Harán controles toxicológicos a policías: despedirán a quienes consuman drogas
Para controlarlos, implementarán controles toxicológicos periódicos y espontáneos. Echarán al que tenga drogas en sangre. Lo que motivó la resolución fue que habrían encontrado a un grupo de policías consumiendo marihuana
En el marco de un episodio que causó un importante revuelo
interno en la Policía de Entre Ríos, las autoridades bajaron la orden de
informar a todos los integrantes de la fuerza sobre la resolución del año 2019
que priva a los policías de cualquier tipo de contacto con “las sustancias
estupefacientes prohibidas por la Ley”; de lo contrario estarán expuestos a un
sumario y la baja de la institución. Para controlarlos del uso de drogas,
implementarán controles toxicológicos periódicos y espontáneos.
Lo que motivó la resolución firmada por el jefe Gustavo
Maslein el 4 de enero pasado fue que habrían encontrado a un grupo de policías
consumiendo marihuana. Pese a advertencias sobre estas situaciones o a los
planteos para que el asunto se aborde desde un punto de vista sanitario, ahora
se ordenó a “los señores directores, jefes departamentales, jefes de divisiones
y secciones notificar a su personal de la resolución de 2019 que no se admitirá
por parte de la institución policial que el personal consuma drogas ilícitas
dentro de su faz particular o profesional, ya que eventualmente y en forma
alternada se efectuarán controles selectivos específicos para verificar que el
personal subordinado cumple con los requisitos físicos e intelectuales que
actualmente requiere nuestra repartición”, sostiene la misiva de hace 19 días.
La disposición del jefe de la Policía remite a la resolución
de 2019 donde se fundamenta la postura institucional con mayor profundidad, de
la cual se destacan algunos puntos:
“El consumo de drogas ilícitas resulta absolutamente
incompatible con el estado policial con que el ordenamiento jurídico inviste a
los funcionarios policiales de todos los cuerpos”.
“Para el cumplimiento de su rol específico de seguridad
pública, le imposibilita naturalizar esta conducta al policía por sus negativas
connotaciones éticas, funcionales y legales”.
“Si bien el consumo y/o abuso de drogas prohibidas puede
virtualmente producirse en dos esferas -la privada y la laboral-, en ninguno de
ambos casos es ajeno a la institución sino que la atraviesa profundamente en
razón de las peculiaridades del trabajo policial ya que el abuso o contacto de
uso con drogas, sea porque tiene lugar en el horario de trabajo o fuera de él,
necesariamente impacta nocivamente en la imagen y trabajo policial, dado que
una de las funciones primordiales de la Policía de Entre Ríos es, justamente,
prevenir los delitos y concurrir al cumplimiento de las leyes, debiéndose
hallar el efectivo en condición de total capacidad para hacer frente a dicho
flagelo social”.
“El consumo de drogas ilícitas por parte de un funcionario
policial, inexorablemente trasciende el ámbito de lo privado para incidir en la
vida cotidiana de la institución y de la sociedad toda, ello en función a que
la persona que de alguna manera tuviera contacto de uso con sustancias
prohibidas, ya sea por consumo eventual, recreativo o adictivo/dependiente,
resulta con afectaciones físicas y psicológicas, en atención a que en su
organismo a pesar del transcurso del tiempo y de la acción del metabolismo
subsisten los efectos perniciosos”.
“Por tratarse de una substancia de naturaleza ilícita,
necesariamente exige que el consumidor por sí o por interpósita persona se
acerque e interactúe en la cadena de comercialización ilegal”.
Se cita además al Reglamento General de la Policía (una ley
del año 1975), donde se refiere que podrán echar al policía que se le compruebe
la “disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el correcto
desempeño del cargo”.
Dos situaciones
Se dispuso un “Procedimiento administrativo aplicable al
personal policial detectado en contacto de consumo de drogas ilícitas”.
Primero, habla de la “obligación ineludible de someterse a los estudios que se
indiquen a objeto de determinar el consumo y/o contacto de uso con sustancias
estupefacientes prohibidas por Ley”. Al policía que el análisis le da resultado
positivo, queda “automáticamente sujeto a Junta Médica Superior” y sumariado en
Asuntos Internos.
Los médicos dispondrán las evaluaciones físicas y
psicológicas que se consideren pertinentes, “debiendo someter a un nuevo
control de presencia de substancias estupefacientes transcurridos los 90 días
desde su puesta a disposición de dicho tribunal médico”.
Luego, plantea dos situaciones: si la Junta Médica Policial
determina que “el funcionario presenta dependencia/adicción”, el mismo será
declarado como “inepto total y permanente" y le darán la baja por
invalidez. Si concluyen que el policía es consumidor eventual, el mismo tendrá
un sumario “por falta grave al ser considerado consumidor recreativo y
participar de manera directa o indirecta en la cadena del narcomenudeo, no solo
omitiendo su represión sino también cooperando con tal entramado ilegal cuando
su misión específica es justamente la contraria”.
Reparos
Según publica diario Uno, tal disposición causó distintas
opiniones, y en particular la preocupación de quienes vienen trabajando en
torno al uso medicinal del cannabis.
La resolución de Maslein “ha generado una razonable
inquietud en torno a derechos humanos básicos del personal que vela por el
orden y la seguridad de la ciudadanía entrerriana”, sostuvo el abogado Andrés
Bacigalupo, quien trabajó en la redacción de la Ley 10.894 y es un activista en
la temática, y agrega: “Surge el interrogante de qué pasará con aquel personal
policial que deba hacer uso de cannabis medicinal”.
Bacigalupo, primero, contextualizó el asunto: “En nuestro
país, la mirada sobre el consumo de cannabis ha sido abordada históricamente
desde agencias estatales que lo han asociado siempre a la criminalidad o a la
perdición de la moralidad, mas dichos enfoques pocas veces se han sustentado
sólida y rigurosamente en el campo científico y/o médico, en efecto, en las
escuelas de policía afirmar que el cannabis es un tóxico alcanza ya de por sí
para avalar cualquier conducta dirigida a impedir su consumo o circulación en
la población”.
Luego, apuntó a la “peligrosidad” de la resolución, que no
ha contemplado las distintas circunstancias que pueden ocurrir en torno al
consumo de marihuana: “Con la normativa vigente en nuestro país cualquier
ciudadano puede solicitar al Ministerio de Salud se le autorice el autocultivo
y consumo, así sea hasta para tratar migrañas crónicas, insomnio, ansiedad o
bruxismo. Imaginémonos desde ya la cantidad de enfermedades y tratamientos
postoperatorios o para aliviar efectos de quimioterapias en los cuales cada día
más se frecuenta consumirlo en diversas presentaciones. El espíritu normativo
tanto a nivel nacional como provincial prácticamente ya no discrimina entre
patologías o dolencias, y su anclaje es constitucional y convencional en
resguardo del derecho a la salud. De allí a que considero que posiblemente se
generarán fuertes tensiones entre derechos humanos básicos del personal
policial”.
Por esto, es que Bacigalupo entiende que con las autoridades
policiales ponen en peligro la salud de policías que “se vería seriamente
comprometida obligándose a todo el cuerpo policial a acudir a tratamientos
convencionales que puedan perjudicarlos mucho más”. Más aún teniendo en cuenta
que en una institución como la Policía, “vertical y rígida”, nadie se
arriesgaría a perder el trabajo por más que necesite del cannabis por su salud.
No hay comentarios.