Fiscales acompañan a Goyeneche en el inicio del jury y reclaman “un proceso justo”
Los fiscales Leandro Dato y Gamal Taleb se refrieron al inicio del jury contra la suspendida procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, y exigieron un “proceso justo”.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda
(Radio De la Plaza), Dato explicó que un grupo numeroso de fiscales de toda la
provincia se convocó a primera hora de este lunes “para esperar que llegara
Cecilia al inicio del jury, como parte de las actividades que nos propusimos
llevar adelante la semana pasada, con adhesión en toda la provincia”.
“Le transmitimos toda nuestra solidaridad entendiendo que es
un proceso ilegal e ilegítimo, y totalmente injusto”, señaló y cuestionó que
“hasta hace un rato no se sabía si podría ingresar público al salón; no se sabe
el cronograma, empieza hoy y mañana, pero luego no se sabe cómo continúa, lo
que es totalmente increíble”. “Como fiscales estamos acostumbrados a llevar
adelante procesos, con todas las garantías constitucionales y tribunales
constituidos, pero lo que estamos viendo en este proceso es algo increíble:
desde un fiscal que no debería sentado ahí hasta un tribunal totalmente
parcial”, describió.
En cuanto a la composición del Tribunal, apuntó: “Todos
tenemos nuestra historia y nuestra trayectoria, Goyeneche la tiene y el
tribunal la tiene, pero lo cierto es que la garantía de imparcialidad en la
mayoría de ellos no está garantizada. Esto lo hablamos en distintos foros y
reuniones, y siempre se planteó que no pretendemos impunidad sino que Cecilia
tenga un juicio justo”.
“Está claro que esta causa no debería haber llegado a esta
instancia, pero aun así queremos que se haga el juicio, que se la escuche a
ella, que se produzca la prueba, y no que se le modifiquen las reglas, porque
hoy finalmente no se sabe cuál es la acusación. La historia va a juzgar lo que
se está haciendo hoy”, planteó Dato.
Por otra parte, el fiscal de Victoria Gamal Taleb, consideró
que el hecho de que haya solicitado el expediente digital de la causa, “es una
señal de que a la Corte Suprema le interesó el caso y por supuesto que a la
Corte no le escapa a la gravedad institucional de esta situación, donde se está
enjuiciando con claros vicios de ilegitimidad en el procedimiento nada más y
nada menos que a una procuradora Adjunta, que había sido legalmente designada
como fiscal interina Anticorrupción y que había tenido a su cargo al
investigación de los hechos más resonantes de la provincia, con mucha eficacia
porque hubo muchas condenas”.
“Esta situación de gravedad institucional es lo que motivó,
sin dudas, que la Corte solicitara en muy poco tiempo el expediente digital, y
sabiendo que hay un proceso en marcha donde la doctora Goyeneche denunció
ilegitimidades manifiestas, esperamos que la Corte se aboque a tratar el tema
para que no quede abstracto”, planteó y explicó que “una cuestión es abstracta
cuando ya no tiene sentido pronunciarse porque el objeto del litigio ha sido
cumplido. En este caso, si la Corte se pronunciara después de que termine el
juicio acerca de si es legítimo que se haya separado al Ministerio Público
Fiscal de su rol constitucional y legal de llevar adelante la investigación y
la acusación ante el jurado de enjuiciamiento, sin dudas ya no tendría
sentido”.
“Por eso creemos que la Corte está sabiendo lo que está
pasando y esperamos que salga una resolución de la Corte antes de que termine
el enjuiciamiento de Goyeneche”, aseveró.
Y agregó: “Si la Corte llegase a tomar una resolución cuando
ya finalizara podría llegar a señalar la ilegitimidad del procedimiento y
habría que ver cuáles son las consecuencias, pero la petición de la doctora
Goyeneche mediante una medida cautelar no es para no ser juzgada sino para que
el Ministerio Público Fiscal no sea apartado del proceso de juzgamiento. No
estamos saltando por encima de la igualdad ante la ley, que nos obliga a
someternos a este tipo de procedimientos; lo que pedimos es que estos
procedimientos sean acordes a la Constitución y a la ley, que dicen que el
Ministerio Público Fiscal –en este caso el procurador o la procuradora adjunta-
debieron estar a cargo de la acusación hoy y sin embargo por razones que no son
atendibles fue apartado totalmente de ese rol constitucional”.
“Esperamos que quienes tienen que impartir justicia tomen
conciencia del daño que le está causando a las instituciones un procedimiento
al margen de las restricciones que tiene un Estado de derecho”, concluyó.
Análisis
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