Un policía usó un auto oficial para vacacionar con su familia
Pedirá el sobreseimiento
El Ministerio Público Fiscal pidió llevar a juicio a Sandro
Gazali, exsubjefe de la Departamental La Paz de la Policía de Entre Ríos, por
el presunto delito de peculado. El comisario está acusado de haber utilizado un
vehículo de la institución policial para realizar un viaje recreativo con su
familia.
Se le endilga que el 9 de febrero de 2019 fue interceptado
en el puesto caminero del Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis,
que une a Paraná con Santa Fe, cuando volvía con su hija menor de unas
vacaciones en Mar del Plata en un vehículo oficial de la Jefatura
Departamental, marca Chevrolet.
La audiencia de elevación de la causa a juicio fue fijada
para el 10 de mayo, a las 8, en los Tribunales de La Paz. La causa fue
tramitada por el fiscal Oscar Sobko.
Consultado al respecto, el abogado de Gazali, Juan Marusich,
sostuvo que pedirá el sobreseimiento de su cliente. Y resaltó que con la
utilización del vehículo “no se afectó el normal funcionamiento de la actividad
institucional de la policía”.
“Nosotros pedimos el sobreseimiento, ya se lo expusimos al
juez de Garantías y ese día nos vamos a explayar en nuestro argumento. Vamos a
pedir el sobreseimiento porque el plazo de la investigación penal preparatoria
está vencido. La IPP tiene tres meses, seis meses y el máximo de investigación
es de dieciocho. Siempre estuvo discutido en Entre Ríos el tema de los plazos y
la mayoría de juzgados departamentales han dicho que no era perentorios;
después vino un fallo importante del Superior Tribunal de Justicia que puso
otro criterio”, explicó el letrado.
“Esta instancia pone fin a la investigación, es el último
paso de la misma, y entendemos que está vencida. En subsidio argumentamos el
gravamen que se ha producido hacia Gazali por la demora en investigar. También
una cuestión más de fondo en cuanto a la tipicidad del hecho, que tiene que ver
con que acá no hay una afectación al bien jurídico protegido porque la Policía
no se quedó sin patrulleros”, agregó.
“Se ataca la tipificación del delito en sí. Gazali no era la
persona sindicada para la custodia del bien. La persona que tenía la custodia
era el jefe Departamental de ese momento”, resaltó Marusich.
Por último, refirió que el proceso penal afectó la carrera
policial del exsubjefe de la Departamental La Paz. “Esta causa perjudicó la
carrera policial de Gazali porque se vio truncada. No pudo intentar algunos
ascensos. En su momento se lo suspendió en la fuerza y perdió el cargo de
subjefe Departamental. Después de un tiempo de haber estado suspendido, y
viendo internamente que la cuestión no era tan fácil como lo planteaban en el
juzgado, le asignaron tareas en Paraná, pero ya sin la posibilidad de ascenso y
además con un sumario abierto que le impide poder retirarse de la fuerza”.
“La Fiscalía de La Paz utilizó los plazos de la
investigación penal preparatoria para dormir la siesta, porque nunca mandó un
oficio. Es el único caso que no tiene prueba producida por la Fiscalía. La
única prueba la produjo la División de Asuntos Internos de la Policía que, al
ver alguna posible comisión de un delito, elevó el legajo a Fiscalía. Fiscalía
con ese legajo imputó y no produjo nunca una prueba. Nunca usó el plazo, nunca
pidió las prórrogas al juez de Garantías para seguir investigando. Todos estos
argumentos van hacia el punto de que la elongación exagerada”, concluyó.
El caso Balla, archivado
La causa del comisario Gazali es similar a la que enfrentó
Oscar Balla, exsecretario de Trabajo de Entre Ríos, quien debió renunciar en
octubre de 2018 luego de que se descubriera que utilizó un vehículo de esa
repartición para un viaje a la localidad mendocina de Maipú en el que participó
como presidente de la Liga de Veteranos de Fútbol de Entre Ríos. El viaje lo
realizó con la camioneta Toyota Hilux perteneciente a la repartición a su
mando. A Balla, por entonces, se lo acusó del delito de peculado de servicio,
pero su situación judicial terminó archivada.
Al archivar el caso, el Ministerio Público Fiscal entendió
que “nuestra legislación penal, a diferencia de otros ordenamientos regionales,
no tipifica el llamado ‘peculado de uso’, es decir, no sanciona el empleo de
bienes públicos con fines diversos a los administrativos, con lo que la mera
utilización resulta impune, debido a que no puede considerarse que tales casos
constituyan sustracción”.
Antecedentes
El antecedente más reciente de un sobreseimiento por el
vencimiento de los plazos razonables para investigar es el de Luis Erbes,
subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia. El funcionario fue
sobreseído del delito de exacciones ilegales –en cambio rechazó sobreseerlo en
la causa por enriquecimiento– el 6 de este mes por el vocal del Tribunal de
Juicio y Apelación de Paraná, Alejandro Cánepa.
El juez señaló que la Fiscalía “no investigó” a Erbes y que
recién el 4 de abril de este año, 5 años y 7 meses después de la apertura de
causa –sucedida en agosto de 2016–, citó como testigos a tres empresarios. Por
ello, entendió que se violó el plazo razonable para realizar la investigación.
El antecedente de mayor relevancia y que está siendo citado
por diferentes abogados defensores que reclaman sobreseimientos por la
violación del plazo razonable para investigar, es el que dictó la Sala Penal
del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el 6 de diciembre de 2021 en
la causa “Cozzi, Carlos Gabriel, su denuncia S/impugnación extraordinaria”.
En aquella resolución se dictó el sobreseimiento de un
imputado en una causa que se investigaba el uso irregular de contratos de
personal en la Cámara de Diputados. El beneficiado fue Juan Alfonso Blason
Lorenzatto, imputado en una investigación por supuestos contratos truchos
mientras se desempeñó en la oficina del exdiputado radical Ricardo Troncoso.
Fuente: Entre Ríos Ahora
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