Investigan crímenes de lesa humanidad contra uruguayos en Concordia

La Jefatura de Policía de Concordia, fue centro clandestino de detención y torturas durante la dictadura.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una nueva querella ante la justicia federal de Concepción del Uruguay, en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos contra personas de nacionalidad uruguaya en Concordia, durante los años de la última dictadura cívico-militar.

En el expediente se investiga la responsabilidad de miembros de la Policía local, a integrantes del Ejército argentino y militares de Uruguay por secuestros, privaciones ilegales de la libertad, violencia sexual y torturas.

Según informó este lunes la Secretaría de Derechos Humanos, el 3 de mayo de 1977 fuerzas de seguridad y militares secuestraron a siete personas de nacionalidad uruguaya –hombres y mujeres– que residían en Concordia, entre ellas un niño de 3 años. Varias de las víctimas tenían militancia en el Partido Comunista Revolucionario de Uruguay.

Todos fueron llevados a la jefatura Departamental de la Policía de Concordia, donde sufrieron las primeras torturas y vejámenes. Luego de unas horas, algunos de ellos fueron llevados a una casa, donde fueron sometidos a constantes sesiones de torturas y una de ellas fue violada por sus captores.

Tras pasar algunas semanas en la Unidad Penal de Concordia, donde fueron mantenidos bajo condiciones inhumanas de vida y volvieron a ser sometidos a torturas, fueron trasladados de manera clandestina a Uruguay, donde algunos recuperaron la libertad inmediatamente y otros permanecieron detenidos hasta 1982. En todos los lugares de cautiverio, reconocieron la presencia de militares uruguayos durante los interrogatorios.

La investigación comenzó a partir de una denuncia realizada ante el Registro Único de la Verdad del gobierno de Entre Ríos, que fue presentada ante la fiscalía federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Josefina Minatta.

La presentación de esta querella del gobierno nacional se enmarca en un plan estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad, con el que la Secretaría de Derechos Humanos impulsa el avance sin demoras en estas causas en todo el país. Con esta, ya son 266 las causas abiertas en las que la Secretaría participa como parte querellante. (Uno)