Megajuicio: “Estas causas tienen el objetivo de enlodar un gobierno”, dijo Pedro Báez
El exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, pidió tener ayuda memoria y una tablet para deponer en el megajuicio por corrupción. En principio comenzó a las 9.48 de este jueves, pero debió suspender su declaración por problemas técnicos en la transmisión del canal de YouTube del Poder Judicial. Volvió a sentarse frente al tribunal que componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, a las 10.28. Estuvo en ese banco casi 2 horas y media. No aceptó preguntas y remarcó: "No cometí ningún delito".
Saludó la realización de “estos juicios” porque “no siempre
fue así”. Aseguró que “la apertura de estas casusas, tiene el objetivo de
enlodar una gestión de gobierno”. Dijo que resignó su participación en la
Comisión de Juicio Político de la Legislatura cuando fue diputado provincial, a
propósito de su situación judicial. “Siempre estuve a disposición y a derecho”,
apuntó y dejó una pregunta flotando en el aire: "Si nosotros gestionamos
la comunicación institucional de un gobierno, de la misma manera que se hacía
antes que nosotros, en el marco de la ley, y después que nos fuimos se siguió
gestionando igual que nosotros ¿por qué sólo nosotros somos merecedores de
grandes imputaciones?”.
También dijo que “la historia pone las cosas en su lugar” y
fundó las acusaciones en su contra en “prejuicios” y “emocionalidad”. “Me
siento orgulloso, fui parte de un equipo que puso todo de sí para transformar
la provincia. Eso intentamos comunicar a todos los ciudadanos entrerrianos”.
Báez está imputado en cuatro de los cinco legajos que se
discuten en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) desde el
27 de septiembre último. Tomó la decisión de dar sus explicaciones en la
jornada 24 del debate. Se defendió de su imputación en la conocida como “causa
de las imprentas”; agregó explicaciones también en dos de los tres legajos que
componen la investigación conocida como “sueño entrerriano”. Por eso dio
explicaciones en torno a la “causa Nelly”, a partir de la cual se investigó la
difusión de cuatro spots televisivos durante la Cumbre del Mercosur, y el
legajo “Solicitada” por la publicación de un llamado a la unidad que firmó el
exgobernador Sergio Urribarri contra los fondos buitre. En ese tramo se
emocionó.
No dijo nada sobre el legajo en el cual se imputó también al
comerciante Germán Buffa. Es que en lo que va de juicio, la prueba oral sobre
esa causa no se ha producido.
Recurrió a la pantalla gigante dispuesta en la sala de
audiencia. Uno de sus defensores, el abogado José Velázquez, lo asistió con esa
herramienta. Fue mostrando decretos de su gestión, partes de expedientes y
hasta un cuadro de gastos deducido del informe que produjo el contador Héctor
Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal (MPF).
“En primer lugar decir que no cometí delito y tampoco los
que se me imputan; y quiero ratificar cada una de las declaraciones de la etapa
instructoria”, planteó al inicio. “Estuvimos 8 años con responsabilidades y
desde que dejamos transcurrieron 6 años más. En 14 años, no hay un pago
detectado por organismos de contralor que merezca una calificación de
lesividad. No hay juicio de cuentas. Ni de Fiscalía de Estado, ni Contaduría,
Tesorería, ni la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, ni del Tribunal
de Cuentas surgió ninguna irregularidad respecto de centenares de actuaciones
administrativas”, mencionó. “Sabemos que los actos administrativos son válidos
al menos que se declare lo contrario. Sostengo que todas las imputaciones,
están teñidas de subjetividad y en todo caso, como toda acción de gobierno
deberían admitir una evaluación política”, valoró.
“Causa de las imprentas”
Se refirió en primer lugar a la “denominada ‘causa de las
imprentas’, aunque contratábamos servicios publicitarios en vía pública”. “Si
las empresas requerían servicios de impresión, no era cuestión sobre la cual
debiéramos prestar atención. Cuando dejamos la gestión, la comunicación del
gobierno se encontraba en términos funcionales, operativos y administrativos,
descentralizada”, aseguró.
Reseñó la creación del Registro de Medios y habló del
fortalecimiento de “controles” durante los dos períodos que ocupó el área de
comunicación del Gobierno de Entre Ríos. “Se hacía sin normas, ni Registro de
Medios y los controles eran más laxos que los que establecimos luego. Nosotros
revertimos esa situación. Si hubiésemos querido hacer lo que nos imputan, no
hubiésemos tomado decisiones que en la práctica significaron limitar la
discrecionalidad, ni establecido controles más estrictos”.
