Gobierno negocia con petroleras medidas para impedir masivos despidos en Vaca Muerta
Les ofrece un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, el
descongelamiento de los precios y la eliminación del cepo para enviar divisas
al exterior
Tras el anuncio oficial sobre el envío al Congreso de un
nuevo proyecto de ley de hidrocarburos para crear un marco legislativo que le
brinde seguridad a esta industria, el Gobierno envió nuevas señales a las
empresas petroleras con el objetivo de terminar con la crisis financiera y
laboral que afecta principalmente a la zona de Vaca Muerta.
En la mayor zona de producción de hidrocarburos no
convencionales sobrevuela el fantasma de masivos despidos y suspensiones que
las compañías quieren llevar a cabo y que se encuentran en suspenso hasta el
próximo 28 de enero, luego de haberse dictado la conciliación obligatoria.
Para volver a atraer a las petroleras y, a la vez, lograr la
paz social en una industria hoy convulsionada pero que supo ser ejemplo de
acuerdos entre gremios y empresarios, el presidente Alberto Fernández trabaja
sobre varios ejes.
El primero es cambiar el marco legal vigente por uno nuevo
que, según las autoridades, restablezca la confianza entre los inversores. El
segundo es calmar a los sindicatos evitando los despidos. Y el tercero es
ofrecer a las petroleras medidas concretas.
Por eso es que luego de su reunión del jueves en Casa Rosada
con los máximos ejecutivos de las mayores petroleras del país, el Jefe de
Estado le instruyó a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, avanzar en negociar estrategias de estabilización
con todos los actores de este sector.
Como parte de ese plan, ambos funcionarios mantuvieron este
viernes 17 de enero un encuentro con el senador nacional y principal líder
sindical de los trabajadores petroleros, Guillermo Pereyra.
La cita fue en la sede de Desarrollo Productivo y allí se
acordó que el próximo lunes 20 de enero se sume a las petroleras a otra ronda
de encuentros, esta vez en la sede de Trabajo y bajo el liderazgo del ministro
Moroni.
La mirada oficial pasa por evitar que las petroleras
concreten el despido de casi 2.000 trabajadores en Vaca Muerta mientras en el
Congreso se discute el proyecto que se acaba de enviar para establecer nuevas
reglas de juego en el sector de los combustibles.
Se trata de una estrategia doble que encabezan al mismo
tiempo Moroni y Kulfas por expreso pedido del presidente Alberto Fernández. Por
un lado, el ministro de Desarrollo Productivo explicando a las empresas las
ventajas que la futura ley mediante la generación de mayores inversiones que
permitan incrementar la producción de gas y petróleo y desarrollar una cadena
productiva e impulsar las exportaciones.
Por el otro, el Ministro de Trabajo convenciendo a las
mismas compañías que todos estos beneficios que surgirán a partir de la
aplicación de la nueva norma potenciarán la creación de miles de puestos
laborales.
Y de manera adicional se usó al Banco Central para anunciar
que se levanta el cepo a la remisión de utilidades que pesaba sobre las
operaciones en Vaca Muerta que era uno de los tres reclamos que las provincias
donde se ubica la zona le habían hecho llegar a las nuevas autoridades
nacionales.
Es otra de las señales que al mismo tiempo envió el Gobierno
para dar señales de certeza y seguridad jurídica a las inversiones en Vaca
Muerta. Así surge una comunicación del Central en la que se informa que los
bancos podrán dar acceso al mercado de cambios para girar divisas al exterior
en concepto de utilidades y dividendos a accionistas no residentes sin la
conformidad previa de la entidad oficial.
La medida rige desde hoy viernes 17 de enero y tiene como
condición que la transferencia no supere el 30% del valor de los nuevos aportes
de inversión extranjera directa en empresas residentes ingresados y liquidados
a través del mercado de cambios.
Este anuncio y el proyecto de ley forman parte de la agenda
que el ministro Moroni está delineando sobre los temas a tratar con el sector
empresario el próximo lunes 20 de enero para tratar de llegar a un acuerdo
antes de que finalice la conciliación obligatoria, el 28 de enero.
