ARDE TROYA: Denunciaron penalmente al Senador Armando Gay y a tres vocales del Superior Tribunal de Justicia
La procuradora adjunta, suspendida en su cargo y sometida a un jury, denunció a quienes votaron la apertura de un proceso en su contra. Los motivos son variados, pero se enmarcan en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Los enfrentamientos hacia el interior de los tribunales no
son nuevos. Esta vez, el disparador fue el proceso abierto contra la
procuradora adjunta Cecilia Goyeneche y ha generado una situación de máxima
tensión que no colabora con la deteriorada imagen del Poder Judicial entrerriano.
Goyeneche dio un paso más en ese enfrentamiento y denunció
penalmente a Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, los tres
vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que votaron la apertura de un
proceso en su contra por mal desempeño, falta de idoneidad moral e
incumplimiento de los deberes a su cargo, por su actuación en la causa donde se
investigan los contratos truchos en la Legislatura.
La denuncia se extiende a la abogada Sonia Rondoni y al
senador Armando Gay, los otros integrantes el Jurado de Enjuiciamiento que
dispusieron el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el proceso contra
la procuradora adjunta; y también al abogado Gastón Justet, que aceptó asumir
como fiscal ad-hoc en el jury.
Los motivos de la denuncia son amplios y variados, pero se
resumen en una serie de actos dispuestos por el Jurado de Enjuiciamiento que, a
su criterio, se enmarcan en el delito de abuso de autoridad y violación de los
deberes de funcionario público, según la reconstrucción que hizo el periodista
Juan Cruz Varela en el portal Página Judicial.
La estrategia ya había sido adelantada por el procurador
general, Jorge Amílcar Luciano García, tras la apertura del proceso contra
Goyeneche, su suspensión en el cargo y el apartamiento del conocimiento de la
causa de la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y su
reemplazo por un fiscal ad-hoc, aludiendo a la gravedad institucional que todo
eso implicaba.
García dijo entonces que el jury “carece de potestad de
desplazar a un órgano esencial de la estructura del enjuiciamiento constitucional,
y menos aún de tomar decisiones que usurpan la competencia legislativa para
modificar a puro arbitrio discrecional” la ley que organiza el funcionamiento
del Jurado de Enjuiciamiento, y adelantó que los integrantes del jury habrían
cometido un abuso de autoridad al dictar una resolución contraria a las
constituciones o leyes nacionales o provinciales.
Esa es la figura escogida por Goyeneche en la denuncia que
presentó el 31 de diciembre, a título personal y con el patrocinio de Enrique
Pita, que la representa en el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento. Esta
vez, García no le puso la firma, aunque nadie arriesga que haya segundas
intenciones en ello.
De hecho, Goyeneche había iniciado su propio derrotero
judicial el 29 de diciembre con la presentación de un recurso de amparo ante la
jueza María Andrea Pereyra, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial.
Planteó tres cuestiones, principalmente: la apertura de un jury, “en flagrante
violación a las garantías constitucionales de legalidad de los actos públicos y
división de poderes –en su aspecto de independencia judicial– y estabilidad en
el ejercicio del cargo”; la suspensión en su cargo mientras dure el proceso,
con el consecuente descuento del 30 por ciento del sueldo; y la decisión del Jurado
de Enjuiciamiento de separar del conocimiento de la causa a la totalidad de los
integrantes del Ministerio Público Fiscal. El asunto quedó ahora en manos de
los jueces de feria, José Antonio Reviriego o Elena Albornoz, que lo sucederá a
partir del 15 de enero, luego de que el STJ revocara la resolución de la jueza
Pereya para que el asunto sea tratado por conjueces.
Goyeneche ya había planteado que la decisión de apartar al
Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el jury emula a las “comisiones
especiales” creadas durante la dictadura para someter a los opositores a
juicios “al margen de todo derecho”.
Pero al día siguiente, el 30 de diciembre, mientras la jueza
Pereyra ensayaba su excusación invocando un artículo de la Ley de Procedimientos
Constitucionales que establece taxativamente que los magistrados deberán
apartarse en los procesos de amparo cuando tengan que resolver “acciones
interpuestas por otros magistrados o funcionarios pertenecientes al Poder
Judicial”, se produjo un hecho que aceleró una decisión que Goyeneche ya tenía
tomada: el Jurado de Enjuiciamiento dispuso la suspensión de los plazos
procesales y todo trámite en el jury a raíz del “inminente vencimiento de los
mandatos de los actuales jurados titulares y suplentes”.
La denuncia que se formalizó el 31 de diciembre es contra
los jurados que votaron por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal del
proceso, pero también apunta directamente contra el presidente del Jurado de
Enjuiciamiento, Martín Carbonell, por la decisión de suspender los plazos
procesales (permitiría extender la tramitación del proceso más allá de los seis
meses que establece la ley); y se extiende al abogado Gastón Justet, que aceptó
intervenir como fiscal ad-hoc, igualmente por abuso de autoridad, en su caso
por haber aceptado un cargo para el cual no cumple con los requisitos legales.
La denuncia se presentó antes de la feria, pero en un día
inhábil. La recibió inicialmente la fiscal auxiliar María de las Mercedes Nin.
Pero no será ella quien lleve adelante la investigación. No podría hacerlo. Si
bien todavía no se le ha dado curso ni se dispusieron medidas –los denunciados
no han sido notificados, por ejemplo–, la decisión del procurador es que quien
continúe con el legajo sea un fiscal coordinador. Tiene esa facultad. Pero todo
se develará a partir del 1 de febrero, cuando se retome la actividad judicial
después de la feria.
Mientras tanto, la comunidad política está atenta a nuevas
posibles formas de embates judiciales; por el momento observan los
acontecimientos como un espectáculo ajeno a capitalizar y, más allá del
regodeo, algunos funcionarios imaginan que este escenario permitirá resetear el
vínculo con el Poder Judicial. ¿Cambiará algo? Es posible.
Concordia al Dia
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