Megajuicio: "La difusión de los spots fue más costosa que la cifra remitida por Nación"
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano realizan alegatos de cierre en el megajuicio por corrupción. En el inicio de la jornada, Fiscalía expuso su tesis acusatoria en la causa Global Means. Lo mismo ocurrió horas más tarde con dos de las tres causas acumuladas conocidas como “sueño entrerriano”: la solicitada contra los fondos buitres; y la difusión de cuatro spots en la Cumbre del Mercosur. Para el jueves se espera el alegato de cierre en el legajo que investigó la instalación del parador playero en Mar del Plata, a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y, posteriormente, se conocerán los pedidos de pena.
“El argumento que usan en referencia a que Fiscalía pretende
inmiscuirse en contrataciones aprobadas por organismos internos, no resiste
menor análisis porque eso no funciona como un baño de transparencia de todas
las irregularidades que analizamos acá, ni exime a los funcionarios de
responsabilidad”, alegó la fiscal Yedro.
En tanto, el fiscal Badano advirtió “el desvío de poder por
parte de funcionarios públicos para promover imagen del exgobernador Sergio
Urribarri como precandidato a presidente de la Nación. Fue un plan de
Urribarri. Todas las contrataciones se llevaron a cabo en un breve período de
tiempo, entre enero de 2014 y enero de 2015”. Específicamente en la causa de
los spots, Badano describió “negociaciones por fuera” del Gobierno para llevar
a cabo una contratación simulada bajo el ropaje de un llamado para cotejo de
precios y acusó que el dinero público sobre el cual se echó mano, fue mayor al
remitido por Nación para los gastos de la Cumbre.
“La libertad para contratar con empresarios que no cumplían
y no respetaban procedimientos fue una constante”
Tal fue una de las frases que dejó el alegato de la fiscal
Patricia Yedro en el marco de la causa Global Means, que tiene como imputados
al exgobernador Urribarri; al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez;
y al empresario Germán Buffa. Los tres están imputados por contratar espacios
en medios a través de la empresa Global Means que no figuraba en el registro de
medios de la provincia, entre otras irregularidades.
“La libertad y discrecionalidad de Urribarri y Báez para
contratar con empresarios que no cumplían las reglas en los procedimientos y
que no respetaban lo previsto en la normativa, fue una constante durante la
gestión. Se dio en casos cuando la contratación beneficiaba al entorno de
alguno de ellos, ocurrió con el familiar de Urribarri -en referencia al cuñado
Juan Pablo Aguilera y las contrataciones de Tep y Next-, y caso de Germán Buffa
que tenía relación cercana a exministro Báez. Esto evidencia situaciones de
privilegio”, manifestó.
La fiscal repasó los testimonios de funcionarios del
desaparecido Ministerio de Cultura y Comunicación y recordó que según esas
declaraciones una condición indispensable “estar en el registro de medios para
ser contratado, al menos contar con una preinscripción” que se hace de modo
virtual. “Virginia Lisnofsky estuvo a cargo del registro desde que se creó.
Habló de los pasos que debían seguir las inscripciones, dijo que si el medio no
estaba dado de alta en el registro no se podía contratar. Que ella daba el alta
a los medios, eso ocurre cuando los medios completaban con documentación física
la preinscripción”, repasó.
La fiscal retomó los distintos descargos de Germán Buffa a
lo largo del proceso, los que hizo en el Juzgado de Transición cuando se
llevaba adelante la instrucción y el que produjo en el debate oral. “Dijo que
en 2009 contrató por primera vez con el Estado y fue incrementando su
actividad. Pero el primer comprobante de inscripción de Global Means en el
registro de medios es del 1 de noviembre de 2011. Global Means se constituyó
como sociedad en septiembre de 2011. Se dio de alta para los impuestos desde el
octubre de 2011, y el contrato social es del 15 de agosto de 2011. Pero Buffa venía
contratando con el estado desde 2010. Él no podía desconocer los requisitos que
debía cumplir para contratar con el Estado. Era plenamente consciente, aunque
su situación no haya estado regularizada iba a ser contratado, por eso no se
preocupó de presentar a tiempo la documentación. Lo único que importó es que la
contratación salga a su nombre por vía directa, con ausencia de cualquier
control, luego habría tiempo de regularizar la situación”, alegó.
