Causa Contratos: El Procurador pidió que la Justicia provincial revea su postura
El Procurador General Interino de la Nación, Eduardo Casal, sugirió a la Corte Suprema de Justicia que el expediente que investiga presuntos desvíos de fondos de la Legislatura provincial sea enviado nuevamente a la Justicia provincial para que, a la luz del fallo de la Cámara Nacional Electoral que ratificó la competencia electoral en la causa, se evalúe nuevamente si mantiene o no el conflicto de competencia que sostiene con el Juzgado Electoral Federal.
La medida de Casal busca evitar que el conflicto de
competencia sobre quién entiende en la causa “Contratos” escale y lo obligue a
él y a la Corte Suprema de Justicia a tener que tomar un decisión que sacudirá
la relación entre la jurisdicción federal y la provincial.
La disputa entre la jueza de Garantías Marina Barbagelata y
el juez federal subrogante Daniel Alonso gira en torno a si la supuesta
malversación de fondos fue para beneficio propio de los implicados o si se usó
para financiar la política y campañas electorales, según opina una y otro. La
puja llegó a la Corte, único superior común, que debería decidir quién tiene la
razón. Pero antes, el máximo Tribunal resolvió que debía resolverse si la
decisión de Alonso era convalidada o no por su estamento superior.
Por eso, el fallo de la Cámara Nacional Electoral resultó
clave. Puso sobre la mesa que las leyes nacionales son claras en el sentido de
que si en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales, se
evidenciara o fuese denunciada la posible comisión de un delito tipificado en
el Código Penal o sus leyes complementarias, su investigación estará a cargo
del juez federal con competencia electoral”.
En la misma línea remarcó “la importancia de fortalecer la
excepcionalidad y la especialidad de la jurisdicción electoral en lo referente
al conocimiento de faltas y delitos elector ales y su relación con el
financiamiento de los partidos políticos”, observó el titular interino de la
Procuración General de Justicia.
En este argumento de la Cámara Nacional Electoral estriba el
dictamen del Procurador que requiere que se informe al juzgado de Garantías
provincial este “nuevo argumento de interpretación del régimen legal” para una
“adecuada valoración de la cuestión” y a fin de que Barbagelata y Alonso
consideren si mantienen o no su postura y disputa.
A la luz del razonamiento de Casal y del fundamento del
fallo de la Cámara Electoral, quien debe tomar esta decisión es Barbagelata, ya
que los criterios del Procurador y del máximo ente electoral favorecen el
criterio de Alonso.
APF
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