Megajuicio: se esperan testimoniales en el marco de la causa “sueño entrerriano”
Se reanuda el megajuicio por corrupción en Entre Ríos. Para este lunes se espera la declaración de testigos en el marco de la investigación que se conoce como “sueño entrerriano”.
Según se adelantó el jueves pasado -última jornada de audiencia-,
declarará Ricardo Alberto Genolet como fiscal Nº 2 del Tribunal de Cuentas de
la provincia de Entre Ríos. Referirá a su intervención sobre expediente
mediante el cual se contrató la difusión de spots publicitarios en el ámbito de
la Cumbre del Mercosur.
También se espera la testimonial de Alfredo Manuel Bedriñan
como exsecretario de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, que declarará sobre
su intervención en la contratación del mes de diciembre del año 2014 para la
instalación del Parador en la ciudad de Mar del Plata.
Declarará María Luciana Rodríguez, que ratificará respecto
de un procedimiento de preservación de páginas web realizado por el Gabinete de
Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, en el marco del legajo
conocido como “parador playero”.
Asimismo, se espera la declaración del exsecretario de
Justicia de la provincia, Rubén Virué. Será consultado sobre la asignación de
su domicilio personal, en Larroque, a la empresa “El Juego en que Andamos
S.R.L.”, que no tenía domicilio en la provincia cuando le fue adjudicado un
contrato para el funcionamiento del parador playero en Mar del Plata.
Causas acumuladas
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción
en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio
Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con
sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su
esposa Ana Lía Aguilera-.
El primero de los legajos investigados en el Ministerio
Público Fiscal -representado en este debate por la fiscal Anticorrupción
Cecilia Goyeneche, y los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan
Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa delas
imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de
Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del
exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano
Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y
Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la
vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel,
contadora de las empresas.
La hipótesis principal apunta al direccionamiento de
publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que
adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el
publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del
debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de
salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista
paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de
juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años
y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer
como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre
y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que,
de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación
abarca un período que va de 2010 a 2015.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño
entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur;
Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri;
Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo
Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de
gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del
exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global
Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18
medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no
estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores
del Estado.
En el debate intervienen, además de los fiscales, los
defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio
Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
El tribunal está compuesto por José María Chemez, carolina
Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y no
se sabe bien cuándo concluirá, debido a la complejidad de los delitos
investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate
y a la cantidad de testigos previstos.
Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el
ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración
pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de
dólares.
Analisis
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