Yedro aseguró que las publicaciones en cuestión, realizadas
en 2011 el diario Agroempresario, se hicieron en el marco de un “expediente
plagado de irregularidades, sin posibilidades de dar marcha atrás. Para eso
Buffa actuó en connivencia con los dos funcionarios que lo contrataron”, apuntó
a Urribarri y Báez. “La libertad y discrecionalidad de Urribarri y Báez para
contratar con empresarios que no cumplían las reglas en los procedimientos y
que no respetaban lo previsto en la normativa, fue una constante durante la
gestión. Se dio en casos cuando la contratación beneficiaba al entorno de
alguno de ellos, ocurrió con el familiar de Urribarri -en referencia al cuñado
Juan Pablo Aguilera y las contrataciones de Tep y Next-, y caso de Germán Buffa
que tenía relación cercana a exministro Báez. Esto evidencia situaciones de
privilegio”.
Más adelante se refirió a la relación que unía a Buffa con
el exministro y su esposa. “La relación fue negada por el imputado Buffa, en
las declaraciones que rindió va cambiando el relato con el fin de negar la
relación con el exministro. Alguna vez declaró que a Báez lo conoció en 2009
por intermedio de Bechara, que los presentó en un hotel de esta ciudad, a
instancias de un emprendimiento con José Ostrosky llamado Amanzi Termal, un
proyecto que consistía en un hotel con piletas, Buffa brindaba asesoramiento a
ese proyecto del que también participaba la esposa de Báez, Sofía Riquelme.
Negó haber sido el contador de esa empresa. Se ocupó de auditar externamente a
esa empresa, y agregó que al contacto con Riquelme lo tuvo en dos o tres
ocasiones, negando otro contacto con ella”, relató.
Recordó además que “más allá de reuniones de asesoramiento,
Buffa admitió haber tenido contacto con Báez en Casa de Gobierno porque el ex
ministro le pedía que interceda con los medios para exigirles que saquen más
noticias relacionadas con la provincia, que habló por teléfono con él varias
veces por esto, que Báez era insistente. Buffa también dijo que fue a la casa
del exministro en alguna oportunidad y hasta cenaron juntos una vez”.
“El descargo de Buffa es poco creíble. No caben dudas que el
cambio en el relato tiene por finalidad negar el vínculo con Báez. La relación
entre ellos iba más allá de lo laboral. Hay una autorización de él a nombre de
Sofía Riquelme y el hijo de Báez. Una autorización para manejar un vehículo.
Para eso se acercó a una Escribanía, no a extender una tarjeta azul donde
quedarían registros. ¿Qué lo llevó a extender esa autorización? ¿La relación
con Riquelme o con Báez?”, se preguntó la fiscal. “A su vez el ministro le
extendió a Buffa una autorización de libre tránsito y estacionamiento expedido
por el Ministerio de Cultura y Comunicación”, acotó.
“La relación entre el exministro y Buffa venía de antes de
ser beneficiado con la contratación y se extendió tiempo después. A esa
conclusión arribamos a partir de información que se extrajo de un teléfono de
Buffa, secuestrado en un allanamiento que se hizo años después de 2011 y en el
contenido de intercambio entre Buffa y Báez se advierte un trato cercano y
amistoso”, valoró.
Subrayó que “Buffa fue contratado entre 2011 y 2015, en modo
personal y a través de su empresa Global Means. La empresa Nueva Contacto
también es de Buffa, y también se le asignaron millonarias sumas. Lo supimos a
partir del informe del contador Enrique, elaborado en base a información del
Banco Francés que el propio imputado aportó”, lanzó la fiscal.
“Que las contrataciones hayan pasado por los organismos de
control no resiste el menor análisis”
En otro tramo de su alegato, la fiscal Yedro habló de la
corrupción y la función de los organismos de control interno del Gobierno. “El
argumento que Fiscalía pretende inmiscuirse en contrataciones aprobadas por
organismos internos, no resiste menor análisis porque eso no funciona como un
baño de transparencia de todas las irregularidades que analizamos acá, ni exime
a los funcionarios de su responsabilidad”, dijo.
