A 5 años del juicio por abuso a llarraz, vive frente a una escuela y aún no están firmes sus condenas
El cura Justo José Ilarraz fue condenado el 21 de mayo de 2018 a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores de entre 10 y 14 años, agravado por ser el encargado, pero a cinco años de la sentencia ratificada en dos instancias aún no está firme, puede celebrar sacramentos y enfrenta otras dos condenas eclesiásticas que esperan su resolución en Roma.
Ese día, el Tribunal lo condenó por unanimidad a la pena
máxima que establecía el Código Penal por ese entonces.
Ilarraz permanece con prisión domiciliaria en el 6to A de
calle Corrientes 628 de Paraná, por encima de una agencia de viajes de menores
y frente a una escuela primaria y secundaria.
Ilarraz puede celebrar sacramentos y llevar a cabo tareas
diocesanas ya que la Iglesia Católica no le quitó su estado clerical y no
efectuó la dispensa que lo reduce al estado laical y le prohíbe e impide
ejercer cualquier ministerio.
Los abusos a cerca de 50 niños fueron perpetrados mientras
el cura era preceptor en el Seminario Arquidiocesano "Nuestra Señora del
Cenáculo" entre 1985 y 1993.
Ilarraz estaba a cargo de "todos los movimientos en el
campo disciplinario, de formación y de actividades culturales y
deportivas", según él mismo declaró en su indagatoria.
Al menos tres menores se animaron a denunciarlo dentro de la
curia en 1995, y el entonces arzobispo Estanislao Karlic ordenó una
"investigación cautelosa y con el mayor sigilo", pero Ilarraz había
sido trasladado a Roma.
En el Vaticano realizó diversos cursos e incluso les enviaba
postales, fotos y cartas a familiares de las víctimas.
A finales de 1996, Karlic reconoció los hechos y le prohibió
permanecer en la Arquidiócesis de Paraná y comunicarse con los seminaristas,
debido al "daño producido a personas e instituciones", según el
decreto que firmó.
En una carta que el propio Ilarraz envió a la Santa Sede, el
presbítero dijo haber tenido "relaciones amorosas y abusivas con
seminaristas menores".
El Vaticano recibió la documentación y pidió continuar la investigación
"conforme al Derecho Canónico vigente", mientras que a los niños se
les exigió que guarden la "máxima reserva" y la respuesta fue
"rezar mucho".
Para los primeros meses de 1997 Ilarraz regresó a Argentina,
pero a la parroquia Sagrado Corazón de Monteros, en Tucumán.
En septiembre de 2012 se dio a conocer una investigación de
la revista Análisis que motivó el juicio por el que Ilarraz fue condenado a 25
años de prisión en 2018, y su suspensión temporal del ejercicio sacerdotal.
La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y el
Superior Tribunal de Justicia; y a fines del 2021, la Corte corrió vista al
procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que aún no se ha pronunciado.
Desde el Arzobispado no dieron declaraciones a Télam, aunque
en el juicio, el arzobispo Juan Alberto Puiggari aseguró que el proceso
judicial le hacía "mucho daño" a la Iglesia y pidió que terminara
"cuanto antes".
"En su momento -prosiguió-, no supimos encontrar los
caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las
víctimas".
El actual arzobispo ocupaba el cargo de prefecto de
disciplina en los últimos dos años del secundario con internado del Seminario,
mientras Ilarraz era su par de de disciplina en los primeros años.
El día que se conoció la condena, Puiggari aseguró que
habían empezado un segundo proceso canónico.
La investigación lo halló nuevamente culpable por múltiples
abusos a otra víctima y recibió una "condena administrativa" del
Tribunal Interdiocesano de Santa Fe y ratificada por el de Buenos Aires, pero
Ilarraz apeló y la causa viajó a Roma, donde espera una definición del
Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.
Por eso, las víctimas solicitan que los tribunales
eclesiales y del Poder Judicial "se jueguen con definiciones más
contundentes que seguro motivan y definen rumbos y caminos de superación".
"Ya no es imperioso hablar de lo sucedido y
absolutamente probado, sino es tiempo de generar, avanzar y de cómo llevar esta
carga sin desesperar", remarcó a Télam Hernán Rausch, primer denunciante
del cura.
El poder hablarlo "da luz ante tanta oscuridad,
incertidumbre y silencio", recordó y llamó a concientizar para que quienes
sufran estos hechos puedan hablar y así "concientizar, prevenir y
descomprimir".
Y agregó que Ilarraz "debería dejar de pertenecer (a la
Iglesia), hablo en nombre de muchos hermanos de Cristo, por respeto a la gente
y a su fe, que ya están cuestionando el tibio actuar de quienes nos
representan".
Además, apuntó a superiores de la Iglesia Católica que
escucharon las confesiones y archivaron las investigaciones, "minimizando
los hechos para cuidar su reputación, dejar pasar el tiempo y tratar de echar
al olvido, buscando la prescripción".
El caso se dio mientras la por entonces senadora nacional
Sigrid Kunath avanzaba en la elaboración del proyecto de ley 27.206.
Reconocida como de "Respeto al tiempo de las
víctimas" y sancionada en 2015, la norma modificó el Código Penal para que
la prescripción en delitos contra la integridad sexual de menores comience a
partir de la denuncia o ratificación.
También agregó un párrafo que establece la inhabilitación
perpetua cuando el condenado se valió de un empleo, cargo, profesión o derecho
para cometer los delitos.
"En 2015 pudimos dar una respuesta normativa a las víctimas
que veían privado su derecho de acceso a justicia, hoy seguimos viendo avances
y retrocesos en su aplicación, pero siempre debe primar el interés superior de
niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier otra cuestión", dijo
Kunath a Télam.
(Por Federico Dambrine)
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