Una arenera clausurada por la Justicia recibe un permiso del Gobierno

El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) aprobó el “permiso de uso del recurso hídrico subterráneo cuya perforación para extracción posee Número de Registro 230  con las condicionantes que el proponente efectúe e informe los ensayos de bombeo a realizarse cada dos años, instale un caudalímetro en boca de pozo y reinscriba  anualmente la perforación y cualquier cambio en el circuito del agua dentro del predio, cumplimentando además el pago de la alícuota de acuerdo al consumo anual impuesto por el organismo de aplicación bajo las condiciones de la Ley Provincial de Aguas N° 9.172”.

La medida beneficia a la planta de lavado de arena La República, ubicada en Ibicuy, departamento Islas, y que pertenece a la firma Cristamine SA, que extrae arena silícea que se destina al yacimiento de Vaca Muerta, en el sur del país. La organización ecologista Cauce Cultura Ambiental, que viene batallando contra la extracción sin control de la arena silícea en el sur de Entre Ríos, detalle en un completo informe que ern 2011, ante un escenario de declinación de pozos convencionales y crisis energética, el Estado nacional impulsó juntamente con firmas petroleras emprendimientos extractivos de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking en el megayacimiento de Vaca Muerta.

“La fractura hidráulica o fracking es una técnica experimental por la cual se logra extraer el gas o el crudo atrapado en las rocas desde hace millones de años. Consiste en la inyección a altas presiones de agua, arena   productos químicos a las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, a fin de incrementar su permeabilidad y, con ello, mejorar la extracción de los mismos”, detalla Cauce.  Y subraya que constituye una técnica económicamente más costosa en capital y ambientalmente más dañina que la convencional.

Ese método de extracción tiene en las arenas silíceas un elemento clave. “A pesar de que Entre Ríos fue la primera provincia que prohibió el fracking es la mayor proveedora de arenas silíceas para la realización de una altamente nociva para el ambiente y la salud humana. Además, oculta información a la población afectada en una clara connivencia con empresas privadas y Estados en sus distintos niveles”, señala el informe de Cauce.

En el caso de la planta La República, de Cristamine SA, que el 16 de diciembre el Corufa habilitó para que utilice agua de un pozo subterráneo, había sido clausurada por orden judicial en octubre último.

El juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, ordenó  la clausura de la planta que la firma minera tienen en la ruta 45 de Ibicuy, en el departamento Islas del Ibicuy, tras una nueva inspección ocular donde se habrían encontrado restos de hierro, residuos contaminantes y una toma clandestina de agua subterránea de alta potencia.

La arenera había informado al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) que no utilizaría más agua subterránea y que se serviría del arroyo Ibicuy, en un compromiso que había establecido administrativamente.

El caso por el cual se clausuró esta planta de lavado de arena silícea tiene como antecedente la acción de amparo ambiental que el juez Viri admitió el pasado 6 de mayo. El magistrado ordenó con la medida prohibir “a las empresas que no cuenten con al menos el otorgamiento del ‘certificado de informe técnico  favorable’  –emitido   por   la   Secretaría   de   Ambiente   del   Ministerio   de Producción de la Provincia– realizar actividades de extracción de arena silícea” en los ríos Paraná y Uruguay, por un lapso de 45 días. En este período, las firmas que se dedican a la explotación de arenas silíceas debían poner sus papeles en regla para poder volver a operar.

Luego, el 30 de junio, se efectuaron allanamientos para investigar si la Municipalidad de Ibicuy autorizó a que Cristamine SA pueda realizar trabajos que fueron observados por no cumplir con las normativas de protección ambiental y que debía habilitar la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos

Para el abogado de la Cooperativa de Agua de Ibicuy, Ricardo José Luciano, la autorización que poseía Cristamine SA fue otorgada en forma irregular “por no cumplir con las normativas vigentes, y porque no se había reparado el daño ambiental constatado”. Fue esta situación la que originó la denuncia penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra la intendencia de Ibicuy, el Corufa y Ambiente provincial.

Luciano dijo a Entre Ríos Ahora que la autorización que otorgó Corufa a Cristamine no cambia nada la situación: la clausura de la planta La República “se mantiene”, afirmó.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora