sino afianzar la figura del exgobernador Urribarri como precandidato a presidente para las elecciones de 2015. 

El titular de PuntoArt declaró, entre otras cosas, que la familia Urribarri se alojó en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, tras una intermediación que hizo él en persona con el hotel. Agregó que cuando concluyó la estadía, la familia salió sin pagar y la deuda fue cargada a su empresa. Remarcó que esa factura nunca fue abonada. La deuda es equivalente a 36.000 dólares.

Contó a los jueces del tribunal que de todos los imputados en el megadebate sólo conoce a Urribarri, con quien dijo hablar en alguna oportunidad por teléfono.

“Tuve durante 17 años la agencia de publicidad PuntoArt Comunicación. La empresa es de acciones mixtas, hace convenciones, presta servicios variados. Yo era el presidente. Fui creador de la compañía y mi función eran los números, estar en la parte operativa, mirando qué se generaba. Hay más socios, los hermanos Caris, y después incluimos a Martín Ortiz que era director general de esta agencia. María Ferraro estaba a cargo de parte administrativa”, describió.

Nigro dijo que años atrás tuvo contacto con la empresa Nelly Entretaiment, de Jorge Corcho Rodríguez -que obtuvo una probation en el marco de este legajo-. Aseguró que ese vínculo fue a raíz del pedido de Rodríguez para “ver si podíamos coordinar la planificación y compra de medios. Comprar medios significa tener las herramientas, los contactos y el crédito para comprar en canales de aire. Hay que tener vuelta, años, negociaciones, haber pagado para estar ahí”, explicó. Puntualizó que tuvo una reunión con rodríguez y los contactos continuaron después con el contador Osvaldo Gandini, que asesoraba a Nelly Entretaiment. “Nos comunicaron si teníamos la posibilidad de compra de medios a nivel nacional para la pauta del Gobierno de Entre Ríos. Lo complicado de la contratación eran las fechas porque era fin de año, y todo está sobrevendido”, recordó.

“Nos pidieron básicamente cobertura. Tener los programas y canales con más audiencia. Los spots salieron en los cuatro grande canales de Bs As: Telefé; El Trece, América y El Nueve. También en TN y C5N en Capital. Se compraron canales en Córdoba, Rosario, y en el sur del país”, detalló y ahondó: “Era en los programas del prime time, es decir el horario de más audiencia en la televisión. La compra de Telefé la hizo solo Nelly, nosotros no intervenimos ahí. Nosotros nos encargamos del resto de los programas. Eran todos canales con mucho raiting, los noticieros de noche desde las 21, 22 y hasta las 23”. Agregó después que cuando comenzaron las negociaciones para contratar con los canales, debieron anticipar pagos. “No teníamos espalda para financiar eso. Los canales, lo que viene de pauta de Gobernación de provincias lo toman como político y no hay financiamiento”.

Nigro dijo que la producción de los spots estuvo a cargo de una agencia de Palermo que recordó como “el buey perdido, el buey algo”. Se refirió a “El buey Solo” un nombre que fue refrescado por el fiscal Badano. Justamente el titular de esa agencia, Guillermo Berger, deberá testimoniar también este martes. “Casi no tuvimos contacto con ellos, sólo telefónicamente”, acotó.

Cuando se le preguntó por los montos de la contratación, Nigro señaló: “Fue una contratación en montos que se habla de política, en comparación a los montos que manejábamos con nuestras marcas, era una buena contratación, no mucho más”.

Más adelante fue indagado por el costo del espacio en televisión. “Hay mucha diferencia entre el prime time y otro horario. Hoy un segundo puede salir 60, 70, 80.000 pesos y en el prime time puede costar 300 mil pesos”.

Al final de su relato, el testigo reconoció que Urribarri y su familia se alojaron en el Hotel costa Galana de Mar del Plata, en enero de 2015. “Hice la gestión porque el gobernador quería habitaciones que no estaban disponible y el Costa Galana es cliente nuestro, hacemos eventos ahí, asi que le pudimos reservar esas habitaciones”.

–¿Quién se contactó por esto con usted? ¿El gobernador? –preguntó el fiscal Badano.

–No recuerdo pero puede ser que haya sido Sergio Urribarri –contestó.

–¿Qué tipo de habitación reservó?

–No me acuerdo. Sé que había una que era tipo suite. Pero el resto no me acuerdo.

