¿Salvavidas para Urribarri? Piden su sobreseimiento en base a un fallo del STJ que fijó límites temporales a la investigación penal
En un escrito presentado el miércoles último ante el juez de Garantías N° 4 de Paraná, Mauricio Mayer, la defensa del exgobernador Sergio Urribarri pidió, a través de sus defensores, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, el sobreseimiento del ex embajador argentino en Israel y Chipre en la causa por negociaciones incompatibles con la función pública en contrataciones con una empresa del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la
Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en
tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio
Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista
Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo
paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.
Revelaron más indicios del vínculo entre Urribarri y el
empresario con el que está acusado de enriquecimiento ilícito
Allí, se investiga de qué modo a partir de 2007, cuando
Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego
durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “como el fin de
generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”. Lo hizo
mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las
distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia. La
imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó
a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la
contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, señala la
imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago
de sobornos a funcionarios.
En esa causa la investigación apunta a la participación de
una serie de funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego
Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de
Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José
Humberto Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos
importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en
tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software.
A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un
servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e
implementación de un software de gestión y administración integral” para la
cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual
de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía
liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la
prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de
software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de
Economía.
En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de
2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual
el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía,
Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que
brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de
software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor
del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones
Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le
pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un
importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón
cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con
los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del
Estado”.
En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo, Guillermo
Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de
“relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un
software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un
precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.
El argumento para reclamar el sobreseimiento, inspirado en
un voto de Carubia
El pedido de sobreseimiento a Urribarri se basa en un fallo
de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que puso límites
precisos al tiempo de investigación que puede tener el Ministerio Público
Fiscal.
El lunes 6 de diciembre de 2021, la Sala Penal dictó el
sobreseimiento de un imputado en una causa que se investiga el uso irregular de
contratos de personal en la Cámara de Diputados. El beneficiado resulto Juan
Alfonso Blason Lorenzatto, imputado en una investigación por supuestos
contratos truchos mientras se desempeñó en la oficina del exdiputado radical
Ricardo Troncoso. La decisión de la Sala Penal se dictó por cuanto consideró
que el Ministerio Público Fiscal alargó los tiempos de la investigación sin
argumentos, cuestión que, dice la Sala, no fue advertida ni por el juez de
Garantías, el Tribunal de Juicios y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal.
En esa discusión, la fiscal de coordinación Matilde Federk
planteó sus diferencias con la pretensión que había perseguido la defensa del
imputado y que receptó el alto tribunal, y destacó el hecho de que la causa que
involucra a Blasón Lorenzatto tiene pedido de remisión a juicio, aunque la
audiencia para resolver ese planteo no se ha podido celebrar por la existencia
de planteos de la defensa pendientes de resolución, «por lo que concluye
propiciando el rechazo de la impugnación extraordinaria provincial por entender
que no se verifica formalmente el agravio constitucional ni la mentada
arbitrariedad en las resoluciones de las instancias inferiores, sino una mera
disconformidad con la interpretación que tales sentencias ha hecho de normas
procesales provinciales», según la Sala Penal del STJ.
El voto que argumentó la postura de la Sala Penal del STJ lleva
la firma del vocal Daniel Carubia.
«Por lo demás -dice en su voto-, constatándose largamente
agotado el término para practicar la Investigación Penal Preparatoria, sin
verificarse la existencia de una fundada solicitud de prórroga ni la
consecuente concesión judicial para su continuación, deviene incontestable la
insubsistencia de la potestad de la Fiscalía para realizar actos de
investigación respecto del imputado recurrente Juan Alfonso Blasón Lorenzzatto,
lo cual implica el agotamiento de las legítimas tareas de investigación con la
inexistencia de razonable posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba;
y no contó el Ministerio Público Fiscal, para entonces, con bases suficientes
para requerir de manera fundada la apertura del juicio, lo cual configura la
expresa causa de procedencia del sobreseimiento en su favor».
Precisamente, al tomar como base ese fallo, el planteo de
los defensores de Urribarri procura conseguir el sobreseimiento del
exgobernador en una causa en la que se presume un desvío de dinero entre 2008 y
2018 de unos $18 millones, según contó Análisis Digital.
