El sueño entrerriano tras las rejas

Tal lo informado por 7Paginas, la Cámara de Casación de Entre Ríos ordenó este martes la detención del exgobernador Sergio Urribarri, quien en 2022 recibió una condena de ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública. La medida fue tomada en forma unánime por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo. Urribarri fue arrestado en su residencia de Concordia y trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná.

La causa judicial que derivó en su condena se centra en el uso ilegal de fondos públicos para financiar campañas electorales y otros gastos personales, incluyendo contratos de imprenta y publicidad. Uno de los puntos más resonantes del caso fue la campaña presidencial de Urribarri en 2015, bajo el lema "El Sueño Entrerriano", la cual involucró manejos fraudulentos por millones de pesos.

Los fiscales del caso habían solicitado la detención preventiva del exmandatario por considerar un "riesgo serio de fuga" debido a su capacidad económica y conexiones en el extranjero. Según el Ministerio Público, Urribarri contaba con "facilidades para abandonar el país o permanecer oculto", lo que reforzó la necesidad de su captura inmediata.

La condena de Urribarri había sido confirmada en 2023 por la Casación entrerriana, luego de que el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazara un recurso extraordinario presentado por su defensa. Entre las maniobras corruptas comprobadas, se encuentra la organización del encuentro de presidentes del Mercosur en 2014 en Paraná, con contrataciones por 28,4 millones de pesos y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata para promoción electoral.

La Justicia también dispuso la condena a seis años y medio de prisión para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, acusado de ser dueño de las imprentas que recibieron los contratos irregulares y de participar en la cartelización de empresas. Además, el exministro Pedro Báez recibió una sentencia de seis años, mientras que Hugo Marsó, otro exfuncionario, fue absuelto.

Este desenlace marca un hito en la lucha contra la corrupción en la administración pública de Entre Ríos, dejando como mensaje que el desvío de fondos públicos no quedará impune, sin importar el cargo político.