Ante el anuncio de medidas gremiales, abogados piden que se garantice el servicio de justicia
Ante las medidas de Acción Directa anunciadas por la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos exhorta a las autoridades provinciales a garantizar el esencial servicio de justicia en el territorio entrerriano.
Desde el CAER entienden que asegurar la tutela judicial
continua y efectiva, así como el acceso irrestricto a la justicia, según marca
el art. 65 Constitución de Entre Ríos, son principios fundamentales de nuestra
sociedad democrática y constitucional.
La preocupación de todos los matriculados de la provincia
surge a partir del Plenario de AJER realizado el viernes pasado, en el que se
decidió profundizar las medidas de acción directa estableciendo, para lo que
queda del mes de abril, retenciones de servicios y dos jornadas de paro total,
con quite de colaboración
Los principios de acceso a la justicia y la tutela se llevan
a la práctica a través de la petición de justicia que realizan las personas
ante los jueces (art. 65 Constitución de Entre Ríos, el art. 18 de la Constitución
Nacional y los arts. 25 y 81 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos.
(CADH), como también que los actos y decisiones judiciales deben realizarse en
tiempo razonable, sin retardos ni dilaciones indebidas, tal como lo marca el
art. 65, 2° párrafo, de la constitución
provincial.
Desde el Colegio de la Abogacía remarcan que estas medidas
sin dudas afectarán el normal servicio de justicia en la provincia. En el marco
de la actual situación económica y sanitaria, las autoridades del CAER reconocen
que los trabajadores judiciales han visto congelados sus salarios desde hace
más de un año, comprendiendo que el ejercicio del derecho de huelga por
garantía de justa distribución es un derecho de constitucional, pero sin omitir
la defensa del derecho a trabajar de las abogadas y los abogados entrerrianos,
ni de los ciudadanos de acceder a la justicia para peticionar la tutela de sus
derechos, que también son garantías constitucionales de igual rango.
Por otro lado, y en relación a la publicación de AJER, el
CAER acompaña y hace propia la petición de proscribir la violencia laboral en
los tribunales provinciales que ha realizado AJER. Las autoridades deben
extremar la prevención de tales conductas que no solo hace a la dignidad de las
trabajadoras y los trabajadores judiciales, sino también a todo el servicio de
justicia entrerriano.
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