Megajuicio: Testigos comprometieron las hipótesis de Fiscalía sobre irregularidades en contratación de publicidad
Tres testigos declararon durante una nueva jornada del juicio que se lleva adelante al ex gobernador Sergio Urribarri; los ex ministros de Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y otros ex funcionarios y particularidades por supuestas irregularidades en la contratación y aplicación de fondos públicos · Las funcionarias Mariela Teruel y Maricel Brusco detallaron los procedimientos de contratación de publicidad, explicaron por qué se usa la vía directa y negaron favoritismo hacia las empresas sospechadas · También negaron presiones de superiores · Entre ambas testimonió el ex legislador Hugo Berthet
La acusación fiscal en los cinco legajos de investigación
llevados a juicio en estas audiencias se apalanca en la supuesta comisión de
dos delitos: peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Para sostener estos cargos, Fiscalía puso la lupa en una
serie de presuntos ejes comunes en todos los casos:
- El mecanismo de contratación utilizado, la vía directa.
- El proceso administrativo usado antes, durante y después
de la contratación de publicidad.
- El favoritismo a un grupo de empresas (TEP; Next – Formato
Urbano; Bustamante y Montañana).
- La injerencia de Urribarri; Báez y Juan Pablo Aguilera
(cuñado del ex mandatario) en pro de esas firmas. Incluso el Ministerio Público
Fiscal postula que Aguilera es el dueño real de TEP y Next y que quienes
figuran como propietarios (Emiliano Giacopuzzi; Luciana y Alejandro Almada y
Maximiliano Sena) son en realidad prestanombres.
Estos fueron los puntos principales de la batería de
preguntas que los fiscales lanzaron sobre Maricel Brusco, actual Secretaria de
Comunicación y Mariela Teruel, quien hoy por hoy se desempeña como
subsecretaria de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos de la Secretaría.
Ambas vienen desempeñándose en el área de comunicación (que fue Dirección,
luego Ministerio y ahora secretaría) desde 1999 a la fecha, con distintos
grados y áreas de responsabilidad.
Con mayor extensión Teruel (declaró casi cuatro horas) y más
precisión Brusco fueron explicando y detallando los porqué administrativos y
funcionales de los hechos sobre los cuales el Ministerio Público Fiscal
sustenta su acusación.
Opciones
Con respecto a la contratación directa por vía de excepción,
Teruel y Brusco fueron contestes en señalar que es el mecanismo que se utiliza
en el Gobierno de Entre Ríos al menos desde 1999, año en que ambas se
incorporaron a la administración pública provincial.
Esto implica que fue el método al que echaron mano las
administraciones del radical Sergio Alberto Montiel (1999-2003) y los
justicialistas Jorge Busti (2003 – 2007); Sergio Urribarri (2007 – 2015) y
Gustavo Border (2015 a la fecha).
Más allá de la transversalidad política en el uso de la
contratación directa por vía de excepción, hay una razón práctica y un entorno
general que fundan esta decisión, según explicaron.
Citando la ley provincial 5.140, que establece este camino
para que el Estado contrate publicidad Brusco sentenció: “Se determinó la
imposibilidad de otro mecanismo (distinto) que el de contratación directa por
vía de excepción para medios de comunicación, con lo cual coincidimos”.
Más adelante comentó las razones de hacer una licitación
pública para contratar espacios en medios de comunicación. “Resulta muy
dificultoso hablar de licitaciones en medios de comunicación. Si se define una
campaña integral de comunicación, incluirá la mayoría de los canales de la
provincia porque cada medio de comunicación es un valor en sí mismo. No tienen la misma audiencia ni la misma
impronta ¿Qué tienen en común? Que son canales de TV ¿Cuál sería el criterio,
el parámetro por el cual yo puedo licitar entre un canal u otro? ¿El que cobra
más barato? ¿El que tiene más audiencia? O los auspicios de programas periodísticos,
por ejemplo”, graficó.
Teruel, por su parte, fue consultada varias veces sobre este
tópico. En una de las intervenciones, narró que, llegado el caso, una
licitación sólo podría ser sobre un plan de medios, un esquema de trabajo que
incluye las características de cómo tiene que darse la publicación oficial.
Pero que para eso, desde el armado, el sistema llevaría a que se esté
direccionando hacia tal o cual medio la publicidad. Y hasta señaló que dejaría
fuera de escena a los medios provinciales y locales, dándole preponderancia a
las agencias que pueden contratar en diversos espacios, encareciendo de paso el
costo para el Estado entre un 25 y un 30 por ciento, dado que esa es la
comisión de estilo de estas empresas.
También señaló el factor tiempo. No se puede saber qué
ocurrirá en los próximos seis meses, tiempo mínimo que demanda una licitación.
Y graficó: “No se puede licitar para el programa de (Marcelo) Tinelli porque en
seis meses puede no estar más al aire”. En el mismo sentido remarcó que la
prolongación de los pagos y de la contratación pública puede hacer que un
espacio ofrecido en la licitación no esté más disponible al momento de la
adjudicación.
Tanto Teruel como Brusco recordaron los esfuerzos hechos en
conjunto con el ex Secretario General de la Gobernación y actual Senador
nacional, Edgardo Kueider, para armar un esquema de licitaciones, algo que
resultó infructuoso.
Teruel también comentó que el Estado no contrata con medios
que no estén inscriptos en el registro de Comunicación. Este sistema se empezó
a implementar en 2009, dándosele un plazo que no recordó a las empresas para
que se ajusten a esta disposición. Esto era de particular interés para la
Fiscalía, dado que la acusación contra Báez en el legajo “Global Means” se
sustenta en la supuesta incongruencia de fechas entre la contratación y la
registración de la empresa.