–¿Y ese alojamiento recuerda quién lo abonó?

–Ese alojamiento, Urribarri cuando termina se va de Mar del Plata y el Hotel Costa Galana nos reclama a nosotros, así que entiendo que lo pagamos nosotros.

–¿Era más de una habitación?

–Me parece que era más de una habitación. 

Después se le exhibió un correo enviado por personal del hotel marplatense a Nigro. Le pasaban un resumen final por la reserva entre cuatro y cinco noches para varias personas de apellido Urribarri, incluido su hijo Bruno -jugador de fútbol- y una persona llamada Sebastián Otero. La categoría de las habitaciones eran superior, lujo y presidencial. El monto total fue de 200.000 pesos primero y 84.000 pesos después, según pudo leer el testigo en el correo electrónico.

–En algún momento se contactó por teléfono con algún miembro de la familia Urribarri? –consultó el fiscal.

–En su momento me llamó, entiendo que era Bruno, pero la verdad no me acuerdo los nombres de los chicos, sé que alguien me llamó.

–¿Por qué lo llamó–

–Entiendo que era verano y necesitaban entrar a algún bar, a algún boliche, alguna cosa así.

–¿Con Sergio Urribarri recuerda haber hablado?

–Sí con él hablé una vez, quería ir a pescar.

–¿En algún momento le devolvieron este dinero del Costa Galana?

–No.

El imprentero santafesino que conoció a Aguilera

Rubén Ciscato, titular de una imprenta en Santa Fe, abrió la jornada de este martes con su testimonio. Declaró mediante viedoconferencia, al igual que el resto de los testigos que pasaron hoy, menos Rina Deymonnaz.

Ciscato recordó que en una instancia puntual llevó trabajos realizados en su imprenta a las instalaciones de Formato Urbano, en calle Racedo 415 de Paraná. “Fui a llevar algún trabajo. Por razones de urgencia a veces hacía de cadete. Un día se presentó él -por Juan Pablo Aguilera- y lo conocí. Ese fue el contacto que tuve. Lo habré visto una o dos veces, de haber ido a la empresa cuatro o cinco veces. Es un lugar que está frente a estación de trenes, sobre un boulevard”, describió.

Cuando la fiscal Patricia Yedro le preguntó, Ciscato dijo no conocer a Emiliano Giacopuzzi, tampoco a Maximiliano Sena, al igual que desconoció a Luciana Almada. “De conocerlos, tenerlos presente, no. A lo mejor fui y me atendió tal persona, pero nada más. Un día se presentó este señor Aguilera, para presentarse no más, y decirme: ‘¿Usted es Ciscato? Yo soy Juan Pablo Aguilera, mucho gusto’”, relató.

“Formato Urbano no es una empresa conocida en el rubro que yo sepa, a lo mejor lo sea, pero para mí no. Que sean conocidos ellos, no sé, desconozco”, cuando se le preguntó desde su experiencia en el rubro. “Hace rato que, si bien no estoy retirado completamente, como que delegué el trato”, acotó después y reconoció a Formato Urbano sólo como una agencia de publicidad y no como una imprenta.

Cuando el defensor de Aguilera y Almada, el abogado Marcos Rodríguez Allende, preguntó si el encuentro con Aguilera fue en relación al Partido Justicialista, el testigo lo descartó de plano: “Eso seguro que no, que nunca hablé de ese tema, con nadie de ahí”.

Después insistió el defensor Miguel Cullen -abogado de Cargnel, Alejandro Almada, Sena y Giacopuzzi- sobre el mismo punto. “El que tenía más contacto con ellos era mi empleado Beto. Pero me parece los trabajos no tenían que ver con la política. Porque no es que no haya hecho trabajos para políticos, pero no les quiero trabajar. Lo mío es una imprenta con calidad, una maquinaria importante y se necesita gente especializada. El trabajo para políticos no, no estoy relacionado con los políticos, no los quiero desmerecer pero no me gusta. Siempre me manejé de otra forma. Que se hicieron trabajos puntuales, chiquitos, sí. Pero no recuerdo que se haya hecho otra cosa. No lo niego. Normalmente son trabajos de mucho volumen, el papel es económico y la máquina se llena de pelusas”, respondió.

Rubén Ciscato fue el primer testigo en declarar este martes.

 Causas acumuladas

 El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.

 El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.

El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.

Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.

Analisis 

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