Piaggio: “Es un triunfo enorme de la comunidad de Gualeguaychú, de la vida y el ambiente”
El fallo conocido este viernes pone punto final al proyecto Amarras y en los próximos 180 días se deberá desmantelar todo lo edificado y restaurar lo afectado sobre la costa del río.
“Pasó más de una década, cargada de organización, de
reclamos, de medidas judiciales, de acusaciones y de todo tipo de argumentos.
La sociedad civil organizada, ONGs y profesionales de la ciudad asumieron este
enorme compromiso con el cuidado del ambiente y la vida, han dedicado mucho
tiempo y recursos para llegar hasta esta instancia definitiva. En 2015 llegamos
al gobierno convencidos de lo que teníamos que hacer. De hecho, el segundo día
de mi gestión tuvimos la primera reunión con las organizaciones ambientalistas
y grupos de personas autoconvocadas, para acompañarlos y delinear acciones en
conjunto”, expresó el intendente Dr. Esteban Martín Piaggio, tras conocerse el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ratifica su
posición sobre el tema: la firma Altos de Unzué deberá desmantelar el complejo
inmobiliario desarrollado sobre el río Gualeguaychú.
Era la última instancia judicial que Altos de Unzué y la
Municipalidad de Pueblo General Belgrano tenían. Hoy, tras este fallo, el
proyecto Amarras es caso juzgado. Lo que configura un hito en la historia
argentina, y también un ejemplo mundial, en la defensa del ambiente, de
nuestros recursos naturales, de la salud y de la vida.
“El conflicto fue muy largo, creo que eso merece el doble de
reconocimiento a quienes trabajaron en defensa de nuestro río y de nuestro
futuro”, expresó Piaggio, al referirse al proceso que se inició allá por el
2012, cuando comenzaron los desmontes, las quemas y el pedido al Municipio de
Pueblo Belgrano para ampliar el ejido municipal.
Ante esta situación la sociedad civil y el Municipio de
Gualeguaychú empezaron a realizar pedidos de información sobre el mega
emprendimiento. En 2015, el gobierno provincial emitió un Certificado de
Aptitud Ambiental al proyecto, a condición de cumplir cuatro requisitos: un
plan de contingencia para inundaciones; uno para el tratamiento de residuos;
otro de provisión de agua y, el cuarto, para el tratamiento de efluentes.
El Municipio de Gualeguaychú interpuso un recurso de apelación
jerárquico y solicitó el cese de la obra. Ese mismo año, el abogado Julio Majul
presentó una acción colectiva de amparo ambiental en ese mismo sentido, al cual
adhirieron luego varias organizaciones ambientalistas y las firmas de más de 2
mil vecinos y vecinas de la ciudad.
Luego vinieron los fallos contra el emprendimiento de la
Justicia de Gualeguaychú y los reveses del Superior Tribunal de Justicia (STJ)
de Entre Ríos, que rechazó los recursos presentados por Majul, habilitando, de
esta manera, el recurso de queja presentado, finalmente, en la Corte Suprema.
En paralelo al expediente judicial tramitaba el expediente
administrativo, donde la Municipalidad de Gualeguaychú propuso a la Universidad
Nacional de La Plata para realizar los estudios de impacto ambiental. Los
resultados de los mimos fueron contundentes: “alto impacto negativo al factor
ambiental”.
En paralelo al expediente judicial tramitaba el expediente
administrativo, donde la Municipalidad de Gualeguaychú propuso a la Universidad
Nacional de La Plata para realizar los estudios de impacto ambiental. Los
resultados de los mimos fueron contundentes: “alto impacto negativo al factor
ambiental”.
En julio de 2019, la Corte Suprema revocó el fallo del STJ e
indicó que dicte uno nuevo ajustado a derecho, destacando la importancia del
cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales, como también el
derecho a vivir en un ambiente sano. Además, se resaltaron dos principios de
precaución y prevención a favor de los recursos naturales: “in dubio pro
natura” e “in dubio pro aqua”, es decir, priorizar la defensa de la naturaleza
y el agua en caso de duda.
La Justicia entrerriana dispuso la “demolición y desmantelamiento”
de Amarras y se ordenó “dejar la zona en su estado anterior”. De todas formas,
Altos de Unzué y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano volvieron a
recurrir a la CSJ, agotando la última instancia judicial posible para este
conflicto. El fallo conocido este viernes pone punto final al mismo y en los
próximos 180 días se deberá desmantelar todo lo edificado y restaurar lo
afectado sobre la costa del río.
Radio Maxima
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