El Superior Tribunal de Justicia recomendó que se analice la situación de los detenidos en grupos de riesgo por el coronavirus
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió recomendar a
los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Jueces del fuero
penal que extremen los recaudos y den
trámite preferente a los casos en que los imputados privados de su libertad se encuentren
en grupos de riesgo y/o con posibilidades de acceder a beneficios o
alternativas al cumplimiento de prisión en establecimiento penitenciario. Los
integrantes del Cuerpo resaltan que sea
siempre que se trate de los casos previstos legalmente y que conlleven
un egreso definitivo de dichos establecimientos evitando de esa manera la
circulación de personas y con ello, el posible contagio del virus COVID- 19.-
La recomendación firmada esta mañana por el presidente del
STJ Martín Carbonell, Susana Medina y Miguel Giorgio, según se informó a
7Paginas, fue adoptada luego de que
Alejandro Cánepa, Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones,
confirmara el rechazo del habeas corpus en primera instancia dictaminado por el
juez de garantías Mauricio Mayer,
conforme el procedimiento de consulta establecido en el artículo 35 de
la Ley de Procedimientos Constitucionales un caso de habeas corpus presentado
por Rueda Felipe Andrés y otros en internos de la Unidad Penal Nº 1 de
Paraná, y elevara las actuaciones a los
fines de poner en conocimiento al Superior Tribunal de la situación allí
resueltas.
En los considerados de la resolución, el STJ señaló que “el habeas corpus fue entablado por los
internos en atención a que muchos de ellos se encontraban pasados en tiempo desde el encuadramiento
para el usufructo de regímenes de salidas transitorias y libertades
condicionales o asistidas en oportunidad de producirse la suspensión de plazos
judiciales en virtud de la pandemia de COVID- 19; y agregaron además a su
reclamo la situación respecto de la adopción de medidas de higiene dentro del
establecimiento carcelario y de comida”.
Asimismo mismo, los integrantes del Alto Cuerpo entendieron
que “lo referido en el marco de las actuaciones administrativas en el contexto
de huelga de hambre llevada a cabo en el mes de marzo no puede soslayarse la
preocupación de quienes se encuentran privados de su libertad, como el de la
sociedad toda, ante la posibilidad de contagio de COVID- 19 y máxime en el
panorama de hacinamiento que actualmente se observa en las Unidades Penales”.
Carbonell, Medina y Giorgio entendieron que “ así no queda
menos que instar a nuestros jueces de ejecución de pena a priorizar los
trámites de los internos que se encuentren en condiciones de acceder a los
beneficios previstos en la Ley 24660, siempre que se cumplan los requisitos
previstos en la misma, pudiendo instar a los equipos técnicos de los organismos
como así también a los del servicio penitenciario para dar así completitud al
trámite logrando así, y en los casos posibles el egreso de quienes se
encuentren en dichas condiciones o auspiciar alguna otra salida alternativa”.
La sugerencia del STJ, es también para los jueces penales de
distintas instancias que tengan a su cargo trámites relacionados con personas
privadas de su libertad para observar, siempre que el caso lo amerite, la posibilidad
de medidas alternativas a la prisión efectiva en establecimientos
penitenciarios.
También hicieron hincapié considerar especialmente los casos de los internos que
se encuentren en grupo de riesgo a los fines de atender sus dolencias o
analizar medidas alternativas a su encierro; todo ello teniendo en cuenta los
problemas de superpoblación y hacinamiento en los establecimientos
penitenciarios en este especial contexto sanitario.
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