Cristina Kirchner contra todos y todos contra Cristina Kirchner

Desde Juntos por el Cambio a los peronistas moderados, la oposición busca frenar en Diputados el proyecto con el que la vicepresidenta intentará mantener el control del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y sanciona a los jueces. Su panorama judicial es cada vez más oscuro.

Habían arrancado con chorizos y morcillas, pero ya estaban en la mitad del asado. Algunos atacaban las costillas y otros habían optado por el vacío. De tanto en tanto matizaban los cortes con papas fritas y un poco de ensalada para darle un respiro al colesterol. Pero la carne era la reina de la noche en ese rincón tranquilo de las Lomas de San Isidro. De pronto se hizo un silencio, de esos incómodos, que conviene romper rápido.

—¿Cuántos tenemos? —, preguntó el gobernador.

—Ciento treinta y dos… —, le respondió el diputado sin pestañear.

—¿Estamos seguros?, en esta no podemos fallar.

—Seguros, sí. El proyecto de Cristina no va a pasar por la Cámara.

Todos respiraron más aliviados. Y hubo hasta quien amagó un brindis con vino de Cafayate, pero el entusiasmo no pasó de ahí. Mejor esperar a que transcurra esta semana, en la que la Vicepresidenta inicia una ofensiva fulminante para mantener el control sobre el Consejo de la Magistratura y lograr el mayor de sus objetivos desde que convirtió en presidente a Alberto Fernández. Establecer un dominio definitivo sobre la Justicia que transforme las causas judiciales que la complican en letra muerta.

De los muchos temas que se hablaron en la noche del jueves en la casa de Juan Manuel Urtubey, el de evitar que el kirchnerismo siga controlando el Consejo de la Magistratura fue el de mayor actualidad. Participaron dos gobernadores (el radical Gerardo Morales y el peronista Juan Schiaretti), cuatro diputados (Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, de Juntos por el Cambio; Florencio Randazzo, del Interbloque Federal; y Graciela Camaño, quien goza de la desconfianza de oficialistas y opositores). Además, había un intendente, el radical Pablo Javkin de Rosario; y otro radical, pero senador, el chaqueño Ángel Rozas que, como el dueño de casa, también conoció las funciones de gobernador de provincia.

Los ciento treinta dos diputados son los que necesita la oposición a Cristina para frenar el proyecto kirchnerista que intenta desalojar a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura. En realidad, les alcanza con 129 para evitar el quórum y bloquear la iniciativa. Pero, en estos tiempos de cifras tan estrechas, la traición está a la orden del día y conviene tener los números más holgados para contrarrestar esa clase de deserciones que hace casi un siglo don Hipólito Yrigoyen bautizara con una metáfora inigualable: aquella de las “efectividades conducentes”.

Con solo cuatro votos de ventaja y el apoyo muy oportuno del senador rionegrino, Alberto Weretilneck, Cristina logró que su proyecto para armar una Magistratura de 17 miembros (ahora tiene 13) y sin participación de la Corte Suprema recibiera la media sanción del Senado. Ahora va por el premio mayor y el más complejo: lograr que la Cámara de Diputados lo convierta en ley. Por eso, le resultan indispensables los 129 votos de los que se hablaba en el asado de Urtubey, cifra que le permita seguir manejando el órgano que evalúa y controla a los jueces.

La tarea más difícil le toca a Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Tiene que conseguir votos del peronismo moderado, que aparece cada vez más alejado de Cristina. Para Randazzo, Monzó o Camaño, atrincherados en bloques federales, sería difícil justificar un voto a favor del proyecto de la Vicepresidenta. Camaño baraja una iniciativa propia que mantendría a la Corte en la Magistratura pero no en la presidencia del cuerpo. A nadie le convence demasiado. La lógica que se impone entonces es la del asado en lo de Urtubey. “No pasarán”, fue el espíritu entre las achuras.

La Vicepresidenta maneja hasta hoy sin mayores problemas el Consejo de la Magistratura. Siete de sus trece miembros le responden y baja sus directivas a través del presidente del cuerpo, el camarista e integrante del grupo kirchnerista Justicia Legítima, Alberto Lugones. Cuando asumió en febrero, Lugones prometió cumplir el fallo de la Corte para que la Magistratura vuelva a tener 20 miembros. Pero se impuso el proyecto de Cristina para llevarlo a 17 y así bloquear a la Corte.

