Aguilera y los otros imputados deberán volver a la cárcel


La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dispuso en el atardecer del 31 de diciembre que los detenidos por la causa de los contratos legislativos truchos deberán retornar a las cárceles de Paraná cuando el Servicio Penitenciario de las garantías suficientes para poder alojarlos en un sector de procesados y no con otros condenados, tal como se encontraban hasta el 24 de diciembre a la noche. La medida comprende al cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, como así también a Gustavo Pérez, Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. La decisión fue firmada por los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, en el último acto judicial que hicieron en este 2019. De hecho, el imputado Alejandro Almada -cuñado de Aguilera- se encuentra alojado solo en el Pabellón 23 de la Unidad Penal 1 de Paraná, desde el domingo a la noche.

El cuñado Juan Pablo Aguilera, como así también a Gustavo Pérez, Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao, fueron beneficiados con una prisión domiciliaria el lunes 24 pasado, pese a lo que había dispuesto la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Sin embargo, y aunque la resolución del juez Mauricio Mayer establecía que debían contar con pulseras electrónicas, ninguno de ellos salió rumbo a su casa con tal medida, porque no hay en existencia.

Poco después de las 19 del 31 de diciembre, se conoció la resolución de la Sala Penal del STJ, donde se dispuso que cuando el Servicio Penitenciario de Entre Ríos cuente con la logística suficiente para alojar procesados alejados de condenados, tales imputados tendrán que regresar a las dos cárceles de Paraná, tal como estaban hasta el 24 de diciembre. Al parecer, en el sistema penitenciario hubo avances importantes para lograr tal instancia lo antes posible y por ende no se descarta que retornen a la Unidad Penal 1 y la 6 de Mujeres en escasos días.

De hecho, el imputado Alejandro Almada fue derivado el domingo a la noche al Pabellón 23 de la UP1, donde se encuentra solo y como procesado. A ese lugar serían destinados los restantes presos en próximos días. El ex policía, quien presta servicios en la Cámara de Diputados de la provincia y era asistente personal de Sergio Urribarri, es hijo del comisario general retirado por decreto exclusivo, Héctor "Pitín" Almada. Este último sorprendió a propios y extraños en la noche del 24 de diciembre, cuando llegó a la cárcel en su camioneta y bajó un banquete de comida y bebidas para que los 50 detenidos en el pabellón en que estaba Aguilera y su banda celebraran la Nochebuena y al Navidad al día siguiente.

Opromolla se abstuvo

Antes del cierre del año judicial -y el inicio de la feria, el viernes 28, Día de los Santos Inocentes- la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura suma 23 personas indagadas por el Ministerio Público Fiscal, que procura develar el revés de la trama de una operatoria que puso a andar una maquinaria de una “organización criminal”, así la califican, que sustrajo de las arcas del Estado unos $2.000 millones -ese es el cálculo que hacen- mediante contratos laborales ficticios, según informó Entreriosahora.

Entre los últimos que fueron citados a indagatoria estuvo el contador Pedro Opromolla, la piedra de toque que movió una causa paralela en la que se pidió la recusación de la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche por el lazo comercial que une a ambos. El planteo ya fue rechazado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata.

El abogado Leopoldo Cappa, defensor del contador Roberto Ariel Faure -uno de los ocho implicados en la causa de los contratos truchos que cumple prisión domiciliaria- sostiene que hay elementos para que Goyeneche se aparte de la causa.

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