El PT saca músculo y moviliza a miles de seguidores de Lula al oficializar su candidatura
Podría haber sido un simple trámite burocrático. Bastaba un
registro electrónico en la web del Tribunal Superior Electoral de Brasil para
que la candidatura de Lula da Silva a la presidencia fuera oficial. Pero el
Partido de los Trabajadores (PT) esperó hasta el último día del plazo legal y
movilizó a sus fieles para hacer una demostración de fuerza en Brasilia.
Decenas de miles de simpatizantes e integrantes de
movimientos sociales como los sin tierra o los sin techo, que llevaban días
caminando para llegar a la capital, marcharon en clave festiva por la
monumental Explanada de los Ministerios, coreando lemas como 'Lula, guerrero
del pueblo brasileño'.
La meta final era la sede del Tribunal, donde los dirigentes
del partido pretendían hacer el registro simbólico de la candidatura. El
candidato a vicepresidente, Fernando Haddad, aseguraba poco antes que insistir
en Lula no es una provocación: "No es un acto de desobediencia a la
Justicia, es un acto de obediencia al pueblo y a la Constitución". Lo dijo
después de visitar a seis activistas que llevan 16 días en huelga de hambre
para pedir la puesta en libertad del expresidente.
De cara a la galería, el PT lo niega, pero Haddad, el joven
exalcalde de São Paulo y ministro de Educación en el Gobierno de Lula, será
previsiblemente su sustituto de última hora. El TSE tiene a partir de hoy un
mes para vetar o autorizar la candidatura de Lula. Se espera que el desenlace
se conozca rápido, porque no hay mucho margen para el debate: La ley brasileña
impide que un condenado en segunda instancia participe en los comicios. La
estrategia del PT es arriesgada y pasa por recurrir en instancias superiores
para ganar tiempo. Mientras la candidatura de Lula esté pendiente de una
resolución judicial, él teóricamente podrá participar en todos los actos
relativos a la campaña, así como utilizar el espacio electoral gratuito en la
radio y televisión y mantener su nombre en las urnas electrónicas.
En la víspera a la oficialización de la candidatura, la
Procuradora General de la República, Raquel Dodge, ya avisó de que le ley de
las incompatibilidades debe respetarse, y que la Justicia Electoral debe
ofrecer "seguridad jurídica a los electorales" lo antes posible.
Anteriormente, la procuradora advirtió de que podría pedir que Lula devuelva a
los cofres públicos el dinero eventualmente gastado en su campaña.
Lula, en tanto que protagonista ausente, se manifestaba a
través de Twitter, avanzando ya el tono de la campaña electoral que ahora
arranca: "Tenemos que retomar el camino dela generación de empleo y los
programas sociales de salud y vivienda en Brasil. Volver a invertir más en
educación (...) se puede construir un Brasil mejor y vosotros lo sabéis, porque
lo hemos vivido". Las frases de efecto de Lula, difundidas como un goteo a
través de las redes sociales por su equipo, son algunas de las imaginativas
herramientas que la formación de la izquierda está usando en esta inusual
campaña. Gran parte del material que el partido difunde lo grabó Lula horas
antes de entregarse a la policía.
Mientras miles de manifestantes aclamaban a Lula, los
fiscales de la Operación Lava Jato que lograron encarcelarle criticaban que
haya convertido su celda en su "comité de campaña". Alegan que
miembros del partido, como el propio Haddad y la presidenta de la formación,
Gleisi, Hoffmann, se han inscrito como abogados de la defensa para poder
visitarlo más asiduamente. "Hay in intento de intervención en el proceso
electoral de quien materialmente está inelegible", dicen los fiscales.
El juez Sérgio Moro, enemigo número uno del expresidente y
quien le condenó en primera instancia, también se pronunció en el día D.
Decidió aplazar para noviembre un interrogatorio a Lula previsto para el 11 de
septiembre, alegando que si no, las audiencias podrían "explotarse
electoralmente". Se trata de otra de las diversas causas pendientes que
Lula aún tiene con la Justicia.
Lula está preso desde abril en la Superintendencia de la
Policía Federal de Curitiba (sur). Fue condenado a 12 años y un mes de cárcel
por delitos de corrupción y blanqueo de dinero, por supuestamente haber
recibido un apartamento de manos de OAS, una constructora implicada en la trama
corrupta de Petrobras. Pese a todo, aparece como favorito en todas las
encuestas de opinión, a mucha distancia de sus adversarios.
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