Causa Narcotráfico: El Tribunal Federal consideró que Varisco acordó con Celis sabiendo quién era y qué hacía

El Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) adelantó en la tarde del domingo los fundamentos de la sentencia condenatoria contra el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, y los demás acusados en el juicio que trató las causas “narcoavioneta” y “narcomunicipio”. En la fundamentación de las condenas, los jueces sostuvieron que Varisco “sabía quién era” y las actividades ilícitas que desarrollaba Daniel “Tavi” Celis, pese a lo cual acordó con él para la campaña y luego de su detención. El dinero del Municipio financió la logística del tráfico de cocaína, sostuvo el Tribunal

El TOCF, integrado por los jueces Lilia Carnero; Noemí Berros y Roberto López Arango, falló por unanimidad en las condenas y absoluciones que impuso en el juicio, donde se ventilaron los entretelones de las causas conocidas como “narcoavioneta” (por la detección de un Cessna con 317 kg de marihuana en 2017) y “narcomunicipio” (por el vínculo entre la banda de los hermanos Daniel y Miguel Ángel “Titi” Celis con la campaña y la administración de Cambiemos en la capital provincial).

En un extenso desarrollo, que insumió 511 fojas, el Tribunal consideró probada la existencia de un vínculo de beneficio mutuo entre Varisco (condenado a seis años y seis meses) y “Tavi” Celis (13 años de pena) y las características que tuvo en el tiempo, pasando de ser un entendimiento político para la campaña para la intendencia en 2015, a un pacto de financiación de la logística del tráfico luego de que “Tavi” fuera detenido por un hecho en Diamante durante agosto de 2016.

El voto inicial en el resolutorio fue de Carnero, al que adhirieron sin discrepancias Berros y López Arango. En su desarrollo, la jueza fue dejando sentadas una serie de definiciones en función de la lectura y comprensión de la prueba presente en ambos expedientes y que comprendía documentos, escuchas telefónicas, seguimientos de la Policía Federal (PFA), resultados de allanamientos, prueba informativa de organismos nacionales, pericias químicas y psicológicas así como también declaraciones indagatorias y testimoniales.

En ese esquema, Carnero sostuvo algunas conclusiones determinantes:

- Celis actuó de prestamista en la campaña de Varisco 2015 por la intendencia (no menciona a Cambiemos ni demás cargos en juego: solo al dirigente local). Ese “préstamo”, según un resumen que “Tavi” aportó en el juicio, sumó por varios conceptos $ 1.042.000. A ese monto se añadieron dos ítems: inflación ($ 400.000) e intereses ($ 600.000) para redondear dos millones de pesos.

- El “financista” cae “en desgracia”, señaló, al ser detenido por un robo en Diamante en agosto de 2016. Buscó allí el auxilio de Varisco, del ex concejal Pablo Hernández “y tal vez de (Emanuel) Gainza”, el ex edil del PRO sobreseído en la causa durante la instrucción, razonó la magistrada.

- La decisión de Sergio Varisco de celebrar estos acuerdos electorales y de gestión llevó a la magistrada a entender que, además del financiamiento “normal” de campaña, existió por parte del ex intendente “permisividad y complacencia” con el ingreso de droga a los barrios. Citó en este punto un tramo del testimonio de una militante radical, Liliana Vera, quien dijo que en la campaña “hasta merca repartí”.

- “Deviene entonces inexorable que ya en el Poder Municipal, ingresar al plan criminal de comercialización de estupefacientes de manera organizada, a partir de reperfilar el acuerdo, era un camino anunciado. Así lo decidieron libremente los funcionarios municipales imputados, obstinados en seguir ensamblados a Daniel Celis”, argumentó.

- Asimismo sostuvo que Varisco “conocía perfectamente” a “Tavi” desde 2010 (por la anotación encontrada en su agenda, donde registró ese año el número del capo narco). A pesar de “saber quién era y qué hacía, Varisco celebró el acuerdo político”, resaltó. En otro tramo de su exposición, apuntó que por este entendimiento “además de bolsones, se repartía droga a los votantes”.

- En otro tramo, Carnero apuntó que Celis fue requerido por Varisco y Hernández para lograr un acuerdo que les proporcionó medios, territorio y estructura para la campaña de 2015, pacto que se reperfiló en septiembre de 2017 a fin de reorganizar el comercio de estupefaciente. A partir de ese momento, entendió la magistrada, Varisco se involucró en el plan doloso de Celis, contando para ello con la colaboración de Hernández y Bordeira.

- Varisco, agregó Carnero, predispuso la estructura municipal para que Celis siguiera manejando el comercio de estupefacientes.

