Causa Vialidad: apelaciones en marcha y el Tribunal prepara "denuncia" contra defensores

Tras el fallo de 1616 páginas dado a conocer el 9 de marzo pasado, las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez están confeccionando las apelaciones

 

A pedido de los representantes legales de López y Periotti, el TOF2 extendió el plazo para el trámite de 10 a 30 días hábiles en forma “excepcional” e “improrrogable”. “Evaluando la especial complejidad de los hechos aquí juzgados y la extensión de los fundamentos dictados (…), con miras a salvaguardar el correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio es que corresponde ampliar el plazo que prevé el art. 463 del Código Procesal Penal de la Nación, debiendo hacerse extensivo a las partes restantes”, resolvió el Tribunal.

 

El trámite formal de apelación es ante el Tribunal de juicio, que luego lo remitirá a Casación. La sala interviniente es la IV, que actualmente está compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Dicha conformación quedará confirmada recién al momento del llamado a audiencia de breves notas por parte del máximo tribunal penal del país. De ser así, se descuenta que la defensa de Cristina Kirchner recusará a Hornos y a Borinsky, ambos visitantes del expresidente Mauricio Macri en Olivos y en Casa Rosada.

 

En cuanto a la los argumentos para apelar, cada defensa se centrará en los fundamentos de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso sobre la responsabilidad que aseguraron tener probada para cada uno de los imputados.

 

Se descuenta que los abogados de la vicepresidenta harán idea fuerza en la falta de prueba directa y el uso de “prueba indiciaria” y de los chats de López -en los que Cristina no intervino ni es mencionada con su nombre- para condenarla.

 

Los defensores de Cristina Kirchner y del resto de los condenados, seguramente apuntarán a la falta de prueba concluyente de los sobreprecios. Un peritaje criticado por el propio Tribunal fue “subsanado” por una pericia improvisada para comparar precios de ítems de obras por parte de los jueces y así concluyeron que hubo fraude al Estado. Más dudas que certezas.

 

En particular, los ex responsables de las agencias viales buscarán deslindar sus responsabilidades de control sobre las obras y dirán que no se presentó prueba directa de maniobras para beneficiar a Báez. Y, por su parte, la defensa de Báez hará hincapié especial en el peritaje hecho por los jueces y en el rechazo por parte del Tribunal por cuestiones formales de prueba introducida durante el debate, que -aseguran- desbarata los cálculos del TOF2 sobre los precios de las rutas.

 

La fiscalía, en tanto, insistirá con la figura de asociación ilícita que fue descartada por el Tribunal y pedirá la revocatoria de las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Jesús Garro y Carlos Kirchner.

 

Abogados “denunciados”

 

En el fallo del 9 de marzo el TOF2 anticipó que “informará” al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sobre el desempeño de algunos de los abogados defensores por entender que actuaron en forma “temeraria” y “maliciosa”.

 

“Cuatro de las defensas, integradas por los Dres. Beraldi y Llernovoy, Paruolo y Galván, Rusconi y Palmeiro, y Arce y Guzmán, dedicaron gran parte de las instancias procesales previstas para el ejercicio de su magisterio para instalar la idea de que, desde sus albores, esta causa había tenido por objeto deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente o perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria”, escribieron los jueces en su fallo.

 

El Tribunal ya trabaja en los detalles de la presentación, que sería cursada al mismo momento de la remisión de los recursos de apelación. A pesar del señalamiento por sus argumentaciones sobre el Lawfare y la “guerra judicial”, en lo formal los jueces dirán que la acción “temeraria” fue en términos de ocultamiento o distorsión de elementos de prueba durante el juicio y no por aquellas consideraciones.

 

En el TOF2 niegan que se trate de una “denuncia” y aclaran que es una “presentación” para que el Colegio Público de Abogados (que ya actuó con veedores durante todo el debate) analice la situación. Los profesionales podrían ser sometidos a un tribunal de disciplina y hasta podrían perder su matrícula, publicó Ámbito Financiero.