Según el planteo de los abogados Raúl Barrandeguy y José
Pérez, que representan también a Miguel Ulrich y Carlos Haidar, la solicitud se
funda en el tiempo que pasó desde la declaración indagatoria. Para ello,
remitieron al fallo del 6 de diciembre pasado de la Sala Penal del Superior
Tribunal de Justicia en la Causa Cozzi, que ordenó sobreseer a Juan Alfonso
Blasón Lorenzatto, acusado de peculado, debido al tiempo transcurrido desde su
indagatoria. Se trataba de uno de los imputados en la denuncia contra el ex
diputado provincial y ex intendente de Maciá, Ricardo Troncoso (Cambiemos) por
el manejo irregular de presuntos contratos truchos legislativos.
La causa en la que la defensa de Urribarri realizó la
presentación pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección
General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del
ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo
comenzó con la publicación en la edición gráfica de ANÁLISIS del 9 de noviembre
de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo,
firmado por el director de la revista, Daniel Enz, se inició una causa de
oficio, que derivó en la imputación por varios hechos:
Primer caso
En la primera operación con Relevamientos Catastrales hubo
3.200.000 pesos de sobreprecio a distribuir entre funcionarios y directivos de
la firma, como los casos de Jorge Zanabone, Alfonso Campitelli, Guillermo
Linares y la abogada Miriam Fessia. Es decir, se destinó algo más de un millón
de dólares a distribuir (en ese entonces el dólar estaba 3,17 pesos), de una
operación con el Estado de 3.218.000 dólares o 10.201.060 pesos, en peso
argentino de 2008. O sea, un 25 por ciento más en la contratación, por el
sobreprecio acordado. Estos últimos directivos mencionados tuvieron activa
participación, ya en septiembre de 2007, en la confección de los pliegos de
bases y condiciones, para lograr de esa manera ventajas claramente comparativas
con relación a empresas competidoras de la licitación, como así también en la
preparación del presupuesto oficial de la contratación.
Quienes llevaron adelante el trámite de la licitación
pública fueron el entonces director General de Informática, Carlos Haidar y el
director general de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich, quienes contrataron
un “servicio de administración de recursos humanos que permitiera generar un
legajo electrónico único, descentralización operativa (interconectado vía web),
un módulo liquidador adaptable a múltiples escalafones (diferente normativa),
la administración de múltiples beneficiarios, compatibilidad con el SIAF, el
rediseño de circuitos administrativos y de documentación, y la generación de reportes”.
Los sobreprecios percibidos entre gobernador, funcionarios y
directivos -según las anotaciones y documentación hallada en el estudio de
Cardona Herreros- fueron cobrados entre mayo de 2008 y diciembre de 2010. Se
insiste: fue algo más de un millón de dólares lo que se distribuyó, se consignó
en agosto del año pasado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).
Segundo caso
En el segundo hecho, lo que se buscó fue lograr una prórroga
de la contratación de Relevamientos Catastrales, para generar otro sobreprecio,
que se abonaría nuevamente a los funcionarios. Esto se logró a partir de enero
de 2010, aunque se falsearon fechas, para dar por iniciado el trámite en 2009.
La suma mensual cotizada por la empresa del empresario
Cardona Herreros ascendió a 285 mil pesos mensuales (casi 90 mil dólares), por
ocho meses.
La prórroga de ocho meses se habría computado a partir de
diciembre de 2009, cuando en realidad la misma era gestionada en febrero de
2010, con lo que se habría producido un incremento patrimonial adicional para
la empresa y los funcionarios, por el cobro de meses que no implicarían
contraprestación alguna.
Lo que se acordó con los funcionarios provinciales fue una
sustracción equivalente a un sobreprecio de 135 mil pesos mensuales, de los
cuales los funcionarios percibirían una suma equivalente 105 mil pesos
mensuales en concepto de sobornos, siendo el resto distribuido entre los
integrantes de la empresa.
Dichas sumas fueron cobradas entre abril y septiembre de
2010. Es decir, que distribuyeron más de 33 mil dólares por mes.
Tercer caso
En el tercer hecho investigado por los fiscales Yedro y
Badano, se tramitó una nueva contratación con la empresa de Cardona Herrero,
desde el 11 de agosto de 2010, con la finalidad parcialmente ficticia de que la
provincia adquiriera nuevos desarrollos técnicos relacionados al software de la
Licitación de enero de 2008, por un tiempo de diez meses, con una cotización de
180.290 pesos por mes.
Esto es algo así como 57 mil dólares mensuales de ese
tiempo. En esta negociación, además de los mencionados Haidar y Ulrich, tomó
intervención la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía que
conducía Diego Valiero, quien aconsejó encuadrar la contratación en la vía de
excepción por contratación directa e intervino el Contador General de la
Provincia, Aurelio Oscar Miraglio.
