Megajuicio: La defensa de Urribarri pidió su absolución marcando ilegalidades en la investigación
Los abogados defensores del ex gobernador Sergio Urribarri pidieron su absolución en el cierre de los alegatos del denominado Megajuicio donde se ventilaron cinco investigaciones en los que se lo acusó, junto a ex funcionarios y particulares, de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Hubo señalamientos concretos hacia la ilegalidad de los allanamientos realizados por la Policía Federal, los informes acusatorios y las violaciones a la privacidad de los acusados
Los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez,
integrantes de la defensa técnica de Urribarri, se turnaron durante esta última
jornada de alegatos para exponer sobre las fragilidades de la acusación en
contra del ex mandatario provincial y de los excesos que, a su entender, se
fueron cometiendo desde que se iniciaron las investigaciones que derivaron en
el juicio.
En primer lugar, Barrandeguy aseguró que la clave para
entender los hechos sobre los cuales se puso la lupa es el derecho
administrativo, materia sobre la cual los integrantes del Ministerio Público
Fiscal demostraron no saber “absolutamente nada”. Durante un largo tramo de su
intervención describió cómo los organismos de control no hicieron observaciones
sobre los elementos donde la Fiscalía identificó posibles delitos. Y realzó el
valor de lo dictaminado por estos entes subrayando que desde la reforma
constitucional de 2008 ganaron en autonomía e independencia para actuar.
Del mismo modo, consignó que las cuentas generales de los
ejercicios donde ocurrieron los hechos investigados fueron aprobados por la
Legislatura sin que haya habido ningún señalamiento por parte de la Tesorería
General, ni la Contaduría General ni tampoco de las fuerzas opositoras que los
tuvieron a la vista.
Antes, le reclamó a la acusación: “Persigan a la corrupción,
pero le hagan daño al sistema” democrático de derechos y garantías de las
personas. Sobre este punto, remarcó: “¿No se pudo investigar a Urribarri de
manera menos humillante?”. Más adelante, puntualizó que personas que no estaban
acreditadas como peritos judiciales tuvieron acceso y dieron a publicidad
fotografías familiares, personales y hasta de menores vinculados al ex
gobernador.
El letrado marcó que en las elevaciones a juicio de las
causas, a Urribarri se le habían solicitado 8 años de prisión. Pero en lo
alegatos finales, la acusación pidió 12 pese a no tener “ni un elemento para
descargar” una variación de ese tipo.
“¿Qué sucedió? La suspensión de una funcionaria jerárquica
importante (de la Fiscalía, Cecilia Goyeneche, acusad de mal desempeño de sus
funciones). Como probablemente no gustó esto que pasó en el Jurado de
Enjuiciamiento y nos adjudicaban a los abogados de Urribarri alguna
participación (dijeron) «en vez de ocho, ponele 12». Esto no es democracia. En
la democracia no manejamos poderes propios, sino ajenos. Y lo hacemos con
límites y controles. Hay desborde y descontrol por parte del Ministerio
Público” Fiscal, reseñó.
Luego, fue más allá al indicar que esperaba que la acusación
esté en manos de un fiscal anticorrupción que haya cumplido con los requisitos
constitucionales de ser seleccionado por el Consejo de la Magistratura,
promovido por el Ejecutivo y aprobado por el Senado y no alguien “presa de
algunas limitaciones que no sabe superar. Hay que encontrar fuerza moral para
no hacer lo que uno sabe que está mal”, aconsejó.
Pérez, por su parte, hizo un racconto de los hitos centrales
de la acusación y de los legajos investigativos sobre los que fue marcando
errores e inconsistencias. Una de las más importantes fue cuando indicó que el
MPF acusaba a Urribarri y también al ex ministro de Comunicación Pedro Baez de
haber sustraído dinero de una partida presupuestaria para atender gastos de la
campaña política del ex gobernador.
Al respecto, resaltó que «sustraer» no es una palabra que se
ajuste a la ejecución presupuestaria, ya que el Estado no maneja dinero
tangible que haya podido llegar a manos de los acusados para ser derivados a
otro destino. Todos los gastos de la Administración Pública se manejan con
procedimientos preestablecidos, consignó.
Otro elemento sobre el que llamó la atención fue que la
acusación sostuvo que el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, utilizaba
como «testaferros» a su esposa, Luciana Almada, al cuñado Alejandro Almada y a
sus amigos de la infancia Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, quienes
figuraban como titulares legales de las empresas TEP y Next, que para el MPF
eran una mascarada para detraer fondos públicos a través de la publicidad
oficial en vía pública.
El letrado comentó que para que exista un «testaferro» debe
existir un contradocumento que acredite quién es el dueño real de los bienes. O
un testimonio que así lo acredite. Pero, remarcó, Fiscalía no pudo llevar a
juicio ninguna de esas evidencias, no pudo confirmar que los Almada, Giacopuzzi
y Sena eran «prestanombres» de Aguilera. Fue una figura traída al caso de forma
“artificiosa”, definió el letrado.
