Megajuicio: etapa final de los alegatos de la defensa
El megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, se reanuda este lunes y comienza a transitar las etapas finales de los alegatos de los abogados defensores, trámite que arrancó el miércoles 23 de febrero en el marco de un proceso judicial complejo que se abrió el 27 de septiembre de 2021 y que sentó en el banquillo a 13 imputados.
Este lunes se espera el alegato del abogado Marcos Rodríguez
Allende en defensa del cuñado Juan Pablo Aguilera en la causa del parador
playero que se instaló en Mar del Plata, en el verano de 2015, que le costó a
la provincia $14 millones y que según la Fiscalía fue parte del proceso de
instalación a nivel nacional del nombre de Urribarri para pelear por la
candidatura a Presidente, para suceder a Cristina Fernández de Kirchner.
Concluido el alegato de Rodríguez Allende, seguirán
Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy, defensores del exgobernador, y después
será el turno de las réplicas del Ministerio Público Fiscal a los alegatos
defensivos, y al cabo de ese trámite, las dúplicas de los defensores, y con eso
cerraría el proceso.
Al megajuicio llegaron 15 imputados, pero desde el vamos se
bajó el empresario publicitario Hugo Montañana, que adujo problemas de salud y
por eso será juzgado en forma separada; también en medio de los debates ocurrió
el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa
Mercosur. De ese modo, quedaron 13
imputados.
De ese modo, el listado de los acusados lo conforman el
exgobernador Sergio Daniel Urribarri, sus exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación,
y Hugo Marsó, de Turismo; el cuñado Juan Pablo Aguilera, su esposa, Luciana
Almada, y el hermano de ésta, Alejandro Almada, la contadora Corina Cargnel, y
los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de Cinco
Tipos y después de Tep SRL y Next SRL, el armador del pelotero en Mar del
Plata, Gerardo Caruso, el empleado del Estado
Gustavo Tamay, el empresario
Germán Buffa y el excontador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.
Las causas incluyen la investigación por el otorgamiento de
una pauta publicitaria al empresario polirrubro Germán Buffa cuando su empresa,
Global Means SA, ni siquiera estaba constituida en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (Afip); la «causa de la vaca» así conocida mediáticamente y
que relaciona las millonarias contrataciones de publicidad en cartería en vía
pública por parte de la Provincia que fueron «direccionadas» a las empresas que
se adjudican al cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL; y la megacausa del «Sueño Entrerriano», en la
que se agrupan la publicación en diarios de tirada nacional de una solicitada
contra los fondos buitre, que costó $4 millones; el montaje del parador playero
en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el cual la Provincia pagó $14 millones
al empresario Gerardo «Foia» Caruso; y la contratación de Jorge «Corcho»
Rodríguez para difundir 3 spots en 2014 dizque para la difusión de la Cumbre de
Presidentes del Mercosur, a un costo de $28 millones. Fiscalía dice que en esas contrataciones hubo
«direccionamiento» y que los expedientes que avalaron las adjudicaciones fueron
«meras fachadas»; pero que además los gastos se dirigieron a financiar la
campaña de instalación de la figura de Urribarri en su pretensión por alcanzar
la precandidatura a presidente de la Nación en 2015.
Al tribunal, que conforman los jueces José María Chemez,
María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, escuchó los pedidos de condena que
formularon los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez
Montrull.
La Fiscalía formalizó este jueves los pedidos de condena a
cada uno de los 13 imputados, a saber:
Al exgobernador Urribarri, por la comisión en su calidad de
autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones
incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12
años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación,
exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos
de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función
pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del
Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado
ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos
hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria
de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next
SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe
necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la
función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8
años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio
Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de
peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso
ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta
perpetua.
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María
Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles
en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser
“testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de
peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la
pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer
cargos públicos.
A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de
los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal,
Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua
para ejercer cargos públicos.
A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada
de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito
de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la
pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta
perpetua para ejercer cargos públicos.
A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía
le achaca como partícipe secundario el delito de peculado y el de negociaciones
incompatibles en concurso ideal, y le pide la pena de 3 años de prisión de
ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos. Actualmente, es funcionario de la Cámara de Diputados.
A Maximiliano Romeo Sena, , otro “prestanombre”, según
Fiscalía, como partícipe secundario del delito de peculado y el de
negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de
prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo
una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa,
Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como
partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función
pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la
inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado
provincial, como partícipe necesario del
delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en
concurso ideal, la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Del otro lado, uno a uno, los defensores Emilio Fouces, José
Velázquez, Ignacio Díaz, Juan Méndez, Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende
han refutado los cargos de Fiscalía, han cuestionado las pruebas y han pedido
la absolución de sus defendidos. En medio, también, se pidió que el empresario
polirrubro Germán Buffa, tenga el mismo tratamiento que Jorge «Corcho»
Rodríguez, y consiga el beneficio de suspensión del juicio a prueba, petición
que el tribunal resolverá cuando dé a conocer las condenas.
(Entre Ríos Ahora)
No hay comentarios.