“Una de características de actos de corrupción es que son
hechos complejos, cometidos por personas con conocimientos diferenciales que
acceden al poder, son el poder o una parte importante de ella. El fenómeno de
la corrupción descansa sobre determinados criterios, patrones y pautas que se
repiten. El contexto para estos actos es la falta de publicidad, el intercambio
opaco y no visible, de difícil descubrimiento. Los delitos económicos son
ineficaces porque son de difícil prueba. Nos resulta complicado obtener la
prueba que acredite hechos, no hay testigos, y los que saben no se prestan a
decir lo que saben. Es difícil obtener la prueba documental cuando son
plasmados en documentos, la víctima no asiste a la producción de prueba, son
delitos que dejan víctimas difusas, corporizadas en el Estado, y estos daños
son percibidos tardíamente”, argumentó.
“En dos legajos que intervine, hay un interés de Urribarri y
Báez, un quebrantamiento de las funciones públicas para las que fueron
elegidos. Se valieron de normas y facultades amplias y discrecionales. La norma
establece la posibilidad de elegir entre varias opciones, siempre tiene que ser
lo que mejor satisfaga al Estado. Esa discrecionalidad que la ley otorga, no
exime al funcionario de obrar en pos del interés público y de justificar todos
y cada uno de los extremos de la decisión”, agregó.
De inmediato diferenció “discrecionalidad no es
arbitrariedad”. “Hablamos del principio que otorga validez al órganos del
Estado y permite a los jueces verificar los actos de otro poder, sin que eso
implique una afectación a la división de poderes. Y por eso estamos en este
debate. Los compromisos del país obligan al Estado a trabajar para prevenir y
erradicar la corrupción, eso comprende correcto, honorable y debido
cumplimiento de funciones. Se exige a los funcionarios actuar con prudencia. Se
exige obrar con templanza. Los cargos se deben ejercer en pos de interés
público. La detección y sanción de hechos de corrupción debe conocerse, una vez
visibilizados deben percibirse como perjudiciales para la sociedad. Aspiramos
que al finalizar este debate, todos los autores o partícipes respondan, brinden
respuesta”, cerró.
“Fue un plan de Urribarri”
El fiscal Gonzalo Badano, a cargo de las investigaciones por
la difusión de cuatro spots publicitarios en el marco de la realización de la
Cumbre del Mercosur en Paraná; y la publicación de una solicitada contra los
fondos buitre, hizo sus alegatos de cierre este martes. Habló de “desvío de
poder por parte de funcionarios públicos para promover la imagen de Urribarri como
precandidato a presidente de la Nación”. “Fue un plan de Urribarri. Todas estas
contrataciones se llevaron a cabo en breve período de tiempo, entre enero de
2014 y enero de 2015”, enmarcó.
“Las negociaciones de estas contrataciones se hicieron en
forma superpuesta, por fuera del Estado, contrataciones por sumas millonarias.
Advertimos que se dijo que por parte de Fiscalía se criminalizaron las
aspiraciones personales. Acá investigamos delitos, sabemos que se usaron fondos
públicos para aspiraciones personales”, acusó el fiscal.
Badano describió el momento histórico en el que se inscriben
los hechos investigados. Retomó la declaración del publicista Ignacio Labarba,
quien dijo que “el posicionamiento de los candidatos lleva muchos años, porque
primero la sociedad tiene que conocerlos”. Remarcó que la asistencia de
Urribarri a programas de televisión “no está imputada” pero sirve para
contextualizar el momento.
La solicitada “con un alto valor para la postulación” de
Urribarri
“En la solicitada, Urribarri habló de un problema que tenía
el país, tal como contestó Labarba cuando se le preguntó de qué debía hablar un
candidato. Además la defensa trajo un testigo de apellido Rinesi que seguro
será usado por ellos -los defensores- para sostener que no hubo campaña
política, porque redujo las campañas a los plazos electorales, como si los
actos por fuera de los plazos no fueran campaña. El mismo Urribarri habló en el
programa 678 -emblemático producto emitido por Canal 7 durante el kirchnerismo-
de la solicitada”, introdujo el fiscal y pidió la emisión de unos 50 segundos
de ese archivo en la audiencia.
