Mazurier prefirió el silencio en la primera audiencia del juicio, pero dos contadoras decidieron hablar
Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia del debate oral y público ante el tribunal que examinará la conducta de Luis Mazurier durante su gestión como funcionario provincial, en ejercicio de la presidencia de la Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande).
El Ministerio Público Fiscal le adjudica la autoría material
de delitos tales como “peculado”, “administración fraudulenta en perjuicio de
la administración pública”, “omisión de deberes de funcionario público” y
“abuso de autoridad”.
Según pudo averiguar El Entre Ríos, en el primer encuentro
del juicio se llevaron a cabo los alegatos de apertura, el fiscal explicó la
acusación y la defensa planteó sus hipótesis y los argumentos con los que
pretenden probar la inocencia de Mazurier.
Además, les ofrecieron a los imputados la posibilidad de
declarar. Mazurier, Villanueva y Mengeón optaron por no hacerlo y dijeron que
más adelante lo harán.
En cambio las contadoras Teresita Bordón y Florencia Lauría
sí hablaron y explicaron en qué consistía su actividad. Rechazaron la
imputación, diciendo que dieron cabal cumplimiento a lo que se les pedía, que
era rendir cuenta solo sobre las partidas de dinero remitidas por el gobierno
provincial y no de otros ingresos.
Desde este martes 26 pasarán a prestar declaración 7
testigos por día, según acordaron las partes.
En la lista de quienes prestarán testimonio hay varios
nombres conocidos, entre ellos aparecen el actual gobernador, Gustavo Bordet y
el ex Sergio Daniel Urribarri. También figuran el Ministro de Economía, Hugo
Alberto Ballay; el Senador Nacional Edgardo Kueider, el Fiscal de Estado Julio
Rodríguez Signes; el expresidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Juan
Carlos Chagas; los exdelegados en Salto Grande, Néstor Berterame y Enrique Stola;
el sucesor de Mazurier al frente de la CODESAL, José Carlos Ostrosky; el
abogado Enrique Oscar Bacigaluppe y la funcionaria de CTM, Sara Inés Chapado.
Los hechos por los que acusan a Mazurier
El Ministerio Público Fiscal asegura haber reunido pruebas
contundentes que demuestran que Luis Mazurier se apoderaba del dinero que se
cobraba por canon de ingreso de vehículos, embarcaciones, instalación de
carpas, alquiler de parrillas, alquiler de cabañas, alquiler de servicio de
Directv y otros emolumentos en “La Tortuga Alegre”, en el Complejo Termal
Perilago de Salto Grande y en el Camping Las Palmeras, Península Gregorio Soler
y Balneario Punta Viracho.
También se lo acusa por haber incumplido con la obligación
de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la
Corporación del Desarrollo de Salto Grande (CO.DE.SAL).
Por último, basándose en testimonios de empleados del HOTEL
AYUI y del ex Gerente, Enrique Oscar Bacigaluppe, Fiscalía asegura que Mazurier
es su verdadero dueño y su administrador, realidad ocultada mediante la
utilización de prestanombres, como Alejandra Isabel Cáceres, ahijada de Mazurier,
y Alberto Jesús Villanueva, a quien varios testigos identifican como hijo
Mazurier.
En resumen, lo que fiscalía procurará demostrar durante el
debate oral y público es que Luis Mazurier se apropió del dinero que ingresaba
a las arcas de la CODESAL por la explotación de diversos complejos bajo su
administración, a la par que pergeñó una maniobra fraudulenta que le permitió
quedarse con el Hotel Ayuí, apelando a testaferros.
El juicio oral que empezó este lunes es la culminación de un
interminable recorrido, que comenzó el 18 de octubre de 2010 con la apertura de
causa, oportunidad en que el entonces fiscal Aníbal Lafourcade dio los primeros
pasos de la investigación. A posteriori, una vez que fuera designado juez, tomó
la posta el Fiscal José Arias. El 1 de noviembre de 2019, fue elevado el pedido
formal de remisión a juicio, en el que la fiscalía solicita para Mazurier la
pena de “más de 10 años de prisión” y las inhabilitaciones que correspondan.
Fuente: El Entre Ríos
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