CTM de Salto Grande anuló suba salarial acordada
Cancillería envió una nota a la CTM en la que pide dejar sin efecto el acuerdo salarial firmado.
La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande acordó el 5
de diciembre con el gremio de funcionarios un incremento salarial nominal de 3
% por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que está por fuera
de los lineamientos del Poder Ejecutivo. El canciller Omar Paganini se
comprometió a revisarlo el 13 de diciembre, ante el planteo de diputados del
Frente Amplio (FA) y la queja de legisladores de la coalición oficialista. Seis
días después, la comisión dejó sin efecto el acuerdo. La reacción sindical
llegó este lunes 8 de enero, cuando la Asociación de Trabajadores del Uruguay
en Salto Grande denunció el incumplimiento del pacto firmado por ambas partes y
refrendado en una resolución, y anunció que evalúa iniciar medidas.
El 13 de diciembre en la comisión de Relaciones
Internacionales de la Cámara de Representantes, el diputado Nicolás Viera (FA)
le preguntó al canciller sobre el acuerdo salarial, al que calificó de
“escandaloso”, y alertó que se realizó “en año electoral y que genera
cláusulas, al final de este contrato, que son mordaza”, porque plantea que “el
sindicato, después de que firme esto, se obliga a no hacer declaraciones, a no
hablar del tema, a no movilizarse”. Como informara Montevideo Portal, el
ministro respondió entonces: “Nosotros no teníamos conocimiento de esta
negociación sindical, que termina en un acuerdo”.
Paganini planteó el 13 de diciembre que “es un preacuerdo o
un acta tentativa” y agregó: “En ese sentido, en estos días vamos a estar
evaluando su impacto, viendo si existen alternativas, pero este ministerio
entiende que no está alineado con las pautas salariales del gobierno”. Además,
Paganini sostuvo que el apartamiento de esas pautas “abarca cargos que están
muy bien remunerados”.
La respuesta conformó a Viera, quien comentó que “no es
normal la sinceridad demostrada por el ministro” y acotó que “eso habla bien de
él, no solamente como jerarca sino también como persona”.
Seis días después, el 19 de diciembre, el presidente de la
CTM de Salto Grande, Martín Burutarán (de la delegación de Uruguay), y el
secretario, Luis Benedetto (de Argentina), resolvieron dejar sin efecto la
resolución n.o 270/23 del 5 de diciembre de 2023. Al justificar la resolución,
CTM citó una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay que indica
gestiones para dejar sin efecto el acuerdo salarial firmado entre la delegación
de Uruguay y la Mesa Coordinadora de Trabajadores de CTM, que regiría del 1 de
enero de 2024 al 31 de marzo de 2025.
Medidas
El canciller informó en comisión que el acuerdo involucra a
250 funcionarios del sector uruguayo de la comisión binacional, incluidos algunos
de los cuestionados por la Cámara de Representantes por ingresar de forma
directa por cuota política, en particular, 10 ediles del Partido Nacional (PN).
En comisión, el diputado Juan Martín Rodríguez (PN) dijo que
le llamó “poderosamente la atención” el acuerdo, e Iván Posada, del Partido
Independiente, planteó que los aumentos salariales constituyen “un hecho
grave”.
Tras la queja de legisladores de la oposición y el
oficialismo, Paganini intervino y el acuerdo quedó sin efecto.
La respuesta del gremio llegó en una carta entregada el 8 de
enero a la CTM, a la que accedió El País, en la que denunció la resolución del
19 de diciembre. Expresó su esperanza de que “la situación denunciada sea
resuelta en el plenario” de CTM, “a realizarse el 17 del presente mes”, y
advirtió: “Si esto no fuera así, nos declararemos de manera inmediata en
asamblea permanente e iniciaremos las medidas que nuestros afiliados consideren
pertinentes”.
Contratos
Dos meses antes de la firma del acuerdo, el 3 de octubre, el
entonces canciller Francisco Bustillo había sido interpelado por el FA en
Diputados. En esa instancia, la cámara baja solicitó la renuncia de la
delegación uruguaya en CTM de Salto Grande y el cese de todos los funcionarios
designados de forma directa y “discrecional” desde el 23 de abril del 2020.