“Nadie llega a ser presidente por dinero o por medios, sino
por convicciones y porque hay una sociedad que quiere otra cosa. Hace 6, 7
meses, u 8 meses. Yo propuse en una solicitada que hice en todos los medios de
comunicación, que los precandidatos y es más, enumeré los temas sobre los
cuáles debíamos decir qué queríamos hacer con cada una de estas cosas, que no
son otras que las políticas de Estado que orientan el cambio en los últimos
años en la Argentina. No hubo ninguno de los precandidatos que haya tomado eso
y decir, bueno hagámoslo. Yo propuse temas, propuse fechas, propuse canales,
los 5 canales abiertos. Y bueno no ha ocurrido nada de eso, estimo que más tarde
o más temprano se va a dar, sería muy saludable que se dé. Repito lo propuse
cerca de 8 meses atrás”, dijo el entonces gobernador en el programa.
Badano recalcó que “Urribarri no sólo habla de la
solicitada, la describe, indica cuándo fue publicada y que iba dirigida a los
otros precandidatos a presidente y se incluyó a él mismo, aprovechó un programa
de alto rating. La solicitada no era una publicación más del Estado sino que
tenía un alto valor para su postulación”.
En el mismo sentido, alegó que la solicitada “pretendió ser
camuflada bajo el ropaje de interés nacional” y fue pagada con dinero público,
una “contratación de alta significación económica”. “En aquel entonces era un monto
mayor a 4 millones 308 mil pesos que equivalían a más de 504 mil 379
dólares que si lo pasamos a pesos
hablamos de más de 54 millones de pesos. Resulta dificultoso conseguir esta
suma por fuera del Estado, ya sea por dinero propio de Urribarri, Báez o algún
particular, entonces echó mano del dinero público”, acusó.
El fiscal Badano colocó en una línea de tiempo el acto
posterior que encabezó el exgobernador con gremios en el Club Ferro y su
presentación como precandidato en CN23. “En el acto de Ferro anunció que se
haría en Paraná la Cumbre del Mercosur y que su sueño era ser presidente,
mientras seguía recorriendo ciudades de todo el país”.
La difusión de los spots, “una negociación por fuera del
Estado”
“En noviembre se hizo la Cumbre del Mercosur que también fue
aprovechada por Urribarri para difundir su imagen a través de los spots que
tenía el Ministerio de Cultura y Comunicación para promocionar la imagen. Hugo
Céspedes -falleció cuando inició el debate, excoordinador de la Unidad
Operativa Cumbre del Mercosur-, cuando recibió el pedido otorgó el carácter de
pronto despacho. En el Tribunal de Cuentas intervino la asesora legal Nancy
Vinagre. Dijo que Báez estableció que era necesario para la Cumbre, que se
excusaban por no mostrarle los videos. Por eso el asesoramiento de ella fue
abstracto, no sabía qué se iba a contratar, ni los montos, ni los medios, no se
le brindó detalle. Ella, cuando estuvo aquí, dijo que pensó que los videos iban
a ser difundidos en el fondo del salón de los eventos de la Cumbre, que no
sabía que serían difundidos en los canales de televisión”, recordó Badano.
Agregó que el “expediente tramitó en 48 horas en el TdC.
Posteriormente intervino Fiscalía de Estado y tampoco se facilitaron los
videos, ni montos. Los dictámenes fueron previos, abstractos y a ciegas”.
El 4 de diciembre de 2014, Céspedes llamó a licitación para
un plan de medios a nivel nacional. La falta de especificidades en el llamado
“derivó en que las propuestas no fueran homogéneas”. “No se pudo comparar para
ver qué era más conveniente. Este aspecto fue destacado por Tribunal de
Cuentas. Que no haya sido por contratación directa no es meritorio, porque la
verdadera negociación se llevó adelante por fuera del Estado”. Y este mecanismo
es un “alerta para advertir la comisión de delito”.
Argumentó que esa negociación subterránea está plasmada en
las comunicaciones telefónicas de Urribarri y su entorno de funcionarios y
familia con empresarios mediáticos, especialmente Jorge Corcho Rodríguez -que
obtuvo una suspensión del juicio a prueba-. Badano señaló que los contactos
telefónicos fueron entre junio de 2014 y marzo de 2015 y aseguró que de la
línea que usaba Urribarri a la de Rodríguez se registraron “45 llamadas y 172
mensajes”. “Las llamadas que eran muy frecuentes disminuyeron drásticamente
cuando se produjo la difusión de los spots. Pero tuvieron un promedio de
contacto diario desde que comenzó la relación hasta que se produjo la difusión.
