La Provincia exigió a Nación dar marcha atrás con una medida que perjudica a personas con discapacidad
El Ministerio de Salud de la provincia intimó a la Agencia
Nacional de Discapacidad a la suspensión de una resolución, relacionada con la
confección del certificado, que vulnera derechos de beneficiarios de pensiones
nacionales no contributivas. No obstante, se garantizará la extensión del mismo
a través de la red pública sanitaria.
Mediante carta documento del 22 de marzo de 2019, el
Ministerio de Salud de Entre Ríos exigió a la Agencia Nacional de Discapacidad
suspenda la aplicación y efectos del Certificado Médico Oficial (CMO) digital
porque esto implica vulnerar derechos de beneficiarios de pensiones nacionales
no contributivas. La decisión fue informada durante una reunión que presidió la
ministra de Salud, Sonia Velázquez, de la que participaron autoridades de la
cartera y directores de hospitales y centros de salud.
Se garantizó además en el encuentro que, mientras se
sustancie alguna respuesta legal o que la medida cuestionada tenga una decisión
rectificatoria acorde, el Ministerio de Salud brindará la logística para
sostener la demanda que derive de la implementación del Certificado que exige
Nación y de ese modo evitar perjuicios a los titulares de pensiones.
Puntualmente el origen de la cuestión radica en que la
Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dictó una resolución mediante la cual
todos los beneficiaros de pensiones no contributivas deben tramitar en
hospitales y centros de salud el Certificado Médico Oficial (CMD) digital.
En ese marco se concretó una jornada con el objetivo de
informar a la red de establecimientos de salud respecto a los alcances de la
Resolución Nº 33/19 haciendo notar que se trata de una decisión unilateral y
arbitraria del organismo nacional mediante la cual, una vez más, se traslada a
la provincia la responsabilidad de implementar en forma inmediata la confección
de un certificado digital sin siquiera evaluar la complejidad que su ejecución
requiere en relación a la disposición de profesionales especialistas, recursos
físicos y conectividad por parte de los efectores provinciales.
Además allí se indicó que, como primera medida, se elevó una
carta documento al director Ejecutivo de la Agencia solicitando por un lado la
suspensión de la aplicación de la normativa así como sus efectos que involucran
la suspensión del cobro por parte de los beneficios de las pensiones; y por
otro un plazo de 120 días hábiles para la instrumentación a nivel provincial
atendiendo a todas las adecuaciones técnicas y operativas que esto implica.
Asimismo, durante el encuentro se transmitió la preocupación
por las medidas y acciones llevadas a cabo por el ente nacional violando
derechos de las personas con discapacidad que están establecidos tanto en la
Constitución Nacional como en la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad y en normas provinciales.
En tal sentido, la provincia manifestó el absoluto
reconocimiento del derecho adquirido de los titulares de pensiones y la
inconstitucionalidad de requerir la certificación de invalidez laboral lo cual
recientemente fuera ratificado mediante un fallo judicial nacional.
Incluso se ratificó que desde el Estado de Entre Ríos se
entiende que estas acciones son un retroceso en materia de derechos sociales
que violentan al sector más vulnerable de la población e incluso hacen perder
la mirada social de la discapacidad porque consideran a la persona en función
de las patologías
En ese contexto, la ministra de Salud de Entre Ríos Sonia
Velázquez, abrió el debate alertando sobre que ya no quedan dudas de que el
sector Salud es hoy uno de los más interpelados, y más vulnerados socialmente
con el ahogo que se viene profundizando de modo fundamental, a raíz de las
decisiones macroeconómicas que bajan de Nación.
"Existe una manifiesta caída del salario real que
impacta de modo sustantivo sobre nuestra población a lo que se suma el quiebre
que está teniendo la seguridad social en el país y la fragmentación que le
sucede a todo esto en cuanto a la coordinación o relación del trabajo interinstitucional",
indicó.
Específicamente dijo luego: "Somos muy conscientes de
lo que significan las personas con discapacidad y sus entornos más cercanos, en
nuestro amplio universo de población con vulnerabilidad, y es a raíz de todo
ello que el Ministerio conformó un equipo interministerial para revisar las
potencialidades, fortalezas e incluso debilidades de la red sanitaria para
enfrentar la situación y morigerar el impacto de esta medida arbitraria
dispuesta por Nación".
En ese sentido, aprovechó para garantizar que a través de
los equipos interdisciplinarios de la cartera sanitaria, se van a intensificar
las actividades de capacitación en terreno.
La ministra señaló asimismo que se viene trabajando el tema
junto al Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) para también fijar
nuestra clara posición desde el aspecto legal. "Producto de ello -dijo
luego- se envió una carta documento a la Agencia Nacional de Discapacidad
sosteniendo a través de la misma que, la medida tomada por Nación, es claramente
violatoria de los derechos de los más vulnerables, o en otras palabras, de los
eslabones más frágiles que transitan dentro de la red del sistema sanitario
entrerriano".
No obstante, y mientras tanto se sustancie alguna respuesta
legal o la medida cuestionada anuncie la posibilidad de una decisión
rectificatoria acorde, el Ministerio puso en marcha la logística apropiada para
sostener la demanda que por caso derive de la implementación del Certificado
Único de Discapacidad que por lo pronto exige Nación y de ese modo evitar
perjudicar a los titulares de pensiones.
Finalmente en la jornada se definió que en los próximos días
la población podrá concurrir a los efectores que, en una primera etapa, han
sido definidos para implementar esta medida que son: en Paraná todos los
centros de salud provinciales de la ciudad así como el hospital Dr. Gerardo
Domagk; en Paraná Campaña en los hospitales Dr. Brage Villar (Hasenkamp), Dr.
José María Miranda (Cerrito) y San Francisco de Asís (Crespo); en el
departamento La Paz, en los hospitales 9 de Julio (La Paz) y San Miguel (Bovril);
en Feliciano en el Hospital General Francisco Ramírez; en Federal en el
Hospital Justo José de Urquiza; en el departamento Federación en los hospitales
Santa Rosa (Chajarí) y San José (Federación); en Concordia en el Hospital Dr.
Ramón Carrillo y los centros de salud La Constitución, La Bianca y Martina de
Caminal; en San Salvador en el Hospital San Miguel; en Villaguay en el Hospital
Santa Rosa; en Uruguay en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús (Basavilbaso) y
el Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay) así como el centro de Salud
Giacomotti de esta última localidad; en Gualeguaychú el Hospital Centenario; en
el departamento Gualeguay en los hospitales San Antonio (Gualeguay), San Isidro
Labrador (Larroque) y Perú (Galarza); en Tala en el Hospital Falucho (Maciá);
en Nogoyá en el Hospital San Blas; en Victoria en el Hospital Dr. Fermín
Salaberry; en el departamento Diamante en los hospitales San José (Diamante) y
Nuestra Señora el Luján (General Ramírez); y en el departamento Colón en los
hospitales San Benjamín (Colón) y San José (San José).
FUENTE: RADIO LA VOZ
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