Miraglio emitió el dictamen 900, fechado el 9 de noviembre
de 2010, dando curso a la tramitación. Por el Decreto 4.437 del Ministerio de
Economía del 17 de noviembre de 2010 se concretó la adjudicación por
contratación directa.
Así, se estableció una ejecución en diez meses, por el monto
mensual de 180.290 pesos, sobre el cual, se había acordado una sustracción
equivalente a 30 mil pesos mensuales que sería abonada a los funcionarios como
contraprestación por sus asistencias funcionales favorecedoras para el
empresario. Durante diez meses, se distribuyeron casi 9.500 dólares mensuales
de soborno.
Cuarto y quinto caso
El cuarto hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal
se registró en 2011. Era colateral de lo iniciado en 2008, por la contratación
de un servicio de soporte diario de “administración de base de datos” y
mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y
de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones.
Los funcionarios Haidar y Ulrich elaboraron el presupuesto
oficial, estimándolo en 250 mil pesos mensuales (unos 80 mil dólares de
entonces), por 18 meses con opción de prórroga por parte de la Provincia por
otros 18 meses más.
Es decir, en 18 meses, le iba a costar a la provincia cerca
de 1.500.000 dólares. Eso contempló un sobreprecio que se convertirían en pago
de sobornos a los funcionarios, por al menos 67 mil pesos mensuales, que se
distribuyeron 21.135 dólares por mes entre los involucrados.
En virtud de esta contratación, la Provincia de Entre Ríos
pagó a la firma “Relevamientos Catastrales2 la suma aproximada de 17.734.249,40
de pesos tan sólo entre marzo de 2012 y febrero de 2015. Es decir, más de
5.600.000 de dólares, se denunció también en agosto del año pasado en el
programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).
Hubo un hecho número cinco en estos negocios del empresario
Cardona Herreros con el Ministerio de Economía de la provincia. Fue en una
licitación en 2015, es decir, el último año de gobierno de Sergio Urribarri, el
principal beneficiado de estas maniobras.
Esta vez fue la contratación de Consultoría Técnica
Informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos
Humanos y Liquidaciones que estaba en uso. Haidar elaboró un presupuesto
estimado para una contratación de 12 meses con opción de la provincia de
prórroga por otros seis meses más, en 400 mil pesos mensuales.
La empresa Relevamientos Catastrales resultó adjudicada por
un decreto de Urribarri y Valiero, con su oferta de 652.800 pesos mensuales (un
monto total por 12 meses de 7.833.600 pesos, sin contabilizar la opción de
prórroga), en la cual se preveían aproximadamente 130 mil pesos mensuales como
sobreprecios, los cuales a la postre serían distribuidos entre los funcionarios
en concepto de sobornos.
Lo saliente de todo esto es que Ulrich y Haidar recibían,
aparte, desde la empresa, cinco mil pesos mensuales, que incluso fueron
depositados en sus cuentas bancarias.
Último caso
El sexto hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano
salió de la órbita del Ministerio de Economía. Esta vez fue con el Ministerio
de Trabajo, que comandaba Guillermo Smaldone, hijo del vocal del Superior
Tribunal de Justicia (STJ), Juan Smaldone y amigo personal de la familia
Urribarri.
El favorecimiento a las empresas contratistas de Diego
Armando Cardona Herreros se concretó nuevamente a través de la Licitación
Pública 84/13.
Nuevamente como única oferente, la firma “Relevamientos
Catastrales SA” realizó una oferta económica que ascendía a 550 mil pesos
mensuales, por los 36 meses de contratación, y un monto total de 19.800.000
pesos.
De acuerdo a lo investigado, se estipuló un sobreprecio de
aproximadamente 155 mil pesos mensuales, monto que era luego abonado a los
funcionarios intervinientes en el trámite como contraprestación ilícita por la
realización de tareas propias de sus cargos a favor de la firma, así como una
ganancia extraordinaria para los empresarios.
Ahora, todas estas maniobras tendrán que ser explicadas en
detalle ante los fiscales por cada uno de los actuales funcionarios
mencionados, como así también los que ya no están; pero que aparecieron en los
papeles encontrados a Diego Cardona Herreros y en cuentas bancarias
investigadas.
Fuente: Entre Ríos Ahora
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