Desde la Licenciatura en Gestión Ambiental también plantearon dudas sobre el decreto para importar residuos
La redacción de la norma nacional que habilitó la
importación de residuos de otros países para ser reutilizados en Argentina es
“ambigua” y podría esconder “una trampa”, en tanto le cambia la categoría para
pasar a denominarlos “mercadería”, dejando de lado el marco legal que encuadra
a los residuos como tales. Así lo alertó
la profesora Anastasia Aramburu quien
además dejó planteados otros interrogantes que surgen del decreto
El Gobierno nacional, a través de la firma del decreto
591/2019, modificó la ley de residuos peligrosos y habilitó la importación a la
Argentina de ese material de despojo procedente de otros países. Se trataría,
según trascendió, de desechos de papel, cartón, chatarra ferrosa y de aluminio,
material plástico, caucho y vidrios que responderían a una demanda del sector
industrial.
Desde la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Uader, la
coordinadora de la Sede Gualeguaychú de la Facultad de Ciencia y Tecnología,
Anastasia Aramburu, expresó que los cambios dispuestos a partir del decreto
generaron varios interrogantes.
“En primer lugar en los considerandos mismos dice que cambia
la categoría y que en vez de residuos se hablará de mercaderías para su
valorización. Esto implica que se dejan de lado todas las leyes, como la ley
nacional Nº 25665 del Ambiente, la de Residuos Peligrosos, el convenio de
Basilea y hasta la misma Constitución Nacional porque ahora no son residuos
sino mercaderías”, observó la profesora.
Además, puntualizó que si la norma “elimina el requisito del
certificado de inocuidad emitido por el país de origen, entonces lo que nos
preguntamos es cómo vamos a estar seguros de lo que ingresa, si no se le va a
exigir un certificado de peligrosidad”.
Al mismo tiempo, “se desconoce en qué estado se importarán:
es decir si serán sólidos, líquidos o gaseosos”, apuntó Aramburu en referencia
a la disposición y tránsito de estos materiales.
Hizo notar que del texto se desprende que “serán los
verificadores aduaneros quienes tendrán la responsabilidad de detectar
materiales que no cumplan con la normativa y si eso sucede se abre un sumario;
pero el problema ya nos va a quedar acá en suelo argentino mientras se decida
qué va a pasar”, subrayó.
Y sobre este punto se preguntó también si está prevista “la
capacitación y los recursos” para esa figura del verificador que aparece ahora
como fundamental para el ingreso de los residuos al país.
Junto a colegas de las cátedras de Derecho Ambiental y
Residuos Peligrosos de la Licenciatura, Aramburu - que es profesora de
Toxicología Ambiental – sostuvo entonces que “el decreto es ambiguo” y por eso
podría esconder “una trampa”.
“¿Cuál es el objetivo? Si ya tenemos un problema importante
con nuestros residuos ¿Para qué importar algo que desconocemos?”, enfatizó.
En contrapartida consideró que “lo ideal sería llevar
adelante políticas públicas para el país, desarrollando y favoreciendo ONG’s,
instituciones, facultades, que lleven adelante proyectos de energía renovable,
apostando a una educación fuerte en materia ambiental, y con la separación
diferenciada de los residuos como una medida que se mantenga en el tiempo”.
APF
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