Como dato adicional, Moroni necesita acordar una paz social
con los gremios para poder encarar las negociaciones con la cadena productiva
en mejores condiciones que las actuales.
En especial, con el sindicato que encabeza el senador
nacional Guillermo Pereyra, que prometía marchas, movilizaciones y hasta un
paro total si se mantenía el fantasma de los despidos en Vaca Muerta.
Con esa premisa, el dirigente sindical mantuvo hace unas
horas un encuentro en las oficinas del ministro Kulfas donde se logró, por el
momento, enfriar el conflicto que prometía paralizar toda la producción a nivel
nacional si el fantasma de unos 2.000 despidos seguía rondando las operaciones
de Vaca Muerta.
De hecho, el propio Pereyra había anticipado que lideraría
una masiva movilización de 20.000 trabajadores petroleros prevista para el
próximo jueves 23 de enero en Neuquén. Y le había pedido a dirigentes políticos
y legisladores nacionales de diversos sectores que se sumen al reclamo y a la
mega asamblea de la semana próxima.
Esa protesta ahora quedó en suspenso para permitir que el
encuentro del lunes próximo con las petroleras se lleve a cabo con un marco de
tranquilidad y buscando potenciar el diálogo a partir del análisis del nuevo
proyecto de ley de hidrocarburos que promueve el Gobierno y que será tratado
por el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.
La iniciativa establece un nuevo marco normativo para el
sector de hidrocarburos, convencionales y no convencionales y, según fuentes
oficiales, se elaboró a partir del diálogo con todos los actores del sector.
La idea es abarcar a los distintos segmentos de la actividad
como son la producción no convencional y la convencional, el off shore y la
recuperación secundaria y terciaria.
Fue anunciado un día después del encuentro que el propio
Alberto Fernández mantuvo ayer por la tarde en la Casa Rosada con los máximos
ejecutivos de las petroleras con inversiones en el país.
En la lista de directivos que concurrieron a la Casa de
Gobierno se encuentran el presidente de YPF, Guillermo Nielsen; Daniel De
Negris y Matías Szapiro de ExxonMobil; Marcos Bulgheroni y Rafael Machin, de
Pan American Energy; Gastón Remy de Vista; Germán Machi y Adrián Vilaplana de
Plus Petrol Argentina, y Carlos Ormachea de Tecpetrol.
También concurrieron Sean Rooney y Verónica Staniscia de
Shell; Eric Dunning y Dante Ramos de Chevron; Carlos Seijo de Total; Mandred
Böckmann y Mariano Cancelo de Wintershall Dea, y Hugo Eurnekian de la Compañía
General de Combustibles.
En el caso del precio de los combustibles, Fernández no
insistió con el congelamiento, como dicen algunas versiones incluso
oficiales. Esto se debe a que si bien el
Presidente les pidió que mantengan por ahora los valores sin cambio pero
también les solicitó que elaboren una propuesta que incluya la necesidad de los
productores y de los refinadores para salir de este cepo parcial.
Es decir, que se pongan a trabajar en una fórmula como las
que ya se usaron en los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri para
encontrar cierta previsibilidad en la evolución de los precios en los
surtidores y en el valor final del barril.
Para las petroleras y para el propio Fernández el tema es
clave a la hora de poder avanzar para resolver el resto de los problemas del
sector, que se evidencian más que nada en las amenazas de despidos masivos y en
una fuerte baja de las inversiones proyectadas para este año.
Por eso, tras la cumbre con las petroleras, el propio Jefe
de Estado anunció el envío del nuevo proyecto de ley al Congreso, aunque con la
salvedad de que no se usó la palabra blindaje para evitar que se lo
circunscriba solamente a Vaca Muerta y no tener que debatir con el resto de las
cuencas petroleras del país.
Se busca además terminar con una crisis que se inició el año
pasado, con varias medidas adoptadas por el anterior gobierno de Cambiemos,
pero que se fue profundizando en estos primeros meses del 2020 debido a la
falta de políticas para la zona que muestra la gestión del Frente de Todos.
Está claro que al Gobierno le interesa desactivar este
conflicto gremial debido a las consecuencias que se podrían derivar de posibles
medidas que adopten los trabajadores afectados.
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