Negociaciones incompatibles y supuestas coimas: Urribarri llegó a Casación con dos causas
El exgobernador Sergio Urribarri llegó con sendos recursos de apelación a la Cámara de Casación Penal para discutir los fallos adversos que tuvo en primera instancia en causas clave: la investigación penal que se conoció mediáticamente como el “megajuicio” y que cerró con una condena a 8 años de cárcel; y la investigación penal por el supuesto pago de coimas al empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
El 7 de abril último, Urribarri fue condenado a 8 años de
cárcel -la Fiscalía había pedido 12
años- al hallarlo culpable de los delitos de peculado y negociaciones
incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio que investigó
tres grandes causas de corrupción de su gobierno.
De los 13 imputados que llegaron al megajuicio, fueron
absueltos 5 imputados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios
de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y
Gustavo Tórtul; Alejandro Almada y Maximiliano Sena.
Al exgobernador Sergio Urribarri, por la comisión en su
calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones
incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12
años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos. El tribunal lo condenó a 8 años de cárcel.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación,
exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los
delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la
función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue
de 6 años y 6 meses de prisión.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del
Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado y
negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos
hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria
de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue
condenado a 6 años y 6 meses de cárcel.
A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next
SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe
necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la
función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8
años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos. Pero el tribunal consideró excesiva la pena pedida por
Fiscalía y le aplicó 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta
perpetua.
Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio
Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de
peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso
ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta
perpetua. El tribunal le aplicó la pena de 3 años de prisión de ejecución
condicional.
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María
Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles
en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue absuelto de
culpa y cargo.
A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser
“testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de
peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la
pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer
cargos públicos. La pena aplicada por el tribunal es de 2 años y 6 meses de
ejecución condicioanl.
A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de
los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal,
Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua
para ejercer cargos públicos. Le aplicaron 3 años de prisión condicional e
inhabilitación absoluta perpetua, más pago de multa de $90 mil.
A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada
de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito
de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la
pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta
perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada 2 años y 6 meses de
ejecución condicional.
A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía
le achacó ser partícipe secundario en el delito de peculado y el de
negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pidió la pena de 3 años de
prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua
para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal decidió absolverlo. Almada
actualmente es funcionario de la Cámara de Diputados. Fue absuelto de culpa y
cargo.
A Maximiliano Romeo Sena,
otro “prestanombre”, según Fiscalía, fue acusado por Fiscalía como
partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles
en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento
condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El
tribunal lo absolvió.
A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo
una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa,
Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como
partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función
pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la
inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal le
aplicó la pena de 1 año y 2 meses de prisión condicional.
A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial,
como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones
incompatibles con la función pública en concurso ideal, la Fiscalía solicitó la
pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta
perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal entendió que no tuvo
participación en los delitos reprochados, y lo absolvió. También absolvió al ya
fallecido Hugo Céspedes.
Urribarri no quedó conforme con la resolución de la Justicia
y apeló la condena.
A finales de mayo, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de
Paraná, conformado por los jueces José María Chemez, Elvio Osir Garzón y María
Carolina Castagno, resolvió conceder los recursos de casación.
El Tribunal que emitió las condenas y dictó absoluciones
hizo lugar al recurso de los abogados Ignacio Estaban Díaz, José Raúl
Velázquez, Raúl Enrique Barrandeguy y José Calendario Pérez -en asistencia de
Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez-; por Juan Antonio Méndez -en
defensa de Gustavo Rubén Tamay-, por
Marcos Rodríguez Allende -en asistencia de Juan Pablo Aguilera y Luciana María
Belén Almada-, por Miguel Ángel Cullen -en representación de Emiliano
Giacopuzzi y Corina Elizabeth Cargnel-, y por Emilio Fouces -en defensa de
Gerardo Daniel Caruso-.
Pero los defensores recusaron a los tres jueces que integran
la Cámara de Casación Penal Marcela
Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti. Los recusaron por entender que “no
encuentran garantizada la imparcialidad del Tribunal”. Una de las causales es
que los jueces revisores de sentencia intervinieron antes del juicio al
rechazar recursos de los abogados, concretamente en octubre y noviembre de
2019.
La segunda causal que mencionan es que el 7 de diciembre de
2021, los jueces participaron de una reunión convocada por la Asociación de la
Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que se realizó en Victoria –
“Jornada Anual del Fuero Penal”- y allí firmaron una nota junto a otros
funcionarios judiciales en la que manifestaron su preocupación al Consejo
Directivo de la entidad por la apertura del jury a la Procuradora Adjunto y
Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche (destituida recientemente).
Al respecto, citan una nota en la que se daba cuenta del
encuentro. La publicación periodística consignaba que la nota elevada al
Consejo Directivo de la entidad, decía: «Motiva nuestro pedido el inminente
inicio de juicio por ante el Jurado de Enjuiciamiento al titular del Ministerio
Público Fiscal y a una de sus adjuntas, organismo que abre su jurisdicción
simultáneamente a que se encuentran sustanciando por ante la justicia ordinaria
con sede en Paraná emblemáticas causas promovidas por tales funcionarios que
tienen como acusados a un ex gobernador y a un ex ministro de la administración
provincial”.
La otra causa con la que el exgobernador llegó a la Cámara
de Casación Penal es la que lo liga, de modo sospechoso para la Fiscalía, con
el empresario Diego Armando Cardona Herreros.
En julio pasado, el juez de juicio Elvio Osir Garzón declaró
«improcedente» el recurso de casación que había presentado Urribarri a través
de sus abogados defensores luego de que el magistrado revocara, a finales de
junio, el sobreseimiento que había dictado su par de Garantías, Mauricio
Marcelo Mayer, y que había beneficiado al exembajador argentino en Israel en
una causa que investiga el supuesto pago de coimas en las contrataciones del
Estado entrerriano con el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona
Herreros.
Garzón declaró “improcedente el recurso de casación
interpuesto por los Dres. Miguel Ángel Cullen, Raúl E. Barrandeguy, José C.
Pérez y Juan Antonio Méndez, abogados defensores de D. Sergio Daniel Urribarri los
dos primeros mencionados y de Miguel Ángel Ulrich y Carlos Marcelo Haidar los
otros, contra la resolución de fecha 30/06/2022”. La vía que les queda ahora a
los defensores es intentar llegar igualmente a la Cámara de Casación con un
recurso de queja, para que le conceda la revisión del fallo de Garzón en esa
instancia superior.
En ese marco, Urribarri llegó con un recurso de queja a
Casación.
La causa
La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la
Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en
tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio
Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista
Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo
paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.
Allí, se investiga de qué modo a partir de 2007, cuando
Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego
durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “con el fin de
generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”, la empresa
de Cardona Herreros en diversas contrataciones desde el Estado entrerriano. Lo
hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas
licitaciones para la adquisición de software en la provincia, según se
desprende de la investigación fiscal.La imputación dice que Urribarri realizó
“acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran
información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona
Herreros”. En esas maniobras, señala la imputación fiscal, hubo cobro de
sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios.En
esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de
funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego Valiero; el
titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y
Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto
Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.
(Entre Ríos Ahora)
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