Enjuiciarán a comisario que custodiaba en forma particular al distribuidor de Manaos en Concordia
Detalles de la investigación.
Guillermo Ocampo, comisario de la Policía de Entre Ríos,
disponía adicionales paralelos, custodia y operativos para el dueño de una
distribuidora concordiense, Guillermo Barrios.
Guillermo Ocampo, comisario de la Policía provincial, ponía
la estructura policial a su alcance al servicio del empresario de Concordia,
Guillermo Barrios, un hombre con un accionar temerario y vínculos en el
ambiente delictivo. Según las sospechas firme que existen en la investigación
de la Fiscalía, principalmente custodiaba con sus subalternos de la División
Investigaciones la distribuidora de Barrios, cuando esos policías debían estar
en funciones. Pero Ocampo también realizaba operativos y diversas
averiguaciones requeridas por el empresario. El exjefe de Investigaciones de
Concordia fue detenido en diciembre del año pasado y está cerca de ser enviado
a juicio, aunque antes le van a imputar otro hecho más.
La historia comenzó en el marco de otra investigación que se
venía llevando adelante en la Fiscalía de Concordia, a cargo de Francisco
Azcué, a una banda narco que asediaba distintos barrios de la ciudad. Uno de
los sospechosos era Barrios, quien habría estado involucrado en la compra venta
de armas de fuego. Y por las escuchas telefónicas se detectaron innumerables
contactos y comunicaciones de este hombre con el entonces jefe de un área clave
y sensible de la Policía, como lo es Investigaciones.
De este modo, el fiscal José Arias comenzó una investigación
al respecto. La actividad ilícita que se pudo detectar en esa pesquisa era el
servicio de custodia policial que prestaba Ocampo a Barrios.
Se trata de un servicio llamado adicionales, que está
reglamentado por la Policía y se realiza mediante pedidos formales a la
Jefatura Departamental. Las autoridades envían al lugar requerido por el
particular que solicita la seguridad en un lugar o evento, se firma un contrato
y se paga a la misma administración pública. Luego se abona al policía el
dinero correspondiente por las horas adicionales trabajadas, en su cuenta bancaria,
y asentado en su recibo de sueldo.
Pero para Barrios, Ocampo decidió hacerlo más simple y
redituable para él y sus muchachos. El personal policial que custodiaba su
distribuidora de gaseosas Manaos era exclusivamente de Investigaciones, quienes
en vez de estar cumpliendo funciones en su horario de trabajo, iba a la
distribuidora o el lugar que Barrios necesite, según las evidencias que se
fueron incorporando al legajo de investigación.
Y se detectaron otros servicios que Ocampo le prestaba a
Barrios. Si el empresario veía un vehículo cerca de su distribuidora con
personas a bordo que le parecían extrañas o sospechosas, llamaba al comisario,
le pasaba datos de la patente y Ocampo le averiguaba quiénes eran. El favor no
quedaba en el informe sobre la identidad de esos sospechosos, sino que encima
el comisario enviaba una comisión policial y montaba un operativo para
interceptar e identificar a esas personas. Es decir, la estructura del Estado
que manejaba Ocampo, a la voluntad de un particular.
Imputaron a un alto funcionario policial por “cohecho y
tráfico de influencias”
Otro dato elocuente sobre esta relación en la pesquisa
surgió en torno al hermano de Barrios, quien estaba detenido con prisión
domiciliaria, imputado por un homicidio. Un deber de la policía en estos casos
es lo que se conoce como control saltuario, es decir, ir a la vivienda del
detenido para corroborar que el mismo se encuentre cumpliendo la medida
judicial. Y resultó ser que los únicos que realizaban ese control al hermano de
Barrios era personal de Investigaciones, por lo que, a esta altura, sobran las
dudas de si realmente lo hacían.
Un operativo para Barrios
El nuevo hecho que le imputará el fiscal Arias a Ocampo, y
que revela aún más cómo el comisario disponía de la policía a merced de
Barrios, tiene que ver con un conflicto que tenía el empresario. Este hombre
quería imponer su monopolio en la distribución de Manaos en Concordia y la
región de Salto Grande. Había un comerciante que no quería comprarle las
gaseosas a él, sino que prefería conseguirlas en otros lugares. Lo presionaba y
amenazaba reiteradamente, e incluso una vez denunció que le quería prender
fuego su casa.
Un día, el comerciante viajó a Villaguay para comprar las
Manaos y Barrios lo siguió. En el trayecto, cuando el hombre regresaba con la
mercadería, lo interceptó y lo amenazó. En ese momento, Barrios se comunicó con
Ocampo y el comisario movilizó nuevamente la estructura policial: llamó a la
policía caminera y pidió montar un operativo cerrojo para detener la marcha del
vehículo del comerciante, con el argumento de que llevaba mercadería que no
estaría en regla. El procedimiento policial se realizó y el conductor del
vehículo explicó la situación, dijo que lo estaban amenazando y justificó el
transporte de las gaseosas.
Todo esto quedó registrado en las actas que se labraron en
el operativo, y hasta en el libro de guardia donde quedó asentado el llamado
que realizó Ocampo para pedir el mismo.
El 9 de diciembre del año pasado, el fiscal Arias solicitó
los allanamientos a los investigados y se logró desbaratar el accionar
delictivo. Y desde entonces, la causa avanzó con el análisis de más evidencias
que fueron secuestradas. Así, surgió este segundo episodio que será endilgado a
ambos acusados.
Una vez que este hecho sea imputado formalmente al
comisario, la causa quedará prácticamente lista para ser enviada a juicio,
donde la Fiscalía buscará una condena tanto para el policía como para el
empresario, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de
funcionario público, cohecho y tráfico de influencias.
Ocampo, que había llegado a la Policía de Concordia en 2013,
en este momento se encuentra pasivo en la fuerza de seguridad provincial y
probablemente, si lo terminan condenando, sea exonerado. (Uno)
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