Un juicio histórico que sentó en el banquillo a una gestión de gobierno
Pasadas 16 jornadas del juicio en el que se trata de dirimir la responsabilidad de un ex gobernador y ex funcionarios de sus gestiones, la hipótesis que Fiscalía pretende demostrar aún no cobró el volumen que los acusadores prometían en las instancias previas al debate. El refrán popular sostiene que “en la cancha se ven los pingos”. La voluntad del Poder Judicial de llevar adelante el debate en pleno proceso electoral y en pandemia. Una fiscal ¿en apuros? ante un posible jury.
La sociedad entrerriana no sigue las instancias del debate
que se sustancia contra el exgobernador Sergio Urribarri y ex funcionarios de
sus gestiones y particulares, por presuntos delitos contra la Administración
Pública, con el interés que tan importante proceso requeriría. Que la noticia
que hegemonizaron en las últimas semanas los medios de todo el país, incluidos
los entrerrianos, haya sido, y siga siendo en virtud de los últimos resonantes
acontecimientos, el affaire Wanda-Mauro, es una muestra de aquel desinterés. En
el mismo sentido, y para no cargar las tintas sobre la mediática pareja, se
inscriben las noticias deportivas relacionadas con AFA, Chiqui Tapia, Boca
Juniors y River Plate, y las clásicas policiales.
Aquel desinterés tiene consecuencias políticas. Las tiene
porque quien está sentado en el banquillo de los acusados es un exgobernador
que representó con mucho compromiso un proyecto político que durante 12 años le
impuso a la dinámica política una impronta distinta a las que determinaron el
devenir nacional en las primeras décadas tras la recuperación de la democracia.
No es casualidad que importantes referentes del peronismo-kirchnerista o
peronismo a secas, hayan transitado o estén atravesando procesos judiciales
similares e instruidos con equivalentes metodología. En este sentido, es
importante que los ciudadanos se interesen y sepan qué se ventila en un proceso
que además de consecuencias jurídicas, tendrá consecuencias políticas. Y las
tendrá porque condiciona el escenario político, más aún cuando se está en medio
de un proceso electoral de medio término al que la dinámica política dotó de
inusual importancia, tratándose de una elección legislativa de medio término.
Transparencia
La transparencia de los actos de gobierno comprende a todos
los poderes del Estado. Un expediente licitatorio, un decreto o un contrato de
obras o servicios lo son y comprenden a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Un
Acuerdo, una sentencia o un debate también lo son y comprenden al Poder
Judicial. Por eso sorprendió la inesperada propuesta del presidente del
Tribunal de Juicio, José María Chemez, para que, por una pretendida “medida
saludable” tendiente a preservar que los testigos que aún no declararon no
tengan conocimiento de lo vertido por los testigos que los antecedieron, se
dejara de transmitir el debate de cara a la sociedad.
La propuesta sorprendió porque lo que se está tratando de
determinar son supuestos actos contra el erario público. Sorprendió porque en
el mismo sentido se podría considerar el trabajo de los medios, que vienen
informando sobre los pormenores del debate. En este sentido es destacable que
la sociedad tiene a su disposición una amplia variedad de abordajes del juicio,
cada uno con su impronta, estilo y decisión ética de privilegiar qué es lo
importante de lo aleatorio. No obstante estas consideraciones, es vital para la
salud de las instituciones, que la sociedad pueda observar por sí misma el
trabajo de los funcionarios. Así como son juzgados, en los medios y en los
estrados judiciales, los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo,
también es saludable poder observar y evaluar los resultados del trabajo de los
funcionarios judiciales.
Soplo
Desde la primera afirmación de los fiscales respecto a que
iban a demostrar con pruebas los cinco hechos endilgados a los 15 imputados, de
los cuales uno falleció y otro, en una medida muy cuestionada por las defensas,
será juzgado en otro debate sin que se haya tomado el recaudo de separar los
hechos y pruebas que se le imputaron, han pasado más de una decena de testigos
cuyos testimonios no se correspondieron con aquella promesa. Hasta el jueves 4
aquella proposición no encontró eco en la prueba documental ni testimonial.
Sólo el testimonio de la actual directora de la Dirección Provincial de
Vialidad y ex secretaria de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alicia
María Benítez, tal como informó EL DIARIO en su edición del viernes 5, le dio
un soplo de vida a la acusación. Benítez, que está imputada en otro proceso
vinculado a las obras que se realizaron en el contexto de la Cumbre de
Presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, declaró
que Urribarri le manifestó que había que hacer la Cumbre en Paraná porque
quería ser elegido candidato, sin que le especificase el cargo. Hasta aquel
jueves, la orfandad probatoria era notoria.
¿Rumores?