Dijo que hicieron “un programa agresivo de distribución de
la pauta publicitaria”. “Desde que configuramos el mapa de medios de toda la
provincia, hasta el medio más pequeño sintió el acompañamiento de su gobierno
provincial, aún con pauta publicitaria insignificante para nosotros pero
importante para ellos”. “Es posible y natural que se hayan instruido
expedientes en los cuales se hayan deslizado errores. El nuevo proceso de
descentralización, el registro de medios, el plan de medios significó no solo
un aprendizaje para el personal, también lo fue en términos de mayores
requisitos para los medios”, agregó.
En algunos momentos recordó cuando llamaban a los medios y
“se pedía que se corrija tal nota” y diferenció en ese sentido el contacto que
mantuvo con las empresas que hacían publicidad en la vía pública. “Los precios
de las publicidades varían, no son homogéneos. No es lo mismo el precio del
segundo en una radio del interior musical que en una de interés general muy
escuchada”, añadió más adelante.
Remarcó que “tanto el Legislativo como el Ejecutivo
entendían que la contratación directa es la forma de contratar publicidad y
dictaban norma para facilitarla. Esto no fue objetado en sede judicial ni
organismos de contralor”. “Las normas y procedimientos fueron correctos,
amparados por la normativa vigente y no es cierto que hayamos sorteado los
mecanismos legales vigentes”, subrayó.
Después contestó puntualmente a la declaración del jefe de
auditores del Tribunal de Cuentas, Hugo Rodolfo Jensen, que la semana pasada
refirió falta de fundamentación en las contrataciones directas de publicidad.
“Quiero mostrar la voluminosidad de los fundamentos, por eso que se dijo de la
falta de fundamentación”, apuntó.
También se ocupó de responder los cuestionamientos sobre la
confección de expedientes, las fechas en que se emitieron órdenes de publicidad
y el anexo de procesos restantes. “Es obvio que la carátula será posterior a la
orden de publicidad, porque es la orden de publicidad la que da origen al
expediente. Esa interpretación libre de ver tantas irregularidades en
actuaciones que son normales y no pueden hacerse de otra manera. Además
clarificar mi relación con eso, era ministro, no jefe de despacho. Tenía miles
de expedientes de publicidad y en paralelo Cultura y Telecomunicaciones. No
hubo ningún organismo de contralor que en 14 años viera tantas irregularidades,
es raro”, deslizó.
Negó el direccionamiento de publicidad a empresas puntuales.
“Contratamos a prestadoras de servicios de publicidad en vía pública que
reunían los requisitos para eso. Es decir las empresas con el equipamiento,
inscriptas en registro y autorizadas. No había alternativas”, señaló y agregó
que “no hubo discriminación”. “Democratizamos la pauta publicitaria. Ese hecho
tiene que ver con la ausencia de denuncias respecto de nuestra gestión en ese
sentido. Estamos respondiendo en estas causas, pero denuncias de discriminación
no tuvimos”.
Frases
Algunas frases o ejes de su defensa sobre la “causa de las
imprentas” fueron las siguientes:
“Mi relación con Juan Pablo Aguilera fue respeto mutuo.
Compartíamos un mismo espacio político. Nunca hablé con él sobre campañas
publicitarias institucionales de gobierno y tampoco las partidarias”.
“Nunca hablé con
Montañana -Fernando-; ni con -Emiliano- Giacopuzzi que me lo señaló en
esta misma sala el día que comenzamos el juicio sobre estas cuestiones.
“No conocía a -Corina- Cargnel”.
“Hablé una sola vez con -Jesús- Bustamante cuando me pidió
audiencia porque él organizaba un festival de boxeo en el Club Echague y fue a
pedirme auspicio gubernamental”.
“Los servicios publicitarios en vía pública no requerían mi
participación, las campañas se diseñaban el Ministerio, de allí surgía un
diseño que se comunicaba con una orden de publicidad al prestador que debía
imprimir y colocar en la calle”.
“La actividad de los medios convencionales requiere otra
dinámica. Allí sí hay que analizar noticias, de la manera que se la comunica.
Los medios editorializan, pretenden saber. Esa es la razón por la cual con
algunos hablaba mucho y con otros no hablaba nada”.
“Fuimos estrictos en el control y la implementación de
campañas publicitarias que en su inmensa mayoría no eran campañas de nuestro
ministerio o área”.
“Vi a través de distintas publicaciones e informes de montos
que no tienen nada que ver”.
“A Tep pagamos en promedio mensual 222 mil 856 pesos por las
campañas. Esa es la realidad y razonabilidad a la que me refiero. Teníamos
garantizada la comunicación masiva, que podíamos segmentarla y era masiva en
toda la ciudad de Concordia y la mitad de Paraná”.
