Dura carta de Bordet y otros mandatarios del PJ por la coparticipación a CABA: “El federalismo no se negocia”
Gustavo Bordet y gobernadores de otras 16 provincias se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y consensuaron una solicitada para presionar a la Corte Suprema antes de que dirima el conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires originado en 2020. Los mandatarios provinciales solicitaron además ser aceptados como “amicus curiae” del máximo tribunal
“Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias
argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia
indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención
respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad
interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con
el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que
no le corresponden”, es el primer párrafo del escrito titulado “El Federalismo
no se negocia”.
Además del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet,
firmaron también los mandatarios de la provincia de Buenos Aires, Catamarca,
San Luis , Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La
Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, , La Pampa, Misiones y Santa Fe.
No suscribieron la solicitada ni participaron de las negociaciones los
gobernadores de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gustavo
Valdés), el cordobés Juan Schiaretti, Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela
Carreras (Río Negro). “Las provincias argentinas observamos con suma
preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento
del plazo establecido para la conciliación entre las partes. No existe razón
alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo
normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus
celosos custodios”, agregaron las provincias firmantes.
Y argumentaron: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es
una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra
constitución se funda en pactos preexistentes. Cuando se sanciona la ley 23548
de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y
secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos
pertenecientes al estado nacional. Después de la reforma de constitucional de
1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al
1,4% del monto total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y
modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el
decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%. Nuestras provincias han
perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28%
del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”.
La solicitada, anticipada por este medio, fue difundida a
las 9 por las cuentas oficiales de los gobernadores firmantes horas antes de la
última reunión formal que se realizará hoy en el Ministerio del Interior para
buscar una salida consensuada entre los gobiernos porteños y nacional. Si no
hay acuerdo, el máximo tribunal quedará en condiciones de emitir una sentencia.
La puja entre ambas administraciones surgió en septiembre de
2020 cuando, por decreto, el presidente Fernández decidió recortarle a la Ciudad
un porcentaje de la coparticipación que había sido concedido por Mauricio Macri
durante su Presidencia. Fernández resolvió que se volviera al monto histórico
que percibían los porteños en medio de un conflicto desatado con la Policía
Bonaerense y envió un proyecto de ley al Congreso que se aprobó en diciembre de
ese año. Ante este escenario, la Ciudad presentó un recurso de amparo ante la
Corte Suprema. Los jueces impulsaron a las partes a que busquen una solución
política, consensuada, pero casi no hubo avances en las reuniones realizadas
hasta ahora. Este miércoles vence la última prórroga concedida por el tribunal.
“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista.
Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el
transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos
hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros
escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista
dispone. Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen
flagrantemente nuestro federalismo”, aseguraron los gobernadores aliados a la
Casa Rosada.
Y completaron con una fuerte advertencia: “Queremos que de
un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a
presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las
distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de
nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan
muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se
negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
La solicitada completa:
EL FEDERALISMO NO SE NEGOCIA
Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias
argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia
indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de
inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el
Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de
liquidación de recursos que no le corresponden.
Las provincias argentinas observamos con suma preocupación
el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo
establecido para la conciliación entre las partes.
No existe razón alguna para pretender modificar la
transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional
precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia.
Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra
constitución se funda en pactos preexistentes.
Cuando se sanciona la ley 23548 de coparticipación federal
de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos
coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era
financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional.
Después de la reforma de constitucional de 1994, y en virtud
del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto
total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y modificatorias que fue
modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016
elevando el coeficiente al 3,75%.
Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de
pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del
presupuesto nacional en la CABA.
Las provincias argentinas estamos cansadas de la
discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que
consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan.
Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de
nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos
para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone.
Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones
que violen flagrantemente nuestro federalismo.
Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como
amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales
complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos
decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos.
Nosotros vamos a defender a nuestras provincias.
Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de
Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las
consecuencias de sus actos.
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