Los fiscales no sólo tienen que lidiar con la prueba y siete
atentos defensores, sino que cargan sobre sus espaldas con los fuertes rumores
que indicarían que la procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción,
Cecilia Goyeneche, podría ser pasible de un jury. Fuentes judiciales y legislativas
indicaron a EL DIARIO que la balanza que antes se inclinaba por no sentar a la
funcionaria en el banquillo de los acusados, ahora habría inclinado el fiel en
sentido contrario. En este sentido, los votos dentro del Consejo de la
Magistratura para que Goyeneche se defienda de los cargos por mal desempeño de
sus funciones habrían trocado de 2-5 a 5-2.
No pocos observadores de la dinámica político-judicial
manifestaron que Goyeneche no despliega en el debate la energía que la
caracterizó e hizo que llegara a ser la segunda en la Procuración. En este
sentido, señalaron que haber negado en una audiencia oral y pública tener una
relación económica a través de un fideicomiso inmobiliario con un imputado en
la causa conocida como Contratos en la Legislatura, no sólo la debilita a ella,
sino que las reverberaciones alcanzan al organismo en general. El dato que le
da contexto a aquella situación es que Goyeneche negó a viva voz la relación
delante de la jueza Carolina Castagno, que integra el tribunal que juzga los
hechos ventilados en esta audiencia.
Voluntad
La voluntad de llevar adelante el debate en medio de la
pandemia por el Covid 19 fue motivo de intensas argumentaciones, tanto en los
estrados judiciales como en los medios. Esta complejidad se sumó a las
señaladas respecto del contexto político. En la previa al debate y en el mismo
juicio se debatió sobre la conveniencia de concretarlo, incluso observando las
recomendaciones del área de Salud Ocupacional del Poder Judicial. Las defensas
aludieron una supuesta vulneración del derecho de defensa ante la imposibilidad
de tener una fluida comunicación con sus representados. Fiscalía sostuvo que no
se afectaba aquel derecho y le confirieron a la solicitud un ulterior fin
dilatorio. En rigor de verdad, el debate se postergó en cuatro oportunidades.
El Tribunal, que preside Chemez, resolvió hacer lugar al
pedido de los Fiscales. Un desagregado. De diez objeciones que se formulan
durante el debate, el Tribunal resuelve ocho de acuerdo a la solicitud de los fiscales.
En aquel contexto de discusión de las condiciones de realización del juicio, la
propuesta de sugerir suspender la trasmisión por el canal de YouTube del STJ
generó una contradicción con la aplicación de las medidas de seguridad. Las
partes debatieron arduamente sobre el aforo en una sala que no tiene las
condiciones de ventilación necesarias. Por esto, la propuesta de permitir el
ingreso de la prensa al Palacio de Tribunales, cerrado para quien no tuviera
que ver con un proceso o trámite, sonó contradictoria. Más aún en el contexto
de una firme demanda de los abogados que ejercen la profesión liberal para que
se abriera el Palacio de Tribunales.
Relaciones peligrosas
Si bien la orfandad probatoria, por lo menos a esta altura
del juicio, es innegable, la acusación tendría un punto sobre el que sostener
su hipótesis. Se trata de la relación familiar que une a Urribarri con el
imputado Juan Pablo Aguilera. La acusación, como en la causa que sentó en el
banquillo de los acusados al ex intendente de Crespo, Ariel Robles, y dos
funcionarios de su gestión, que terminaron absueltos por unanimidad en una
insólita causa en la que se criminalizó la asistencia social, ha demostrado un
desinterés por entender los caminos por los que transita la política y las relaciones
que la sostienen. Así, éstas son sospechosas por su propia naturaleza.
Aquella naturalización de las sospechas sobre las relaciones
familiares en el ámbito de lo político, sea legislativo o ejecutivo, parecería
que no comprende a los funcionarios judiciales. Mucho se habla de la Familia
Judicial. Esta pieza sería limitada si se quiere dar cuenta de aquellas
relaciones. No obstante algunas, vinculadas con tan trascendente debate,
ayudarían a comprender por qué en algunos casos son “sospechosas” y en otros
no. Chemez es pareja de la hermana de una vocal de la Cámara de Casación Penal
de Paraná, nada menos que la última instancia de revisión de las decisiones de
Tribunales inferiores, previa a la Sala Penal del Superior Tribunal de
Justicia. El bioingeniero y perito que declarará la semana entrante respecto de
prueba informática, Guillermo Fritz, habría ingresado al Poder Judicial por la
relación de amistad que uniría a su pareja con la procuradora general adjunta.
Nada indicaría que los mencionados en estas dos relaciones no cumplirían con
los deberes que las normas les imponen. Sin embargo, no recaen sobre sus actos
ninguna “sospecha”. Esta naturalización de las relaciones familiares y sociales
debería ser pareja para todos. Allí se empezaría a transitar el camino hacia
instituciones que cumplan con el objetivo para el que fueron creadas.
Fuente: El Diario
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