Pero Urribarri también se contactó con miembros de Punto Art -la empresa que
subcontrató Rodríguez para contratar canales de televisión, a cargo del
empresario Jorge Nigro-”, detalló.
Los contactos del entorno
Además marcó los contactos con los empresarios mediáticos de
funcionarios como Hugo Ballay, actual ministro de Economía y por aquellos años
coordinador de Gabinete de ministros de Entre Ríos. “Ballay declaró por escrito
en este juicio y reconoció que tuvo contactos con Nelly Entretaiment. Dijo que
se contactó expresamente con Rodríguez y el apoderado de la firma Nelly. Lo que
no dijo Ballay es cómo obtuvo él la línea de Rodríguez. Hay 57 llamadas y 88
mensajes de su teléfono. El primer contacto fue de Hugo Ballay hacia Nelly
Entretaiment, antes del inicio del expediente -para la difusión de los spots-
el 25 de noviembre del 2014. Además la publicación del llamado para recibir
ofertas fue recién el 4 y 5 de diciembre. Ballay tuvo un promedio de tres
contactos diarios hasta el 12 de diciembre. En este juicio, Ballay dijo que se
contactó por papeles, por cuestiones de inscripción”.
“Raúl Taty Galarza que trabajaba en la Secretaría Privada de
la Gobernación y en la Casa de Entre Ríos “también mantuvo un promedio de 2
contactos diarios con Nelly Entretaiment”, alegó y agregó en ese grupo a
Mariela Teruel, funcionaria de la Secretaría de Comunicación del Gobierno de
Entre Ríos. “También se contactó Juan Pablo Aguilera que era titular de la Casa
de Entre Ríos, y no formaba parte de la Secretaría de Gobierno ni del
exMinisterio de comunicación, aunque sí se ocupaba de instalar candidatos del
PJ por su función en el partido”, señaló.
“¿Por qué tenía que contactarse Aguilera con Nelly y Punto Art? Si no
tenía nada que ver. Es una pauta que nos marca el direccionamiento de la
contratación”.
Franco Urribarri, hijo del exgobernador también mantuvo
contactos con Rodríguez, “del 12 de diciembre de2014 hasta el 16 de diciembre,
día que comenzó la difusión de los spots. ¿Cuál es la relación del hijo de
Urribarri con la difusión de los spots? Franco Urribarri no solo está en esta
contratación, en la del parador también cuando viajó junto a Aguilera y Caruso
a Mar del Plata, antes que supieran que se iba a instalar. Todo nos permite
pensar en el direccionamiento de la contratación”, reafirmó. El fiscal mencionó
también a la esposa de Urribarri, Ana Lía Aguilera, entre quienes mantuvieron
conversación con Rodríguez.
“Esto guarda relación con lo que dijo Jorge Nigro”, valoró
después. “Tenían que organizar los días de difusión, contactarse con los canales
para reservar lugares, los horarios de difusión en el prime time, la duración
de los spot, conocer el tipo de material, fijar presupuesto, buscar la manera
de hacerse de este dinero, conocer las fechas para presentar ofertas, preparar
documentación de la empresa, contar con tiempo para llevar a cabo esas tareas,
traer la documentación a Paraná, entre otras”, enumeró.
“Esto es prueba que la negociación se llevó adelante antes.
Nigro habló de los canales más importantes, los programas más vistos y los
horarios más caros por la cantidad de audiencia. Quien comenzó los contactos
con Nelly fue Urribarri en junio de 2014, con quien mantuvo contactos durante
casi medio año hasta que le adjudicó la contratación. Ocurrió a la par de la
solicitada y mientras andaba por todo el país como candidato a presidente”,
contextualizó.
El fiscal contó “256 contactos por parte de los funcionarios
públicos y familiares de Urribarri, antes de la publicación para llamar a un
cotejo de precios en El Diario de Paraná. Obviamente los llamados tenían la
finalidad, y Urribarri era el principal interesado, en que se difunda su
imagen. No obstante, el expediente no se iniciaba, se inició a último momento.
Todos trabajaron y negociaron por fuera del Estado, y cuando se inició el expediente
fue con urgencia porque empezaba la Cumbre”.
