Megajuicio: continúan los alegatos de defensa al exministro Pedro Báez
El abogado José Velázquez, codefensor del exministro Pedro Báez, y defensor del empresario Germán Buffa, retomará el alegato que inició el jueves 24 de febrero y se centrará, primero, en refutar las imputaciones del Ministerio Público Fiscal en torno a la “causa de las imprentas” o “causa de la vaca”, la investigación penal abierta ante lo que se sospecha como el direccionamiento de pautas del Estado de publicidad en vía pública en beneficio de las empresas Tep SRL y Next SRL, que se sindica pertenecerían al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación,
exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los
delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la
función pública, 4 hechos, la Fiscalía pidió la pena de 10 años de cárcel, más
la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Germán Esteban Buffa, el empresario que obtuvo una pauta
publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global
Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como
partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función
pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la
inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El megajuicio reúne cinco causas, agrupadas en tres grandes
expedientes.
Primero, fue la “causa de la vaca”: el direccionamiento de
las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento
“cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias:
Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que
tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y
Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en
la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo
Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este
último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que
pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el
Estado entrerriano.
“Un delito continuado”, califica la Fiscalíla a la maniobra, que ocurrió entre 2010 y 2015.
Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por
Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad
estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, afirmó la
Procuradora Adjunta.
La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario
Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho
antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa era “una persona del
entorno” de Báez y por eso se “direccionó” el 1° de julio de 2011 una orden de
publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa
la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da
la suma de 26.900 dólares.
Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente
del “Sueño Entrerriano”. Fiscalía
sostiene que esas investigaciones judiciales tienen un “denominador común, que
es la desviación de poder hacia intereses particulares, vinculado con la idea
de promover la imagen personal de Urribarri a nivel nacional con la aspiración
de instalar su imagen como futuro candidato a Presidente de la República”.
El primer caso es el de la solicitada contra los fondos
buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado
es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de
Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía,
en el marco del “Sueño Entrerriano”. La solicitada se publicó en 18 medios gráficos
nacionales, bajo la mecánica de la contratación directa por vía de excepción, a
pesar de la inexistencia de urgencia que justificara esa vía.
El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”,
alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción
de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre
de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. La acusación dice que el gasto se distrajo en
instalar la figura de Urribarri como precandidato a la Presidencia de la
Nación. Se direccionó la contratación de la difusión de los 4 spots a favor de
Nelly Entertainment SA, del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien obtuvo
suspensión de juicio a prueba en esta causa. El procedimiento de contratación
fue una fachada a través de la cual se ocultó que se negoció directamente,
brindando ventajas e información solo al empresario con quien se quería
contratar. Y dejando sin posibilidad de real competencia al resto.
El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en
el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del
Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de
2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de
$14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.
Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en
funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para
promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se
trató de un ación más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de
Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.
El golpe de efecto
Velázquez es codefensor de Báez y también defensor del
empresario Germán Buffa, de modo que este jueves continuará alegando en la
«causa de la vaca», seguiría con la causa Mercosur y la contratación de Nelly
Entertainment SA; luego la causa de la solicitada contra los fondos buitre;
luego, retomaría Ignacio Díaz, codefensor de Pedro Báez, para ejercer la defensa
del exministro de Cultura y Comunicación en la causa Global Means SA, y haría
la calificación legal del caso y la solicitudes al tribunal respecto de su
defendido. Cerraría después Velázquez con la defensa de Buffa en la causa
Global Means SA.
Velázquez pronunció uno de los alegatos más estridentes al
acusar a la cúpula del Ministerio Público Fiscal de judicializar acciones
administrativas y «erosionar la conciencia democrática» con su política
criminal que lleva al banquillo a políticos peronistas.
En su alegato de clausura del juicio que tiene como
principal imputado al exgobernador Sergio Urribarri, Velázquez arrancó con una
fuerte introducción, en la que apuntó directamente a la cúpula del Ministerio
Público Fiscal y a la suspendida Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche.
«Los criterios de la política criminal del Ministerio
Público Fiscal están erosionando la conciencia democrática, judicializando
acciones surgidas bajo el voto popular. Venimos acá a exponer cuestiones
administrativas y políticas en un ámbito que no corresponde. También tengo que
insistir que esta política se constituye en una suerte de súper moral, porque
crea esos criterios para reprobar proyectos políticos, gestiones de gobierno e
incluso en la causa imprenta, a reprobar una metodología de trabajo. Entiendo
que estos excesos son posibles por la distorsión que impone ese principio de
jerarquía absoluto. Humildemente entiendo que es necesaria una reforma del
Ministerio Público Fiscal», señaló.
Luego afirmó que el criterio de la política criminal incluso
«avasalla los valores de muchos fiscales probos», entre los cuales incluyó a
los fiscales del juicio, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco
Ramírez Montrull.
«Esta política criminal se ha autoconstruido por fuera de la
Constitución para soslayar todo control jurisdiccional», reiteró y al referirse
a la causa en la que le toca intervenir, señaló que comenzó con «una denuncia
pública, luego una denuncia formal, seguido de allanamientos y lo que nunca
puede faltar: filtraciones (a la prensa)».
En ese sentido, se quejó porque, aseguró, en la causa se
enteró del procesamiento de su defendido a través de un sitio digital antes de
que llegara la notificación formal judicial.
Más adelante, se refirió específicamente a la Procuradora
Adjunta suspendida, Cecilia Goyeneche, -quien debe enfrentar un jury por
presunto mal desempeño-. «Si alguien puso en duda este proceso y lo politizó
fue Cecilia Goyeneche. Nada de lo que ha dicho ha sido verdad. Esa política de
la cúpula del Ministerio Público Fiscal lo único que ha hecho es trabajar sobre
la premisa del chisme, la fábula, el qué dirán y la proyección del prejuicio»,
disparó.
Cuando se muestren pruebas sobre de qué deberes incumplidos
hablamos, de qué infracciones, o las exigencias son las que imagina el
Ministerio Fiscal. Si me acusan de algo, quiero que sea por incumplir un deber,
no por capricho de política criminal o porque no les gusta mi gestión. Es
importante marcar un límite porque mañana, de la misma manera que hoy
explicamos cuestiones administrativas, esa política criminal parada en el
pedestal moral dirá que es la ley y medida de las cosas. No me olvido que de la
cúpula del MPF hicieron un control preventivo, y quien asuma ad hoc en el
Jurado de Enjuiciamiento, causa penal. Denunciaron a los vocales del STJ, ¿qué
deber incumplieron? Ninguno. Son los deberes imaginados por la cúpula del
Ministerio Público Fiscal”.
“Si no les gusta la gestión o el proyecto político, está bien,
armen un partido, preséntense y ganen las elecciones. Pero no lo hagan desde
este lugar”, repitió, tal como lo había dicho en su alegato de apertura. “El
derecho por Dios es uno solo, hay distintas ramas y tiene que haber diálogo
entre todas las ramas. Acá parece que el derecho penal está aislado y no es
así, es necesario ir a distintas normativas para entenderlo. Si no vamos a las
distintas normativas, permitimos que ingresen los criterios del MPF”, añadió.
(Entre Ríos Ahora)
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