Kueider tiene una propuesta alternativa para la reforma judicial
El legislador recogió gran parte de las críticas que han
realizado los operadores judiciales y presentó un proyecto alternativo al
oficial, mediante el cual pretende adecuar el funcionamiento de la justicia
federal penal entrerriana a los requerimientos que exige el sistema acusatorio.
El senador Edgardo Kueider presentó un proyecto alternativo
para la reforma de la justicia federal penal en la provincia en el que propone
reconvertir los cargos que se crearán teniendo en cuenta la inminente
implementación del sistema acusatorio.
La iniciativa, a la que accedió Página Judicial, contempla
un fortalecimiento de la justicia federal penal pero suprimir la creación de
nuevos juzgados federales en Paraná, Victoria y Gualeguaychú –previstos en el
proyecto oficial– y, en cambio, propone sumar nuevos cargos de fiscales y
defensores.
La reforma judicial busca su destino en el debate parlamentario.
Si bien existe unanimidad sobre la necesidad de recomponer un sistema que ha
sido deteriorado desde sus cimientos, el proyecto oficial genera dudas sobre la
nueva organización que se pretende dar a la justicia federal penal, sobre todo
en el interior del país.
Claves de cómo repercute la reforma judicial en Entre Ríos
Redacción de Página Política 06 Ago, 2020
El proyecto de Kueider, en el que también trabajó la
diputada Carolina Gaillard, recoge gran parte de las críticas que han realizado
los operadores judiciales –magistrados y funcionarios judiciales, abogados y
dirigentes entrerrianos–, algunos en forma pública y otros en off the record, y
pretende adecuar el funcionamiento a los requerimientos que exige el sistema
acusatorio. En el nuevo esquema la investigación de los delitos quedará a cargo
del Ministerio Público Fiscal y el juez deberá garantizar el cumplimiento de la
ley durante el procedimiento penal, además de controlar que se respeten las
garantías constitucionales.
Por lo tanto, Kueider, y la gran mayoría de los juristas y
operadores judiciales, desaconseja la creación de nuevos juzgados y propone
reconvertir esos cargos para el fortalecimiento de la estructura de las
fiscalías, que tendrán un rol más activo en las investigaciones penales, y
defensorías.
Concretamente, prevé mantener la estructura de los juzgados
federales de Paraná, Victoria, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, en lugar
de agregar nuevas estructuras. Pero el Juzgado Federal Número 1 de Paraná, que
actualmente tiene dos secretarías penales, una secretaría de derechos humanos y
la secretaría electoral, sumaría una nueva secretaría penal en materia
ambiental.
También se prevé la creación de una defensoría penal de
primera instancia en Paraná; y se mantienen las cuatro fiscalías que
actualmente tiene la jurisdicción.
Propone sí se insta la creación de un segundo juzgado en
Concordia –que tendrá jurisdicción en los departamentos Concordia, San
Salvador, Federación, Federal y Feliciano–, considerando que tiene una
estratégica ubicación y competencia durante un amplio tramo del corredor de la
ex Ruta Nacional 14, ya que le compete la investigación de delitos de
narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de activos y delitos
aduaneros, por ejemplo. Para garantizar un servicio de justicia eficaz se
plantea, además, la creación de dos nuevas fiscalías con competencia penal y
dos defensorías, lo que daría un total de tres en cada caso para la
jurisdicción.
En el proyecto de Kueider también se prevé la creación de
una nueva fiscalía con competencia penal y jurisdicción en toda la provincia,
asentada en Concepción del Uruguay, y una defensoría con jurisdicción en todo
el territorio entrerriano.
El proyecto, además, insta al Consejo de la Magistratura, a
la Procuración General y a la Defensoría General a llamar a concurso para
cubrir los cargos dentro de los diez días posteriores a la entrada en vigencia
de la ley; las ternas deberán ser remitidas al Poder Ejecutivo en un plazo
máximo de nueve meses desde la convocatoria del concurso y el Presidente tendrá
diez días para enviar los pliegos al Senado.
Por su parte, los aspirantes, antes de asumir el cargo,
deberán demostrar que hicieron la capacitación obligatoria en la temática de
género y violencia contra las mujeres que se establece para los funcionarios de
los tres poderes en la Ley Micaela. Si no hubieran realizado ese curso, deberán
firmar una declaración jurada comprometiéndose a hacerlo en un plazo
improrrogable de treinta días.
Juan Cruz Varela, para Página Judicial
No hay comentarios.