Bordet clausuró la mayoría de las areneras que alimentan Vaca Muerta
El gobernador de Entre Ríos ordenó la clausura preventiva por violar normas ambientales de las areneras ubicadas en las islas del Ibicuy y Gualeguaychú.
Entre Ríos es por excelencia, dado el caudal de sus ríos, la
provincia proveedora de arena necesaria para el fracking que se realiza en el
yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Es por esto que la actividad arenera en
los ríos Paraná y Uruguay creció exponencialmente en últimos años.
Un crecimiento que según entiende la administración de
Gustavo Bordet, no contempla las normas ambientales de la provincia, que la
semana pasada tomo una decisión drástica: clausuró a nueve de las catorce
areneras que operan en Entre Ríos.
"Las areneras y todas las canteras, necesitan dos tipos
de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como
establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además,
se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que
otorga a Secretaría de Ambiente", señaló en su dictamen el fiscal de
Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes.
Por la falta de estos certificados el Gobierno de Entre Ríos
dispuso el cese de nueve areneras de las catorce radicadas en la zona, además
de cuatro plantas de procesamiento. De estas nueve, tres poseen informe
técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación
y dos esperan la renovación y una se encuentra en la etapa de participación
ciudadana.
La provincia detectó falta de controles, de estudios de
impacto ambiental, depredación de la arena y el agua. Consta en la denuncia
además el desarrollo de la actividad de la empresa Cristamine S.A que opera y
multiplica cifras millonarias con la habilitación vencida y sin ningún tipo de
control.
El fiscal Signes reconoció que Entre Ríos "se ha
convertido en proveedora de arena para las producciones petrolíferas de Vaca
Muerta, y que en estos últimos años se ha ido intensificando, producto de que
la arena en vez importarse se está obteniendo arena de origen nacional, entre
las cuales las de Entre Ríos son aptas. Esto dio pie a una intensificación de
la actividad minera en cuanto arenas se refiere".
El gobierno de Entre Ríos actuó asi de manera coordinada con
el juez federal de Entre Ríos, el porteño Hernán Sergio Viri, quien tramitaba
las denuncias de contaminación y citó al gobierno y las empresas a una
audiencia de conciliación. Allí se acordó clausurar las empresas objetadas
durante 45 días en los que deberán presentar los certificados correspondientes.
En las denuncias consta que "se señalaron falta de
controles, de estudios de impacto ambiental, depredación de la arena y el
agua", tal como publicó el diario local El Día.
Una de las firmas más comprometidas es Cristamine que según una de las denuncias
"multiplica cifras millonarias con la habilitación vencida y sin ningún
tipo de control".
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