- Más adelante señaló que el “sugestivo interés” de Celis de “extrañar” (sacar del caso) a Varisco; Hernández y Bordeira respondía a que “necesitaba protección política y económica”, que podía conseguir por esa vía, ya que el ex intendente había sido nombrado asesor del Concejo Deliberante en diciembre pasado y continuaba “intacto su poder político y la cobertura del partido”, recordó.

- Celis-Varisco-Hernández-Bordeira-Lemos era un acuerdo dinámico que giraba en torno al narcotráfico, no solo un pacto político, detalló.

- Asimimiso, precisó que no obstante la férrea negativa de Varisco a reconocer el acuerdo, la valoración basada en la lógica y las máximas de la experiencia permiten afirmar su participación en la comercialización de estupefacientes. “Actuó tratando de parecer invisible”, describió.

En desgracia

Carnero llevó el desarrollo de menor a mayor, insertando hechos, circunstancias y pruebas en su razonamiento, al que fue complejizando en su estructuración a través del despliegue en las las fojas de la sentencia.

Volvió por eso a la “caída” de Celis en agosto de 2016 y al “quebranto económico” que esto significó. Citó una comunicación de la PFA al Juez Federal Leandro Ríos de mayo de 2017, donde se mencionó la reestructuración de la banda tras la detección de la avioneta con marihuana en Colonia Avellaneda y la detención de 23 integrantes  de la banda, señalando que el continuador de las actividades de “Tavi” y “Titi”, quien también fue detenido en el procedimiento del Cessna, era el hermano de ambos: Eduardo alias “Cholo”.

Una lectura de mensajes intercambiados y de escuchas previos al 5 de septiembre de 2017 le permitieron poner en perspectiva el mensaje que “Tavi” hace a Orundez Ayala ese día, en el que dice: “Por fin una buena, arreglé con el intendente”. “¿Qué arregló?”, se preguntó la magistrada: el contrato de su pareja y “lo mío, lo mío”, es decir los 50 mil pesos por mes hasta que termine la gestión, dinero que serviría para dar “continuidad al negocio ilegal”, subrayó.

Esta inyección de fondos del Municipio a la organización no fue para adquirir cocaína sino para logística, para transporte, pago a “mulas” y alojamientos, entendió Carnero.  La jueza señaló que el financiamiento constante tras el entendimiento de septiembre tuvo dos entregas reconocidas. La primera fue de Hernández a la ex pareja de “Tavi”, Luciana Lemos, el 29 de diciembre de 2017; según él fueron 20 mil pesos, ella anotó 30 mil en el cuaderno. La segunda el 27 de abril de 2018 por la tarde: Bordeira le da a Lemos $ 10 mil y Hernández reconoce $ 20 mil, aunque Lemos registra $ 30 mil. Los 10 mil de diferencia pueden haber provenido “de Varisco o de Gainza”, consideró el Tribunal.

Casi sobre el cierra, resumió que el ex intendente de Paraná, con asistencia de Hernández y Bordeira, proporcionó periódicamente recursos económicos de las arcas municipales, aprovechando el desorden contable, para que la organización de Celis adquiera y comercializara cocaína. Por eso consideró que Varisco fue partícipe necesario: fue quien hizo el primer pacto con Celis (el de la campaña) y el segundo (el de septiembre de 2017) no pudo hacerse sin su intervención, ya que era él (Varisco) quien debía devolver a “Tavi” los aportes a la campaña.

Bordeira y Hernández fueron partícipes secundarios en este  esquema  (recibieron 5 años de condena cada uno), ya que intervinieron en un plan “ajeno” para comercializar narcóticos que hubiera podido concretarse sin ellos y a través de otras personas, pero conociendo las circunstancias, evaluó Carnero. Ellos actuaron como un escudo para proteger la investidura de Varisco, consideró.

La jueza apuntó que a Varisco “por haber sido intendente” le era exigible un “acatamiento irrestricto al orden jurídico” en mayor medida que al hombre medio. Con duras críticas a la defensa política que hicieron los abogados defensores del ex intendente (Rubén Pagliotto y Miguel Cullen), la magistrada indicó que no fue la actividad política del ex mandatario local la que estuvo bajo investigación. Sin embargo, dio cabida al planteo sobre la intervención de la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich (quien habría dicho según los letrados que Varisco fue salpicado en la causa por no inculpar a Hernández y Bordeira) y pidió a Fiscalía que abra una investigación al respecto.

Carnero también dedicó un párrafo a la intervención de Lemos en la causa. Su confesión, que fue presentada inicialmente por la Fiscalía como la de un testigo arrepentido pero terminó incorporada como una declaración indagatoria, permitió, según dijo la jueza “desentrañar los laberintos de los hechos de comercialización” y resultaron “de gran utilidad”. Además, para imponerle la pena de 4 años que recibió, se computó “la constancia y valentía con que asumió el proceso.