“Las empresas prestadoras de publicidad en la vía pública se
controlaban a sí mismas. Por eso decidimos poner a alguien que controle in
situ. Desde ese momento las campañas fueron controladas. Mejoró el servicio,
pero además detectamos incumplimientos”.
“Cuando el Estado empezó a controlar, aparecieron los
problemas hasta penales”.
“Mi firma en todas las fojas de expedientes por una cuestión
administrativa”.
“Tanto -Gustavo- Tamay como yo, como otros empleados,
viajábamos con muchísima frecuencia. En esa práctica muchas veces ocurrió que
luego de constatar la implementación de campaña, él llamara a la administración
y comunicara que tal campaña estaba controlada y que imprimieran la
certificación para pasar a firmarla cuando llegara”.
“Nunca se pagó nada que no se hubiese hecho. No se pagaron
campañas que no se realizaron correctamente por parte de la empresa Tep. No se
certificaron y no se pagaron”.
“Solicitada”
Otro tramo de su declaración de imputado refirió a la causa
“Solicitada”. La Fiscalía entiende que el texto publicado en medios de todo el
país, firmado por el exgobernador Urribarri -en pleno proceso judicial entre
Argentina y los fondos buitre- a partir del cual se convocó a la “unidad”, tuvo
el objetivo velado de lanzar a Urribarri como presidenciable.
Báez hizo toda una digresión sobre la operatoria de fondos
de inversión sobre las deudas de países periféricos. Habló del “sufrimiento
indecible de los pueblos del continente africano. Sus estados no pueden
siquiera cumplir con la salud, la educación, la vivienda o acceso al agua
porque los presupuestos deben ser reasignados para pagar deuda”. Se emocionó.
“Esas mismas situaciones tienen que vivir los pueblos de
Irlanda, Chipre, Grecia y Panamá. Eso era ni más ni menos lo que estaba en
juego en 2014, en la negociación que llevaba adelante argentina. Nosotros
formábamos parte de la fuerza política que en ese momento gobernaba argentina.
Nuestro gobierno nacional estaba jaqueado, los fondos financiaban a los medios
nacionales y a la oposición política a través de fundaciones”, evaluó.
Señaló que “Urribarri no fue el único que lo hizo”. También
se pronunció en ese sentido “el Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas; la Celac y otros gobernadores”. “La historia nos enseña que
cuando los pueblos y sus dirigencias no logran acuerdos amplios y profundos que
den lugar a unidad, terminan sucumbiendo ante estos poderes. El gobernador de Entre
Ríos era una referencia, trascendía la provincia y se había ganado el respeto.
Eso le concedía autoridad para levantar la voz. La solicitada es el reflejo del
ejercicio responsable de la autoridad federal regional que reclama, y
trasciende la provincia frente a embate externo”.
Agregó que “la acusación de la solicitada asegura que forma
parte de un dispositivo de instalación política electoral. Eso se desmorona con
la mera lectura de su texto. Todos sabemos que una candidatura se define al
interior del espacio político”.
“Causa Nelly”
Por último se refirió al legajo que investigó la difusión de
cuatro spots televisivos en el marco de la Cumbre del Mercosur realizada en
Paraná, en diciembre de 2014. “En 2014 veía alumbrar un gran esfuerzo de la
gestión de gobierno que inició sus tareas en 2007. Entendimos que se podía
difundir en el marco de la Cumbre pero no podíamos enfrentar ese trabajo en el
Ministerio porque estábamos colapsados. No estábamos en condiciones de
asumirlo, sentía que no podía pedirle más a mi equipo de trabajo”.
“Me desentendí, puse los materiales que teníamos en el
Ministerio y con pequeños trabajos de post producción, podían difundirse. No
era parte yo de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur -de donde salieron los
recursos para pagar a los medios nacionales para que se emitan en horario prime
time los spots publicitarios-. Durante la Cumbre me dediqué a una infinidad de
medios nacionales y extranjeros que querían cubrir y debíamos atender. Volví a
tomar contacto con el tema cuando la Unidad Operativa nos mandó cuatro
propuestas de empresas. Remití al área jurídica que emitió un dictamen que
compartí. Una propuesta adolecía de requisitos, la otra era novedosa porque
disponía implementar la campaña a través de celulares. Concluimos en sugerir
contratación de medios convencionales, particularmente televisión porque se
podía certificar y pagar”, manifestó.
Báez agregó que en esa instancia conoció la empresa Nelly
Entretaiment -propiedad de Jorge Corcho Rodríguez, a quien se le suspendió el
juicio a prueba-. Nunca hablé con nadie de esa empresa. El real objeto fue
contratar espacios para difundir la provincia de Entre Ríos. Se emitió por los
medios nacionales y luego se abonó. El contenido de los spots es otro tema”,
completó.
Analisis
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