Denuncian al gobierno entrerriano por firmar “un convenio ilegal” con una universidad
El dirigente socialista de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Meillard, accedió a un documento que expone como el gobierno de Entre Ríos, firmó un acuerdo para que la universidad de La Plata, realicé un estudio de impacto ambiental por “un monto superlativo”.
Después de haber sido
condenados por la Justicia, e intimados a la presentación de un estudio de
impacto ambiental acumulativo con respecto a la actividad de extracción de
arena en el sur provincial, producto del amparo ambiental presentado por la
organización CAUCE y AGMER contra el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad
de Ibicuy, y la empresa YPF, el gobernador Gustavo Bordet decidió contratar a
la Universidad Nacional de La Plata por un monto de 92 mil dólares para la
realización del estudio exigido tras el fallo judicial.
Según expresó el
referente socialista, “el gobernador definió no cumplir con nuestra propia
legislación: el decreto 4977/09 que regula el impacto ambiental en la provincia
y establece que los consultores ambientales responsables de los mismos deben
estar registrados ante la Secretaria de Ambiente, formalizado esta exigencia a
través de su artículo 47º: ´Se crea en el ámbito de la Secretaría de Medio
Ambiente de la Provincia el Registro de Consultores en Estudios de Impacto
Ambiental, en el cual constará: 1.- La nómina de consultores individuales o
firmas consultoras habilitados para suscribir Estudios de Impacto Ambiental y
auditorías ambientales, antecedentes en éstas áreas´”.
Además, explicó que,
en ese registro, figuran profesionales idóneos matriculados de Entre Ríos, así
como también universidades locales, pero no existe registro alguno de la
Universidad Nacional de La Plata, por lo que la entidad no tiene legitimación
para realizar dichos estudios.
“Es todavía más
sorprendente el desarrollo de este convenio, cuando el propio Estado provincial
dispone de un conjunto de profesionales a los que puede requerir que participen
en un estudio de estas características, entendiendo que los funcionarios
públicos debieran involucrarse en la tarea entendiéndola como de carácter de
carga publica dentro de lo que se refiere a sus funciones”, publicó Análisis
Digital.
“Asimismo, según el
artículo 27º del mencionado decreto, el Estado provincial puede recurrir a los
consultores ambientales registrados, sin olvidar que es potestad del gobierno
solicitar a los colegios profesionales para que participen en estas actividades
designando a profesionales con experiencia dentro de la actividad en nuestra
jurisdicción y recibiendo su correspondiente compensación”, precisó Meillard.
Por último, indicó:
“Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, observo una enorme falta
de eficacia a la hora de administrar los recursos humanos del Estado, siendo
más atractivo para el gobierno actual el gasto de grandes sumas de dinero en
organizaciones estatales ajenas a la propia gestión, evadiendo así sus
obligaciones y propiciando negocios poco claros, de altísimos costos y que
carecen de pretensiones de legitimidad”.
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