Asimismo, marcó que si el medio emite la publicidad y no
cumple con las condiciones que el Estado impuso en la contratación, la
Administración Pública no paga.
Un largo camino
Desde la sanción de la 5.140, remarcó Brusco, se fueron
dando mejoras en los sistemas de control y de rendición de la publicidad
oficial. Y Teruel fue detallando cómo el sistema que hasta 2013 funcionaba sólo
con el criterio de quien ocupaba la Dirección de Información Pública saltó
(tras pasar a ser Ministerio) a un esquema que incluía la justificación de la
contratación, la emisión de un dictamen legal y otro contable, incorporando el
apuntalamiento de las formas de certificar las emisiones.
La actual titular del área administrativa y legal de
Comunicación fue consultada sobre el rol de Gustavo Tamay, a quien se acusa de
mal desempeño en la verificación de los carteles en ruta, debido a que en
varios casos se presentaron en expedientes fotos iguales para constatar
contrataciones diferentes.
Sobre ese punto, Teruel comentó que existía confianza en que
si Tamay iba a verificar, efectivamente lo hacía. “Él viajaba mucho”, recordó,
trayendo a colación que también en varias oportunidades el ex funcionario
acusado avisó que había carteles rotos y que las empresas debían reemplazarlos.
“¿Como corroboran que el cartel esté en la ubicación?”,
insistió la Fiscalía. “Con la certificación de Tamay”, recalcó la testigo,
informando al Tribunal que hubo siempre “desprolijidades” en las presentaciones
de certificaciones, en particular en vía pública. “Es habitual que los medios
manden con las certificaciones. Y que se
los hable para subsanarlos”, dijo.
Cuando le mostraron los expedientes de Montañana y Bustamante
que justificaban las publicaciones con fotos similares, Teruel apuntó que hubo
deslealtad por parte de las empresas. Y puso de relieve que entre una y otra
había más de cuatro meses de diferencia, lo que hacía imposible que la persona
que visaba los expedientes pudiera darse cuenta de la similitud dado que por
año se tramitan unas 12 mil órdenes de publicidad.
“No somos peritos en Comunicación ni podemos retener qué
fotos trajo cada uno en meses anteriores”, se quejó mientras miraba las fojas
con las imágenes.
Luego, subrayó que aún al día de hoy “no tenemos normativa
de cómo tiene que ser la certificación. El medio la manda. En radio y TV no
podemos controlar las salidas, se confía en los medios; en redes sociales y
medios digitales tenemos gente verificando y en vía pública contamos con la
carpeta digital”, una recopilación de imágenes por campaña de todos los
carteles contratados en las calles y rutas de la provincia según detalló.
Zona gris
Con respecto al supuesto favoritismo en la contratación de
publicidad para con las empresas de publicidad en vía pública TEP; Next;
Bustamante y Montañana, y el supuesto rol de Aguilera en las dos primeras,
Teruel destacó que a todas las empresas de vía pública que estaban inscriptas
“se les daba publicidad” oficial por igual.
Fiscalía indagó entonces sobre si sabía quiénes eran los
propietarios de las firmas. “No recuerdo quienes eran los referentes de estas
empresas. No sé quienes son los dueños de medios. Tendríamos una persona de
contacto para hacerle llegar el material y orden. No puedo asegurar quienes
son”, aseveró.
Por otro lado, tanto Teruel como Brusco negaron haber
recibido por parte de Aguilera interés en alguna orden, pago o contratación de
publicidad.
Otro punto sobre el cual avanzó la Fiscalía fueron los
llamados que recibió Teruel de dos teléfonos ligados a la empresa Nelly
Enterteiment, propiedad de Jorge “Corcho” Rodríguez. La firma fue contratada
para difundir spots sobre las políticas provinciales durante la Cumbre del
Mercosur que se concretó en Paraná en 2014.
La funcionaria juró por sus hijas que no había hablado nunca
con Rodríguez ni tampoco con otro integrante de Nelly, pese a que los registros
de las empresas telefónicas marcaban llamados entre el número de Teruel y los
de ambos.
Sí reconoció que pudo haber sido consultada por la empresa
sobre cómo registrarse como medio en la provincia para poder hacer el trámite
de cobro de la contratación. Tras la intervención de Fiscalía, el abogado
defensor de Báez, José Velázquez mostró al Tribunal que el número atribuido
“Corcho” era de una flota de empresa y que coincidía con el que tenía
registrado como contacto Nelly Entertaiment.
Recuerdos
Entre el testimonio de Teruel y el de Brusco, fue llamado a
declarar el ex legislador justicialista Hugo Berthet.
El primer objetivo de la convocatoria de quien fuera
diputado y luego senador provincial fue conocer si los empleados que, como
testigos, indicaron que habían trabajado a medio tiempo en las imprentas TEP y
Next y también como contratados suyos en la Legislatura habían dicho la verdad.
Berthet lo ratificó. Dijo que eran gente de General Campos, donde vivió muchos
años, y que los conocía de allí. Pero se desligó de cómo se dio el papeleo en
Administración y de cómo les pagaban sus contratos.
El segundo motivo estuvo ligado a la exposición que dio en
2016 ante Fiscalía. En esa oportunidad dijo que en 2010 Aguilera, decepcionado
de la política por la falta de oportunidades de crecimiento personal, le había
comentado que quería poner una imprenta con su señora. Ante el Tribunal dijo
que se acordaba de eso, pero que no sabía si lo había concretado o no. Y que un
tiempo después el cuñado de Urribarri había logrado llegar a ser secretario de
bloque en el Senado, dando a entender que la frustración que lo iba a alejar de
lo público y lo llevaba a un emprendimiento particular ya no existía.
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