Aguilera y los otros imputados deberán volver a la cárcel
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dispuso en
el atardecer del 31 de diciembre que los detenidos por la causa de los
contratos legislativos truchos deberán retornar a las cárceles de Paraná cuando
el Servicio Penitenciario de las garantías suficientes para poder alojarlos en
un sector de procesados y no con otros condenados, tal como se encontraban
hasta el 24 de diciembre a la noche. La medida comprende al cuñado del ex
gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, como así también a Gustavo Pérez,
Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao.
La decisión fue firmada por los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y
Claudia Mizawak, en el último acto judicial que hicieron en este 2019. De
hecho, el imputado Alejandro Almada -cuñado de Aguilera- se encuentra alojado
solo en el Pabellón 23 de la Unidad Penal 1 de Paraná, desde el domingo a la
noche.
El cuñado Juan Pablo Aguilera, como así también a Gustavo
Pérez, Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo
Bilbao, fueron beneficiados con una prisión domiciliaria el lunes 24 pasado,
pese a lo que había dispuesto la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Sin
embargo, y aunque la resolución del juez Mauricio Mayer establecía que debían
contar con pulseras electrónicas, ninguno de ellos salió rumbo a su casa con
tal medida, porque no hay en existencia.
Poco después de las 19 del 31 de diciembre, se conoció la
resolución de la Sala Penal del STJ, donde se dispuso que cuando el Servicio
Penitenciario de Entre Ríos cuente con la logística suficiente para alojar
procesados alejados de condenados, tales imputados tendrán que regresar a las
dos cárceles de Paraná, tal como estaban hasta el 24 de diciembre. Al parecer,
en el sistema penitenciario hubo avances importantes para lograr tal instancia
lo antes posible y por ende no se descarta que retornen a la Unidad Penal 1 y
la 6 de Mujeres en escasos días.
De hecho, el imputado Alejandro Almada fue derivado el
domingo a la noche al Pabellón 23 de la UP1, donde se encuentra solo y como
procesado. A ese lugar serían destinados los restantes presos en próximos días.
El ex policía, quien presta servicios en la Cámara de Diputados de la provincia
y era asistente personal de Sergio Urribarri, es hijo del comisario general
retirado por decreto exclusivo, Héctor "Pitín" Almada. Este último
sorprendió a propios y extraños en la noche del 24 de diciembre, cuando llegó a
la cárcel en su camioneta y bajó un banquete de comida y bebidas para que los
50 detenidos en el pabellón en que estaba Aguilera y su banda celebraran la
Nochebuena y al Navidad al día siguiente.
Opromolla se abstuvo
Antes del cierre del año judicial -y el inicio de la feria,
el viernes 28, Día de los Santos Inocentes- la megacausa de los contratos
truchos en la Legislatura suma 23 personas indagadas por el Ministerio Público
Fiscal, que procura develar el revés de la trama de una operatoria que puso a
andar una maquinaria de una “organización criminal”, así la califican, que
sustrajo de las arcas del Estado unos $2.000 millones -ese es el cálculo que
hacen- mediante contratos laborales ficticios, según informó Entreriosahora.
Entre los últimos que fueron citados a indagatoria estuvo el
contador Pedro Opromolla, la piedra de toque que movió una causa paralela en la
que se pidió la recusación de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche por el
lazo comercial que une a ambos. El planteo ya fue rechazado por la jueza de
Garantías Marina Barbagelata.
El abogado Leopoldo Cappa, defensor del contador Roberto
Ariel Faure -uno de los ocho implicados en la causa de los contratos truchos
que cumple prisión domiciliaria- sostiene que hay elementos para que Goyeneche
se aparte de la causa.
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