Badano alegó que “Rodríguez contó con información
anticipada, trabajaba en la diagramación de la propuesta, sabía cómo hacer la
difusión, con cuánto presupuesto contaba la provincia. Tenía ventaja sobre
cualquier otro competidor que conoció la propuesta el 5 de diciembre para
presentar todo el 9 de diciembre”, trazó. “Esto fue una fachada para darle
marco de legalidad a una contratación previamente decidida y direccionada. El
plan se ajustó a las necesidades de Urribarri y no de la provincia. Es la
prueba de las negociaciones incompatibles, del direccionamiento a Nelly
Entertaiment, buscando Urribarri su propio beneficio y el de la propia firma”.
“Lo único que no se rindió en los gastos a la Legislatura”
Badao recordó que los spots que se difundieron fueron
elaborados por los hermanos Berger, integrantes de la sociedad El Buey Solo,
“militantes de la Agrupación Artigas” que tuvieron la idea en un encuentro con
Carolina Gaillard en la Casa de Entre Ríos. “Tuvieron la idea de hacerlo en
septiembre de 2014, antes de saber que se haría la Cumbre del Mercosur en
Paraná. No fueron hechos por el Ministerio de Cultura y Comunicación, no
iniciaron un expediente para hacerlos. En el Estado no quedó un registro de la
producción de estos spots: usaron la misma gráfica y estética que se usaba en
otros productos de la campaña de Urribarri. Terminó la Cumbre del Mercosur y la
difusión de los spots fue hasta Navidad”, marcó el fiscal.
Habló de la tipografía y estilo de la campaña. “Urribarri y
aguilera definían de modo anticipado cómo se iban a manejar los fondos públicos
de los entrerrianos”, acusó. “Urribarri estaba en todos los detalles”.
Badano señaló que los gatos de la Cumbre del Mercosur fueron
rendidos a la Legislatura de la provincia, menos la difusión de los cuatro
spots publicitarios. “Todas las contrataciones fueron comunicadas a la
Legislatura menos una, la más cara y la que tenía un objeto distinto a la
Cumbre. Esto fue ratificado por Diego Lara -actual presidente del Tribunal de
Cuentas- que declaró por escrito en este juicio y era diputado en ese momento.
Dijo que no se rindió este gasto a la Legislatura”, alegó el fiscal.
Después comparó: “Entre Nación y provincia se hizo un
convenio marco para la realización de la Cumbre del Mercosur. En su momento el
aporte de Nación fue de 18 millones de pesos, no preveía dinero para
publicidad”.
Recordó el testimonio de la actual titular de Vialidad
Provincial, Alicia Benítez, a quien Urribarri le habló antes y en plena Cumbre
de su aspiración y que con la realización del evento en Paraná apostaba a su
aspiración. “La cumbre era la oportunidad de Urribarri para quedar posicionado.
Se lo manifestó a Benítez sin rodeo, pero usó fondos de la Cumbre para
posicionarse y promocionarse. Es un fin ajeno a los intereses de administración
pública”, manifestó.
Además recordó la deuda que denunció el empresario Jorge
Nigro, a quien Urribarri le pidió las mejores habitaciones en el Hotel Costa
Galana de Mar del Plata, en el mismo mes que se llevó a cabo presentación de
ofertas para la difusión de los spots. “La real negociación se llevaba en forma
subterránea por fuera del Estado. Lo otro que llama la atención es el pedido de
un gobernador a un empresario que fue beneficiado con una contratación
millonaria, en un hotel de lujo, en la temporada más cara, en las habitaciones
más caras. Se configura el delito de peculado por el cual apartaron 28 millones
400 mil pesos del presupuesto de la Cumbre, dispusieron de los fondos y los
aplicaron a la instalación de la precandidatura de Urribarri a presidente. Al
solo efecto de tomar dimensión de esta contratación, en aquel entonces eran más
de 3 millones de dólares, esta cifra es mayor que la remitida por Nación para
solventar los gastos de la Cumbre. Si la comparamos con difusión de spots
institucionales de la provincia, costó 235 veces más”, contrastó.
“Esta contratación de publicidad se trató de la más alta
significación económica de Entre Ríos para difundir videos, y lo fue para los
videos de Urribarri”, cerró.
Análisis
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