Codesal-Hotel Ayuí: postergaron el juicio por la renuncia del abogado defensor de Mazurier
El 1 de agosto último debió haber comenzado el debate oral y público correspondiente a la causa caratulada “Mazurier, Luis Alberto y otros /peculado”, legajo número 6338/10. Pero la inesperada renuncia de dos abogados defensores, Osvaldo Sarli y Juan José Buktenica, obligó a la suspensión, sin que aún se haya fijado nueva fecha.
La causa tiene una extensa historia, que ya supera la docena
de años. La denuncia inicial, investigada por el entonces fiscal Aníbal
Lafourcade, fue en 2010. Recién 10 años después, en octubre de 2020, con José
Arias a cargo de la acusación, fue remitida formalmente a juicio por dictamen
del Juez de Garantías Darío Mautone. Desde entonces hasta la fecha establecida
para iniciar el debate oral y público hay que computar 2 años más. Por último,
habrá que adicionar a esta línea temporal el lapso que transcurra hasta que,
designación de nuevos defensores mediante, el juicio efectivamente tenga lugar.
Además de Mazurier, están imputados Cintia Del Rosario
Mengeon, Teresita Jesús Itatí Bordon, María Florencia Lauria y Alberto Jesús
Villanueva. Los delitos investigados son “peculado de bienes” en “concurso
ideal” con el de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración
pública”.
La renuncia de Osvaldo Sarli a la defensa de Mazurier
sorprende sobre manera, si se tiene en cuenta que el abogado tuvo gran
protagonismo en los últimos años, especialmente en la tramitación de diferentes
pedidos de nulidad que, si bien no prosperaron, fueron útiles para dar pelea y
demorar la remisión a juicio. Entre esas jugadas jurídicas, figuró un reclamo
de competencias para que la causa, diez años después de que comenzara, pasara a
la Justicia Federal.
Lo concreto es que el paso al costado de Sarli y Buktenica,
fueren cuales fueren los motivos, ha servido para postergar aún más la
concreción del debate oral y público, que será presidido por los magistrados
Eduardo Degano, Edwin Ives Bastian y Carolina López Bernis. Sobre ellos pesará
la responsabilidad de dictar sentencia en el juicio de primera instancia, sea
por la absolución de los imputados o por la condena.
En caso de que se diera esta última situación, sería lógico
que el fallo sea apelado por las defensas, lo que dejará en suspenso las penas
y dará paso a una segunda instancia, donde intervendrá la Cámara de Casación,
que revisará la sentencia inicial. Si el desenlace fuera la absolución, no
sería de extrañar que también hubiera apelación, aunque en ese caso impulsada
por el Ministerio Público Fiscal. Todo ello lleva a suponer que a los 12 años
de esta historia habrá que adicionar varios más.
El debate oral y público, para el cual aún no hay nueva
fecha programada, promete ser extenso, si se tiene en cuenta la larga lista de
testigos, que incluye a gobernadores: el actual, Gustavo Bordet, y Sergio
Daniel Urribarri. También figuran Hugo Alberto Ballay, Edgardo Kueider, Julio
Rodríguez Signes, Juan Carlo Chagas, Néstor Berterame, Enrique Stola, José
Carlos Ostrosky, Enrique Oscar Bacigaluppe y Sara Inés Chapado.
Siete hechos bajo la lupa
En los detalles de la imputación, se atribuye a los acusados
un total de siete hechos. A Mazurier se lo señala por la sustracción del dinero
que se cobraba por diferentes servicios en el camping La Tortuga Alegre, lo
mismo que el Complejo Termal Perilago, en el Camping Las Palmeras, la Península
Gregorio Soler y el balneario Punta Viracho, todos ubicados en la zona del
perilago de Salto Grande.
También se lo acusa por haberse quedado de manera ilegal con
el Hotel Ayuí, maniobra que habría perpetrado a través de la firma Balace SRL,
Cintia Mengeon y Alberto Jesús Villanueva. Para ser más precisos, la resolución
describe este último hecho en estos términos: “Omitió deliberadamente asumir la
administración del HOTEL AYUI sito en la zona del Lago de Salto Grande de la
ciudad de Concordia, conforme se estableciera en los convenios celebrados entre
la DA-CTM y BALACE SRL de fecha 9 de enero de 2002, Acta Complementaria del 14
de agosto de 2002 y en Acta del 6 de diciembre de 2004 y convenios celebrados
entre la DA-CTM y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos de fecha
1o de diciembre de 2004 y el 7 de diciembre de 2005, todo lo cual realizó con
el propósito de aprovecharse de tal circunstancia y apoderarse ilegítimamente
de todos los montos percibidos por la explotación comercial del HOTEL AYUI,
conducta que llevó adelante por intermedio de BALACE SRL, Cintia del Rosario
MENGEON y Alberto Jesús VILLANUEVA, quienes - respectivamente- gerenciaban el
hotel y oficiaban de prestanombre".
También se imputa a Mazurier haberse aprovechado del
personal de la CODESAL para llevar a cabo trabajos “de electricidad, pintura y
jardinería, para mantener y mejorar las instalaciones del HOTEL AYUI”,
favoreciendo a la firma privada Balace SRL.
A María Florencia Lauria y a Teresita Jesús Itatí Bordón se
las imputa por haber omitido inscribir a la CODESAL y efectuar las rendiciones
de ingresos y egresos ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Fiscalía
consideró que tales omisiones facilitaron que Mazurier pudiera apoderarse del
dinero que se cobraba por los diferentes servicios prestados en los camping y
termas bajo administración de la CODESAL.
Los delitos en juego
En cuanto a las calificaciones legales, a Mazurier se le
endilga la autoría material del delito de peculado de bienes y de servicios, en
concurso ideal con Administración Fraudulenta en Perjuicio de la Administración
Pública, Omisión de Deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad.
A Cintia del Rosario Mengeon, al igual que a Alberto Jesús
Villanueva, se los acusa de partícipes necesarios del peculado de bienes, en
concurso ideal con la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, e
igual calificación les cabe a María Florencia Lauria y Teresita Bordón.
(El Entre Ríos)
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