Pero el punto más fuerte de su intervención se dio cuando
citó un párrafo de la denuncia ante Fiscalía que dio origen a la investigación
sobre TEP y Next y el allanamiento posterior. Para este último procedimiento,
el Ministerio Fiscal corrió a la Policía de Entre Ríos y pidió el auxilio de la
Policía Federal.
En el texto de la presentación, los abogados Guillermo Mulet
y Rubén Paglioto mencionaron: “Acercamos también, debido a nuestra vinculación
con funcionarios del Estado nacional la posibilidad de acercar recursos
técnicos de organismos con aquilatada trayectoria en faenas de similares
características”.
“Estas fuerzas federales se las mandaron las autoridades
nacionales que en ese momento gobernaban el país. Y también les mandaron los
expertos que fabricaron cualquier cantidad de pruebas”, sostuvo Pérez.
La intervención en el allanamiento a las empresas de los
fiscales, personal técnico del Ministerio Fiscal y de la Policía Federal ha
venido siendo duramente cuestionado por las defensas, ya que quedaron
registrados fallas en la cadena de secuestro y custodia de elementos que luego
sirvieron de piedra basal para las imputaciones.
Más adelante Barrandeguy volvió sobre este punto, indicando
que se violó el principio de «juez natural» pues las fuerzas federales no
pueden intervenir en causas provinciales sin seguir un protocolo particular,
contenido en la ley de seguridad interior.
Cabe consignar que al momento del allanamiento, 1° de agosto
de 2016, el Ministerio de Seguridad estaba cargo de la actual presidenta del
PRO, Patricia Bullrich, y que al frente de la Policía Federal estaba el
comisario general Néstor Roncaglia, quien tras su retiro se sumó a los equipos
técnicos de Juntos por el Cambio de la provincia de Entre Ríos.
Otro cuestionamiento al andamiaje probatorio de la acusación
fue la no inclusión como testigo en las audiencias de la dueña de la casa
lindera a TEP y Next donde supuestamente la Policía Federal encontró y
secuestró un disco rígido que para la Fiscalía es la «caja negra» de la
corrupción.
Pérez señaló que la mujer, de apellido Brambilla, no está
nombrada en el acta de allanamiento. Y que debía hacerse presente ante el
Tribunal para confirmar que había dado su consentimiento expreso para que los
fiscales y uniformados entren a su domicilio, ya que, como lo indica la
jurisprudencia de la Corte Suprema, no puede haber «consentimiento tácito» en
una situación así.
También apuntó contra el ex policía y contador de Fiscalía
Héctor Enrique. Subrayó que en su informe, Enrique aseveró que hubo un “acto
simulado” entre las empresas señaladas y el empresario Gerardo Caruso, para que
Aguilera pudiera hacerse de un «retorno» que, en el relato acusatorio,
provendría de un sobreprecio en la contratación del parador de Mar del Plata
concesionado a Caruso.
Pérez consignó que los informes no pueden contener una
evaluación legal y recordó que cuando se le preguntó a Enrique de dónde había
sacado la existencia de un acto simulado, el testigo dijo “lo supongo”. “Es un
irresponsable este profesional”, concluyó el abogado defensor.
Además, puso de relieve que Enrique construyó una “novela”
sobre los supuestos retornos entre empresas pero que al ser interrogado al
respecto reveló que era “una suposición suya”, rememoró Pérez. El letrado
también puso sobre la mesa que en su testimonio, el ex agente de Policía reconoció
haber “modificado” los números de los montos de dinero de los expedientes que
tenía a estudio. Y que luego se vio que en su informe las cifras parciales, al
ser sumadas, no daban con el total. Tampoco se condecían los porcentajes de
participación en la pauta oficial de vía pública con el global: el valor
llegaba al 122%.
En el tramo final del alegato de defensa de Urribarri,
Barrandeguy marcó que en el Estado de Derecho no puede haber condenas basadas
en el “todos saben” que los acusados cometieron un delito. Y marcó que una
condena se basa en tres factores: que la acusación se base en pruebas que no
pueden ser refutadas por otras; que los elementos probatorios sean sostenidos
por otros indicios y, finalmente, que las versiones restantes del hecho no necesariamente
sostengan pero, al menos, no contradigan la versión condenatoria.
Pero “no es nuestro caso”, sentenció.
Al concluir, Barrandeguy interpeló al Tribunal de Juicio
integrado por José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón. “Tenemos una
expectativa enorme en el fallo. Supera largamente las que hemos tenido en otros
juicios importantes durante toda nuestra trayectoria profesional. Está fincada
en que la defensa del Estado de Derecho, de nuestra Democracia, de nuestra
República, no requiere más presos. Requiere más razones. Esperamos que nos
acompañen en este razonamiento”.
La etapa de alegatos quedó cerrada con esta exposición. El
jueves próximo se concretarán las respuestas de Fiscalía a los argumentos
defensivos (réplicas) y, de inmediato, las dúplicas o contestación de las
defensas a la contraargumentación acusatoria. Está previsto que el lunes los
imputados comiencen a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal pase
a debatir el fallo. Urribarri sería el primero en hacer uso de este derecho.
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