El canciller Paganini informó en diciembre en comisión sobre
el cese de funcionarios, aseguró que “es imprescindible una auditoría externa
de gestión” -otra solicitud de Diputados- y justificó por qué los delegados de
Uruguay se mantendrán en sus cargos, a pesar de que la cámara baja había pedido
sus renuncias.
“El Poder Ejecutivo entiende que la responsabilidad política
por lo hecho ya fue asumida por el expresidente de la delegación, doctor Carlos
Albisu (renunció en setiembre de 2023). Asumimos que con esta delegación
liderada por su nuevo presidente (Burutarán) y con el nuevo instrumento legal
que queremos tomar en cuenta (un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y fue
aprobado en el Senado), los problemas desde la gestión de esta comisión no se
van a repetir. Por lo tanto, entendemos que lo hecho en cuanto a la delegación
es suficiente. Por supuesto que vamos a mantener un seguimiento estricto de lo
que allí sucede y si hay desvíos, veremos”, expresó Paganini.
El 13 de diciembre en el Parlamento el ministro hizo una
puesta a punto de los avances sobre el cese de los funcionarios que ingresaron
por designación directa, y advirtió sobre la complejidad del asunto por las
características del vínculo laboral. “Se han resuelto hasta el momento 23
situaciones sobre un total de 35, ya sea de común acuerdo o ajustadas a la
normativa vigente. Tengamos presente que cada uno de los trabajadores
designados en la CTM, tanto argentinos como uruguayos, es empleado de un
organismo internacional, con la vigencia plena de sus derechos, una vez que son
confirmados, independientemente del área donde revistan funciones”, dijo el
canciller.
Luego, informó sobre las 23 “soluciones alcanzadas”: “siete
personas que ya no son funcionarios, porque renunciaron en forma definitiva,
que es el caso de cuatro de ellos, o porque se vencieron los contratos y no
fueron renovados, que es el caso de tres”; “uno cesa por jubilación el próximo
marzo de 2025”; y “las 15 personas adicionales aceptaron, por voluntad propia,
renunciar a su condición de funcionario permanente y pasar a una modalidad de
contrato anual renovable”.
El ministro aclaró que “estos contratos fueron firmados en
noviembre, pero cuentan con una cláusula que establece que la CTM, en cualquier
momento y de manera unilateral, puede terminar el vínculo contractual por su
sola voluntad”.
“Quedan, entonces, 12 situaciones no resueltas hasta el
momento que son de personal permanente que, aun cuando en algún caso se
presentó renuncia voluntaria y la aceptación de la condición de pasar a
disposición, la delegación argentina no lo aprobó. Esto fue porque cumplen
funciones en áreas comunes de la Comisión Técnica Mixta y la delegación
argentina entiende que son necesarias”, explicó.
En esa instancia, hace un mes, el canciller prometió “seguir
evaluando la situación” y, presentó dos propuestas para al proyecto de ley que
no están incorporadas en la iniciativa que aprobó el Senado.
PROYECTO DE LEY
La cuenta regresiva de delegados por militar
El senador Jorge Gandini presentó un proyecto de ley que
impide a los delegados de comisiones binacionales hacer política partidaria. El
Senado lo aprobó, pero no alcanzó los votos en Diputados, puesto que el Poder
Ejecutivo había enviado otro similar, que fue aprobado en el Senado y está a
estudio de la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados. El proyecto
inhibe a delegados de comisiones binacionales de la actividad político
partidaria. Hasta que no se apruebe, pueden hacerlo, como Daniel Arcieri,
delegado de CTM de Salto Grande, quien el 2 de enero expresó a El Telégrafo su
apoyo a la precandidatura de Álvaro Delgado, y a la reelección del intendente de
Paysandú, Nicolás Olivera, y dijo que aspira a ser candidato a diputado por ese
departamento.
Reacción sindical
La Asociación de Trabajadores del Uruguay en Salto Grande
expresó en su carta que el gobierno de Uruguay, “a través del decreto n.o
7/023, dispuso un ajuste de salarios para sus funcionarios del 8,35%”, pero “la
CTM, a través de la resolución CTM n.º 001/23, dispuso un ajuste inferior, de
6,16%”, por lo cual, exige que “se reliquide de manera retroactiva a enero
2023”.
El Pais
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