Corrupción: menos del uno por ciento de los investigados son condenados en Comodoro Py
Jueces, consejeros y juristas coincidieron en que la
Justicia Penal está lejos de los estándares de funcionamiento que debería
tener. Ya sea por falencias de sus protagonistas o por problemas sistémicos.
Como si fuera la boca ancha de un embudo, Comodoro Py
investiga cientos de causas por corrupción, como parte de la llamada
“politización” de la Justicia. Sin embargo, sobreseimientos, faltas de mérito,
archivos y prescripciones hacen más angosto el camino para llegar hasta un
juicio oral. Y si se trata de condenas, podría decirse que hace falta, todavía,
superar varios filtros, como los recursos y las revisiones.
Solamente el dos por ciento de los investigados por delitos
vinculados a la corrupción llegan a juicio oral, según una auditoría del
Consejo de la Magistratura. Si llegar al juicio es una excepción, las condenas
con prisión efectiva son un milagro: sobre ese porcentaje, apenas uno de cada
tres acusados es sentenciado culpable, una cifra atenuada, además, porque una buena
parte ya acumula años de prisión preventiva. En definitiva, menos del uno por
ciento de los investigados por corrupción es condenado, consignó el diario La
Nación.
La excarcelación de Lázaro Báez, que permaneció detenido
durante más de cuatro años bajo prisión preventiva, volvió a exponer estas
falencias. La Justicia no logró dictarle una sentencia en 51 meses pese a que
acumula causas por asociación ilícita, lavado de dinero y hasta por evasión
impositiva, incluso cuando la mayor parte de las investigaciones contra el
empresario transcurrieron con el kirchnerismo fuera de la Casa Rosada.
Las estadísticas son contundentes: lo que ocurrió esta
semana con las investigaciones que involucran a Lázaro Báez – a punto de ser
liberado- no es un caso aislado. Jueces, consejeros y juristas coincidieron
-ante la consulta del diario La Nación- en que la Justicia Penal está lejos de
los estándares de funcionamiento que debería tener. Ya sea por falencias de sus
protagonistas o por problemas sistémicos.
Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal,
enumera algunos de los factores que afectan la celeridad de los procesos dentro
de tribunales: un Código Penal que se aprobó hace un siglo, las numerosas
vacantes en los juzgados y un sistema que promueve vericuetos legales, entre
otros.
“Estas cuestiones son fundamentales para darle celeridad a
la Justicia (pues se abrevian los plazos), transparencia y equidad en la
distribución del poder entre jueces y fiscales, como así también plena
autonomía a estos últimos”, sostiene el camarista, uno de los autores del
proyecto de Código Penal que está pendiente de tratarse por el Senado.
El juez Daniel Rafecas, candidato a procurador general,
resumió ante La Nación las problemáticas más sistémicas: “Es muy difícil
avanzar con un modelo procesal del siglo XIX, lento, inquisitivo, escrito y
plagado de recursos que dilatan los tiempos. Hoy en día, las defensas pueden
recurrir casi todo lo que decide un juez instructor, primero ante la Cámara,
luego a la Casación y a veces hasta en la Corte Suprema”.
Darle celeridad a la Justicia es también uno de los
postulados de los referentes del oficialismo, que impulsaría -junto con la
reforma judicial- la implementación del nuevo Código Procesal, que les entrega
la llave de las investigaciones a los fiscales, pero que también incentiva
procedimientos de flagrancia para otros delitos y, así, se puedan destinar más
recursos a las causas complejas.
“Hay que acelerar los juicios y habrá que considerar si el
régimen del [nuevo] Código Procesal acusatorio puede ayudar. Ahora bien, hay
que señalar que en los tribunales orales hay un altísimo número de vacantes, un
problema que debe considerarse en la próxima reforma judicial. Los jueces están
subrogando en dos o tres juicios complejísimos a la vez. Están al límite”,
señaló Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura.
Aunque no existe estadística oficial sobre los plazos
promedio de las investigaciones por corrupción, la auditoría del Consejo -que
analizó 20 años de Comodoro Py- detectó una docena de causas complejas que
llevaban más de 15 años en trámite y que aún no se resolvieron. El nuevo Código
Procesal, que ya se implementó en algunas provincias, pero que todavía no llegó
a la ciudad de Buenos Aires, tiene previsto un plazo de seis años para la
instrucción de delitos complejos como éstos.
La auditoría del Consejo detalló en 2018 que el motivo de
las demoras se debe principalmente al letargo de los expedientes en varios
juzgados, que permitieron trámites de expedientes por más de diez años. El
informe oficial -de más de 400 páginas- expuso las demoras de jueces federales
como Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide (ya renunciado), Luis Rodríguez
y Ariel Lijo.
Marcelo Galle Tagle, presidente de la Asociación de
Magistrados, señaló, justamente, el tiempo que se toma en la primera etapa como
una de las falencias de la Justicia Penal: “Seguimos con la idea de que la
investigación debe reunir las pruebas con un grado de certeza casi como el de
la sentencia y no es así. La prueba definitiva es la del juicio”.
“Cajoneo”
Buena parte de las soluciones planteadas por los
especialistas están en manos del Gobierno. Apenas desembarcó en la Casa Rosada,
Alberto Fernández ordenó retirar casi 200 pliegos de jueces pendientes de
aprobar por el Senado, un número vital para bajar la cantidad de vacantes.
Sobre otro de los reclamos para lograr mayor celeridad, la intención del
Gobierno mediante la reforma judicial es licuar el poder de los jueces de
instrucción de Comodoro Py, los más apuntados por las demoras.
El jurista Roberto Gargarella aportó una mirada más realista
sobre los problemas que acechan a Comodoro Py. “Más allá de las obvias
ineficiencias y los largos procesos judiciales que la imparcialidad exige, las
demoras en los casos sensibles políticamente se deben a otras cuestiones. Son
decisiones conscientes por parte de los jueces, que “cajonean” o aceleran
expedientes sensibles, conforme al propio interés”, afirmó ante la consulta del
diario La Nación.
“De modo muy habitual, los jueces celebran recibir tal tipo
de casos, que sirven como 'moneda de cambio' frente al poder político y
económico. Ya no importa, entonces, la sustancia del caso, sino lo que puede
obtenerse a través del mismo y su intercambio: protección sobre el propio
puesto; un modo de amenaza extorsiva al poder, frente a amenazas posibles; o
beneficios no públicos, de cualquier otro tipo”, sentenció Gargarella.
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