Claro que, en la última semana, las cosas se complicaron para el kirchnerismo. Los abogados eligieron a Jimena De la Torre (cercana a Juntos por el Cambio) y a María Fernanda Vázquez (alineada con el peronismo), y los jueces a Agustina Díaz Cordero, una magistrada independiente, con lo que la pulseada en la Magistratura quedaría empatada en ocho. Faltan elegir a cuatro miembros: uno de ellos será académico y los otros dos integrantes del Congreso. La oposición cree que con esos ingresos podría pasar a tener mayoría, acotada pero mayoría al fin.

Juntos por el Cambio impulsa a Luis Juez, para que represente al Senado en la Magistratura, y a Mario Negri para que lo haga por la Cámara de Diputados. Pero Cristina tiene ideas muy diferentes. Ha hecho saber que su candidato por el Senado es nada más y nada menos que el neuquino Oscar Parrilli, aquel polemista pasivo del inolvidable “soy yo, Cristina…”. Y por la Cámara Baja ha puesto en marcha una negociación con la diputada Myriam Bregman, del Partido de Trabajadores Socialistas, para impulsarla y consolidar la relación cada vez más fraterna y funcional entre el kirchnerismo y el Frente de Izquierda dominado por el trotskismo.

El miembro número veinte es el de la discordia. Le corresponde a la presidencia del Consejo de la Magistratura y es el que la Corte Suprema se reservó para sí misma en su fallo de ampliación. El actual titular del tribunal, Horacio Rosatti, ya dejó trascender que asumirá esa función cuando el cuerpo esté completo. Esa sería la peor noticia para Cristina y la intentará evitar a toda costa.

En una carrera contra el tiempo, Cristina Kirchner activa todas sus conexiones políticas para aprobar el proyecto de ley que bloquea a la Corte Suprema y mantener la mayoría de funcionarios que le respondan en el Consejo de la Magistratura. “Como en 2013, es Cristina contra todos”, ilustra uno de los legisladores que la acompaña desde el comienzo de la historia y recuerda aquel “vamos por todo” que terminó cuando el máximo tribunal que presidía Ricardo Lorenzetti le puso fin con un fallo inapelable.

Desde la oposición, y en un abanico que va desde Juntos por el Cambio a los peronistas moderados que tuvieron representación en el asado de Urtubey, hay en este caso un clima de todos contra Cristina. Creen que si consiguen frenar el proyecto de la Vicepresidenta en Diputados, la ofensiva kirchnerista perderá la última de las banderas con la que diseñaron el Frente de Todos en 2019. Controlar a la Justicia para volverla contra sus adversarios.

 

Para mantener el fuego de la ofensiva, Lugones convocó de urgencia al Consejo de la Magistratura para este lunes. ¿El motivo? Activar como sea la carga contra los sectores que se les oponen y apuntar sobre todo contra aquellos a los que consideran sus mayores enemigos: los jueces federales.

Todavía repercute en el ambiente judicial una aparición de fuerte impacto. Hace dos semanas, el camarista federal Roberto Boico participó de una videoconferencia del grupo brasileño Prerrogativas Prerro. Hizo una defensa encendida de la disparatada teoría del Lawfare (aquella que dice que los casos de corrupción en América Latina son en realidad operaciones de desprestigio impulsadas por EE.UU., en sintonía con jueces y medios de prensa), compartió un video de Cristina Kirchner defendiéndose en Tribunales y atacando a los jueces, y cargó fuerte contra el periodismo calificándolo de “peligroso”.

El objetivo siempre estuvo muy claro. Hasta fin de año resta todavía designar a unos setenta jueces en todo el país y Cristina ajusta su estrategia porque está convencida de que su suerte en los tribunales dependerá exclusivamente de mantener el control sobre la mayor cantidad posible de magistrados. La Vicepresidenta cree que es Alberto Fernández quien debería haberle despejado el frente judicial y que no lo haya resuelto es una de las razones por las que le ha quitado su apoyo político.

Es un momento complicado para Cristina, a quien ya le anularon tres juicios orales, pero tiene todavía siete procesamientos vigentes. Entre ellos, los dos más difíciles: la causa por corrupción en los contratos de obra pública (el caso Lázaro Báez) y las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces, donde se investiga el supuesto enriquecimiento a través de la actividad hotelera. Por las dudas, Cristina acelera al máximo su ofensiva para avanzar sobre la Justicia y designar jueces que le den mayor tranquilidad.

El panorama no puede ser más oscuro después de la derrota en las elecciones parlamentarias del año pasado. Cristina fue la que eligió a Alberto Fernández como candidato, pero ahora reniega de sus ministros, lo dejó a la intemperie a la hora de votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ni siquiera le responde el teléfono cuando él la llama. “Esta semana se conocerá la inflación y será muy duro”, acaba de decir su hijo Máximo, como si hablara de extraterrestres y no del gobierno que él también integra.

TN