Juicio por obra pública: “Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, aseguró el fiscal
Diego Luciani comenzó esta mañana su intervención con una dura acusación contra la vicepresidenta, principal acusada en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. Habló de una asociación ilícita y nombró a Alberto Fernández
“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández,
instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las
matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el
país”. La frase fue del fiscal federal Diego Luciani en el inicio de sus
alegatos en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el
empresario Lázaro Báez y así dejó en claro que pedirá que la vicepresidenta de
la Nación sea condenada en lo que es su primer juicio oral.
Por videoconferencia, Luciani señaló que tiene acreditado
que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación
ilícita de características singulares”. Cristina Kichner lo escuchaba desde su
conexión al zoom, al igual los restantes 12 acusados.
A las 8:45 Luciani comenzó su alegato ante el Tribunal Oral
Federal (TOF) 2 de Comodoro Py. Lo inició con una dura crítica a los abogados
de Unidad de Información Financiera (UIF)- un organismo del gobierno nacional,
que en sus alegatos pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los
principales acusados. El fiscal sostuvo que el alegato de la UIF fue
“temerario, poco serio e irresponsable” porque “tergiversaron de manera grosera
el sentido de la prueba”. “Esperamos que los funcionarios públicos se expresen
con responsabilidad. Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía
explicara porque descartó la cantidad de prueba”, sostuvo.
Luego resumió el corazón de su acusación: “Este ministerio
Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en
el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se
trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la
clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita
piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que
participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero
valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y
luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la
administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de
corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan
desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que
existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las
características especiales de la asociación”, continuó Luciani.
La Fiscalía adelantó que a lo largo de nueve audiencias
-aunque Luciani señaló que pueden ser más- va a “probar cómo los imputados
planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y
a todos los argentinos”.
Luciani, con un tono fuerte y acompañado por el también
fiscal Sergio Mola, sostuvo que los acusados no cumplieron con los compromisos
internacionales que el estado argentino firmó para luchar contra la corrupción.
“Fueron despedazados por los imputados”, dijo y luego apuntó contra el electorado
del kirchnerismo: “Se privó de esos recursos a los sectores más vulnerables de
la sociedad”.
El fiscal relató la maniobra desde su inicio. Fue pocos días
que Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 como presidente de la Nación cuando
Báez creó Austral Construcciones. “El anterior trabajo de Báez fue el de cajero
de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial
de manera intempestiva creó una empresa constructora y que luego se iba a
quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz”, sostuvo y agregó:
“Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que
le daría continuidad a la maniobra”.
“Néstor Kirchner y Báez amigos íntimos. Lo admitió Cristina
Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios
comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios
comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias.
Se ha intentado ocultar esto que está acreditado y que nosotros lo vamos a sacar
a la luz y eso explica el porqué del favorecimiento a Lázaro Báez”, acusó.
Para sostener la relación de amistad de Néstor Kirchner y
Lázaro Báez, Luciani hizo referencia a la declaración como testigo en el juicio
del presidente de la Nación, Alberto Fernández. “El propio presidente Alberto
Fernández declaró que a Báez lo conoció en el Calafate cuando se lo presentó
Néstor Kirchner en su casa”, dijo y pasó el video de esa declaración.
Luego Luciani, que acompañó su alegato con filminas, apuntó
al resto de los acusados. Habló de que Néstor Kichner llevó al gobierno
nacional a funcionarios que habían trabajado con él en Santa Cruz en el área de
obras públicas. Nombró a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, a
José López, ex secretario de Obras Públicas, a Carlos Kirchner, ex titular de
la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex
presidente Néstor Kirchner, y a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección
Nacional de Vialidad. Todos continuaron en sus cargos en las dos presidencias
de Cristina Kichner, de 2007 a 2015.
Para el fiscal así se buscó “interponer barreas de
contención para distanciar la responsabilidad de la Presidencia de la Nación”.
“Los ex presidentes se valieron de personas de máxima confianza para desarrollar
la maniobra. Las relaciones entre todos es inocultable”, señaló.
También apuntó a que los organismos de control no hicieron
su trabajo y que eso formaba parte de la maniobra ilegal. Y puso como ejemplo
que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, fue designada como adjunta en la
Sindicatura General de la Nación, el organismo que debía controlar al
Ministerio de Planificación Federal. “Fue un mensaje nefasto para la sociedad y
un claro conflicto de interés, más allá que se haya excusado de intervenir”,
explicó.
En el juicio -que comenzó en mayo de 2019- se investigan las
presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez
recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras
hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones
amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas.
La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la
administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa
asociación ilícita.
Sobre las obras, el fiscal dio algunos datos. Las empresas
de Báez recibieron el 78 por ciento de las obras que de 2003 a 2015 se
adjudicaron a Santa Cruz. Solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no
eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24
tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable,
24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas.
Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”,
describió.
También detalló que solo una de las 51 obras mantuvo al
valor original. En 39 de esas 51 obras hubo modificaciones en la extensión de
los plazos por un total de 63 años y se incrementó el presupuesto por más 1.500
millones de pesos. También que las licitaciones de las obras que recibió Báez
tardaron 29 días en adjudicarse cuando el promedio para otras empresas era de
210 días.
En la hoja de ruta que trazaron los jueces del TOF 2, Jorge
Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto
antes de fin de año. El pedido de condena para funcionarios -que la Fiscalía ya
adelantó que hará para Cristina Kirchner- suele estar acompañado con la
inhabilitación -en muchos casos es de manera perpetua- para ejercer cargos
públicos.
Si la vicepresidenta es condenada puede apelar pero recién
cuando se conozcan los fundamentos de esa decisión, lo que quedará para el
2023, para que sea revisada primero por la Cámara Federal de Casación Penal y
luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso excede los plazos para
que la condena quede eventualmente firme, por lo que podría presentarse a las
elecciones del año que viene.
En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un
video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura,
hasta firmada”.
En medio de la interna del Frente de Todos, y de la crisis
política y económica, Alberto Fernández respaldó las críticas de CFK: “La
Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la
que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita.
Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la
idoneidad moral de los miembros del tribunal”.
Junto con Cristina Kirchner, Báez, De Vido, López, Carlos
Kirchner y Periotti también están siendo juzgados el ex secretario de Obras
Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio
Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de
Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez,
todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF. Los
abogados del organismo del gobierno nacional pidieron la absolución de Cristina
Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia
de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre
los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de
probar una asociación ilícita”, dijo el abogado Leandro Ventura.
La UIF solo pidió condena para los funcionarios de vialidad
de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron
que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así. El
organismo solicitó un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación
para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez. Pero advirtió
que el delito podría estar prescripto y dejó en el tribunal esa decisión.
Cuando la Fiscalía finalice su alegato será el turno de cada
una de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez y
la de la vicepresidenta será la sexta, publicó InfoBae.
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