La Justicia avanza en la investigación sobre los dueños de las tierras quemadas del Delta
La justicia federal ya tiene identificados a los titulares de las tierras isleras que sufrieron incendios reiterados en los últimos tres años. Hay nombres de empresarios conocidos y sociedades que explotan tierras en el humedal, además de informes de bomberos que señalan claramente la intencionalidad en el inicio del fuego
Los informes de georeferenciacón fueron utilizados para
definir las áreas, algunas de las cuales estaban abandonadas a su suerte por
los titulares, lo que no los aleja de la responsabilidad. Las afectaciones
sobre la salud de los habitantes de toda la región, que generaron denuncias,
fueron las que dispararon esta causa.
Las sospechas se centran sobre los lotes que sufrieron
incendios al menos en los años 2020, 2021 y 2022. Esta circunstancia fue
reflejada por investigadores en un mapa que demuestra que las zonas afectadas
por incendios en los años mencionados es exactamente la misma. Esta
coincidencia genera un alto grado de sospecha sobre los titulares de los
inmuebles donde se produjeron incendios en los últimos tres años con
actividades ganaderas que requieren de las quemas para aumentar la
productividad.
Esta investigación fue coordinada por el fiscal federal
Claudio Kishimoto y el Organismo de Investigaciones de Rosario y girada al juez federal de Victoria Federico
Martín. El trabajo de investigación trata de determinar quién o quiénes son los
titulares de los inmuebles incendiados, si los incendios fueron intencionales,
si se propagaron a lotes linderos, si causaron una contaminación al medio
ambiente y si causaron daños a la salud o lesiones de las personas que se
encontraban en el lugar donde se dirigió el humo provocado por las quemas.
En base al mismo se analizó desde el delito de incendio
doloso, hasta la contaminación ambiental y el caso de las lesiones producidas a
las personas que se ven obligadas a respirar el aire intoxicado. Debido a
diferentes factores relativos a la investigación, no todos los hechos
denunciados se encuentran en la misma etapa de investigación.
La pesquisa se orienta a ubicar quienes son los responsables
jurídicos de un inmueble donde el fuego se inició intencionalmente y en otros
casos permitirá realizar medidas para obtener elementos para poder reforzar una
hipótesis fuerte de trabajo elaborada en base a la evidencia recabada hasta el
momento.
En este sentido, ya hay personas identificadas como posibles
generadores de un incendio que se propagó, se extendió hacia la ciudad de
Rosario y causó posibles daños en la salud de los habitantes de la ciudad y
zonas aledañas, entre los que se intercalan apellidos de reconocidos
empresarios y sociedades que explotan las islas.
Desde el inicio de las quemas descontroladas en las islas
del río Paraná inferior, hace ya más de dos años, con el humo, la destrucción
de la biodiversidad y sus consecuentes daños a la salud y el ambiente, este
problema ha sido expuesto en la Justicia. En primer término intervino el
juzgado Federal con asiento en Paraná. Fue en esta sede porque en 2020 era
quien tenía jurisdicción sobre Victoria, el departamento entrerriano epicentro
de los focos ígneos. Y la competencia se formalizó en el fuero Federal porque las
causales, daños y perjuicios de los incendios afectan a dos o más provincias:
Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
De este modo, en 2020 se abrieron dos grandes procesos
judiciales que tratan dos tipos de demandas. Por un lado está la de tipo penal,
iniciada el 4 de marzo de 2020, a partir de una denuncia de la Municipalidad de
Rosario y a la cual luego se agregaron once denuncias más. Esta investigación
está caratulada como “Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otro estrago
(Art. 186º Inc. 1) y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves pretenso
querellante: Asociación Civil Con Personería Jurídica Cuenca Río Paraná y
otros”. Estas presentaciones recayeron en el juzgado Federal 1 de Paraná, a
cargo de Leandro Ríos, pero que al excusarse pasó al juez Federal 2 de la misma
capital entrerriana, a cargo de Daniel Edgardo Alonso. Esta causa es conocida
como expediente penal 840/20.
Por otro lado, está lo que es la demanda civil. El 22 de
junio de 2020 las ONG Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental presentaron en
el Juzgado Federal 2 de Paraná un pedido de “acción preventiva de daños
ambientales” y una “medida cautelar inaudita” con carácter de urgencia con
respecto a los incendios en las islas entrerrianas.
A partir de esta demanda las entidades ambientales lograron
una medida histórica: el 1 de julio de ese año, Alonso dispuso una cautelar que
continúa vigente donde establece “la prohibición absoluta de acciones humanas
con capacidad para alterar el medio ambiente” en la zona de humedales en Victoria.
Este expediente identificado como Nº 2.427/20 también pide dar con los
responsables —los propietarios y/o arrendatarios de los campos quemados— por
“el daño al ambiente y la salud pública”. Justamente solicitan conocer los
nombres de “los dueños del fuego” porque apuntan a una acción reparadora o en
su defecto una indemnización. Esto actualmente se encuentra pendiente de
resolución.
Estas causas mencionadas, tanto en lo civil como en lo
penal, son llevadas hoy por el actual fiscal federal de Victoria, Claudio
Kishimoto. El funcionario también investiga las últimas demandas penales que
fueron presentadas directamente en el Juzgado Federal con sede en Victoria
luego de que comenzó a operar en abril de 2022. Entonces aquí tenemos el tercer
gran expediente, el Nº 6.507/22, donde se han ido unificando todas las
denuncias penales presentadas por los incendios este año. En recientes
declaraciones a la prensa, Kishimoto adelantó que habría “medidas” y se
definiría la situación de las cuatro únicas personas que en dos hechos habían
sido detenidas in fraganti iniciando fuego, publicó Rosario 12.
De todos modos, se debe tener en cuenta que con el
recrudecimiento de los episodios ígneos en el inicio del otoño, las denuncias
han continuado. Hasta el mes pasado se recibían dos denuncias por semana que
inmediatamente eran derivadas a la Fiscalía debido a que no se contaba con
autores identificados. Al pasado mes de julio totalizaban unas 30
presentaciones de este tipo. Sobre estas acusaciones se aguardan algunas decisiones
del fiscal a cargo.
APF
No hay comentarios.