“Guantes violetas o la hipocresía de las normas”, por María de los Ángeles Petit
Se utilizan mucho los sinónimos de guantes blancos o guantes
verdes para definir a aquellas personas que cometen delitos, sin mancharse las
manos, sin concurrencia de medios violentos o para los que declaman su
compromiso con el medio ambiente para ciertas y especiales ocasiones, pero en
el fondo parafraseando a Greta Thunberg son puro bla, bla, bla.
En las políticas públicas de género, violencia de género o
de aplicación de la perspectiva de género, pasa algo parecido.
Podríamos llamarlos
los funcionarios de guantes violetas, por el color con que se representa la
violencia de genero.
Dictan normas, dan
grandes y elocuentes discursos, pero lamentablemente, no aceptan, no receptan,
no comprenden y en muchos casos, ni siquiera aplican lo que escriben.
Usan los guantes violetas para hablar con las mujeres y de
mujeres, aunque no entiendan de lo que hablan y se vanaglorian de la aprobación
de normas con muy lindas palabras, pero que no aplican ni en sus funciones ni
en su vida diaria.
En el día del cumpleaños
de Micaela García, victima, mujer, niña, hija, referente social, razón de la
llamada Ley Micaela, asistimos a una degradación en la utilización de esa
norma, surgida para concientizar a funcionarios políticos y agentes nacionales,
provinciales y locales.
Usada como excusa, las charlas de concientización de la Ley
Micaela, no dejan huella alguna en la administración pública, convirtiéndose en
una herramienta más de la hipocresía y la demagogia.
Los hechos de
violencia se suceden unos tras otros, en el ámbito institucional, laboral y
político.
Códigos Procesales
obsoletos, leyes sin contenido ni perspectiva de género, ordenanzas fantasmas,
áreas sin presupuesto, es la realidad de hoy.
Esta opinión no pretende ser una crítica a la norma, sino al
bastardeo de ella por algunos – no todos, trato de ser objetiva- políticos,
intendentes y legisladores que pretenden excusarse en su lectura para pregonar
su adhesión a una lucha que trasciende lo meramente legislativo porque el
patriarcado está enquistado en las raíces mismas de nuestra sociedad.
Así, hoy asisto al triste espectáculo de un municipio del
Departamento Concordia, Estancia Grande que pretende presentar un Digesto de
normas de Género, cuando no cumple con nada de ello.
El Intendente de
Estancia Grande, Pablo Javier Goldin, en
su carácter de representante legal de ese Municipio fue encontrado responsable
de violencia y discriminación laboral en contexto de género en una causa que
atravesó 3 instancias de revisión judicial, está imputado próximo a un juicio
oral por desobediencia judicial en violencia de género y tiene dos demandas más
en contexto de violencia. ¿Que dirán sus víctimas, AMEF, PERF y AS, y tantas
otras que no se animan a denunciar ante tan patético acontecimiento?
Como un título iluminado de una marquesina se muestra la
capacitación de la Ley Micaela, sin medir sus resultados, los cambios internos
en la institución, las acciones positivas para prevenir y sancionar la
violencia.
El valor y el respeto de las normas es fundamental para la
confianza de la comunidad y delicado equilibrio que debe primar en su
aprobación y aplicación.
Situaciones como esta transparentan las contradicciones
entre el relato y la realidad y la hipocresía del sistema.
Es una fecha especial para analizar esta y otras conductas,
de funcionarios que se sienten atacados por mujeres que recurren a la justicia
buscando respeto a su carrera administrativa, a sus estudios, a su
capacitación, a su dignidad como seres humanos y recordémosle, que no se
necesitan más normas sino hombres que las apliquen y dejen aplicar.
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